La creciente complejidad del mercado del alquiler ha convertido la compraventa de viviendas arrendadas en una operación que exige tener en cuenta numerosos factores. Los cambios en la normativa, las dificultades de acceso a la vivienda y la diversidad de situaciones contractuales han aumentado las dudas tanto entre propietarios como entre inquilinos. En este escenario, conocer las condiciones jurídicas del inmueble resulta fundamental para evitar sorpresas una vez formalizada la compra

Pero, ¿qué lleva a un propietario a poner a la venta una vivienda que tiene alquilada? Las razones pueden ser económicas o personales. Hay quienes necesitan liquidez, quienes consideran que el arrendamiento ha dejado de resultarles rentable y quienes deciden vender por un cambio en sus circunstancias familiares. “Es un tipo de venta que hace años no se daba”, explica Nuria Uribarri, de L.A. Servicios Inmobiliarios, quien apunta que esta modalidad ha ido ganando presencia a medida que se ha agravado la situación de la vivienda.

Para el vendedor, esta fórmula permite obtener el dinero de la compraventa sin esperar a que finalice el contrato de alquiler. El comprador, por su parte, adquiere una propiedad que ya está generando ingresos, aunque deberá ajustarse a las condiciones del arrendamiento vigente. Una modalidad que también tiene presencia fuera del mercado residencial privado: en octubre de 2026, el Ayuntamiento de Bilbao sacó a subasta pública dos locales comerciales sujetos a contratos de alquiler.

El contexto normativo tampoco facilita las decisiones. “Con todas estas situaciones de alquiler, los pisos por habitaciones que hay, los problemas de acceso a la vivienda y los cambios de normativa que ha habido, hay incertidumbre”, explica Rubén Gutiérrez Sobrino, abogado de SE Abogados. El letrado considera que esta complejidad ha favorecido la aparición de despachos especializados en arrendamientos, una labor que valora como “necesaria” ante el escenario actual.

Antes de firmar, conocer la renta mensual y la fecha de vencimiento que figura en el contrato no es suficiente. Gutiérrez recomienda revisar también las actualizaciones del alquiler, los justificantes de pago, las garantías y las posibles deudas o procedimientos pendientes. Las prórrogas pueden alterar la fecha en la que el propietario espera recuperar el inmueble, por lo que conviene comprobar las condiciones del contrato y sus anexos antes de cerrar la operación. “Hablamos una vivienda que es mucho dinero, toda precaución es poca”, señala.

A esta revisión se suma la incertidumbre normativa. En Bilbao, declarado zona de mercado residencial tensionado, el fin del contrato no permite necesariamente volver a alquilar la vivienda a cualquier precio. Las condiciones dependen de la normativa vigente y de cada arrendamiento, una complejidad que, según Gutiérrez, dificulta que propietarios e inquilinos sepan qué reglas se aplican en cada caso.

Por eso, estas propiedades se dirigen principalmente a quienes buscan obtener ingresos por el alquiler y no necesitan disponer del inmueble de inmediato. La clave no está solo en cuánto cuesta el piso, sino en si la renta que puede cobrarse legalmente compensa el precio de compra, los gastos y el tiempo durante el que habrá que respetar el contrato.