La Comisión Europea presentó este miércoles su propuesta de Ley de Equidad Digital, que prohíbe los diseños manipuladores conocidos como dark patterns (patrones oscuros) y pretende dar al consumidor control sobre las funciones que fomentan el uso compulsivo de los servicios digitales. Entre otras medidas, obliga a mostrar el precio total de los artículos desde el principio, facilita darse de baja de las suscripciones, prohíbe ofrecer cajas de recompensa a menores en los videojuegos y exige a los ‘influencers’ declarar la publicidad. Además, Bruselas propone poder investigar y multar directamente a las empresas, con hasta el 6% de su facturación mundial. “La comodidad no debe ir a costa de la equidad, y las tarifas ocultas o el marketing manipulador pueden socavar la capacidad de elegir de forma libre e informada”, opinó el comisario encargado de Protección de los Consumidores, Michael McGrath, quien explicó que “las normas de protección actuales se concibieron antes del enorme crecimiento del comercio electrónico”.

La ley amplía la lista de prácticas prohibidas en cualquier circunstancia, como los avisos falsos de que “solo queda una unidad” de un producto o de que “otros cinco clientes están interesados”, así como los mensajes que hacen sentir culpable al usuario por rechazar una oferta, como “nos entristece que te vayas”, o la incorporación automática de artículos adicionales a la cesta de compra. La propuesta también contempla nuevas obligaciones para las empresas que ofrecen suscripciones digitales, que deberán facilitar su cancelación mediante procedimientos sencillos, informar con claridad antes de las renovaciones automáticas y obtener el consentimiento expreso de los consumidores antes de convertir una prueba gratuita en un servicio de pago.

Los consumidores podrán desactivar funciones de diseño adictivo, como la reproducción automática de vídeos o las notificaciones no vinculadas a su actividad en el servicio, más allá de las normas específicas para menores previstas en la Ley de Infancia, propuesta el pasado 17 de septiembre. La Comisión sostiene que la ley protege a consumidores de todas las edades y actúa como red de seguridad que complementa la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

Menores, ‘influencers’ y precios

Las empresas tendrán que indicar cuánto valen en moneda real las compras con divisas virtuales utilizadas en videojuegos y aplicaciones, mientras que, en el caso de los menores, estas divisas digitales deberán estar desactivadas por defecto. El objetivo es combatir las prácticas que llevan a los consumidores a “gastar más de lo que tenían previsto” y proteger especialmente a los usuarios más jóvenes. Para ellos se prohíben las cajas de recompensa (loot boxes) y los mecanismos de pago por ganar o avanzar (pay-to-win). Por su parte, los influencers deberán revelar con claridad cuándo cobran por promocionar un producto y no podrán anunciar aquellos cuya publicidad es ilegal, mientras que las marcas y agencias deberán asegurarse de que cumplan.

Por su lado, los vendedores deberán mostrar desde el principio el precio total con tasas y cargos, lo que supone prohibir el llamado drip pricing (añadir costes a medida que avanza la compra), e informar en las colas virtuales de la evolución del precio en tiempo real y de su máximo posible. En las entradas para eventos culturales y deportivos con precios dinámicos, habrá que informar del número disponible y del precio máximo. “Esto es bueno para los consumidores y también para nuestras empresas, porque crea unas condiciones de competencia equitativas en toda la UE”, señaló la comisaria de Soberanía Digital, Henna Virkkunen, en rueda de prensa.

Según las estimaciones del Ejecutivo comunitario, el conjunto de estas medidas podría generar un ahorro de hasta 13.700 millones de euros anuales para los consumidores europeos, al reducir las pérdidas económicas derivadas de prácticas comerciales abusivas. Además, junto al nuevo Reglamento de Equidad Digital, la Comisión ha propuesto reformar las normas de cooperación entre las autoridades nacionales de protección de los consumidores para poder investigar directamente las infracciones de gran escala. Esta capacidad de intervención se reservará para los casos que puedan afectar a consumidores de al menos dos tercios de los Estados miembro, que representen también dos tercios de la población de la Unión Europea, y siempre que las compañías investigadas no sean pequeñas o medianas empresas.

“Esta reforma hará la vida cotidiana más sencilla, justa y segura para los consumidores, al tiempo que ofrecerá a las empresas la claridad y la confianza que necesitan para prosperar”, ha concluido Virkkunen. Las propuestas deberán negociarse ahora entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea antes de su aprobación definitiva, por lo que las nuevas obligaciones todavía no entrarán en vigor.