La Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior de Barcelona ha aprobado una proposición de ERC que reclama al Ajuntament que exija a la Generalitat el establecimiento inmediato de un calendario concreto, cerrado y exigible para resolver y abonar las indemnizaciones por los daños materiales, económicos y personales sufridos por los vecinos y comerciantes afectados por el socavón del Putxet a causa de las obras de la L9.
El texto, que ha obtenido el apoyo de todos los grupos, también pide la reducción inmediata del impacto de las obras sobre la salud y la vida cotidiana, y que el Ajuntament ejerza plenamente sus competencias de control y exija todas las medidas necesarias para reducir al máximo el ruido, las vibraciones, el humo y el polvo. Por parte de ERC, Jordi Coronas ha exigido al gobierno municipal que sea «absolutamente exigente» con la Generalitat. «Lo que está pasando es que hay una especie de connivencia entre el gobierno municipal y el Departament de Territori», ha denunciado Coronas, que ha acusado al ejecutivo de Jaume Collboni de abandonar a los vecinos y comerciantes de la zona. «Si en la Generalitat no gobernara el PSC, estarían poniendo el grito en el cielo«, ha dicho.
Por su parte, la teniente de alcaldía Maria Eugènia Gai ha asegurado que el gobierno municipal ha estado al lado de los vecinos y comerciantes «desde el primer momento», y ha asegurado que «así ha sido a lo largo de los últimos cuatro meses y medio». «La interlocución ha sido constante, con reuniones periódicas, y los canales de comunicación están abiertos de forma permanente», ha insistido. Gai ha asegurado que son «plenamente conscientes de las dificultades, las molestias y la incertidumbre» que sufren los afectados, y ha remarcado que desde el gobierno municipal han hecho «todos los esfuerzos para acompañar a los afectados, resolver las dudas y facilitar al máximo la vuelta a la normalidad».
«Hemos servido de enlace entre el departament y los vecinos«, ha recalcado la teniente de alcaldía, que ha explicado que también está en «contacto permanente» con la abogada que representa al 90% de los vecinos. En cuanto a los comerciantes, ha explicado que desde el principio se desplegó un dispositivo de apoyo económico y asesoramiento con Barcelona Activa, y 15 comercios han solicitado la línea de crédito habilitada por el Institut Català de Finances.
El texto presentado por ERC y aprobado en comisión insta al gobierno municipal a mantener una «posición activa de defensa» de los intereses de los afectados ante la Generalitat. Reclama que el Ajuntament vele y exija que el regreso a las viviendas «solo se produzca cuando existan garantías suficientes sobre la estabilidad de los edificios y el estado de las grietas, puertas, ventanas y otros elementos afectados, y después de las comprobaciones necesarias sobre la evolución del terreno y las actuaciones vinculadas al paso de la tuneladora».
La proposición también añade la necesidad de que se haga «en condiciones reales de habitabilidad y confort, de manera que los vecinos no tengan que convivir de forma continuada con ruidos, vibraciones, humos, olores o polvo».