Pues, la verdad, no lo sé. Nos parece totalmente desproporcionado subir el sueldo mínimo interprofesional (SMI) en todos los territorios y en todos los sectores por igual. El Gobierno no es consciente de que no se trata solo de una subida hasta los 1.286 euros brutos, sino que, si se lleva a 12 pagas, son 1.500 euros y casi un coste de 2.000 euros por trabajador para el empresario. Además, aprobar esta subida en plena campaña electoral, sin que se haya publicado el IPC adelantado de noviembre y sin tener en cuenta la productividad y la situación de las pymes y de los autónomos, que son quienes emplean a muchos trabajadores, supone desvirtuar y politizar el SMI. Y no solo eso: sitúa al 67% de los autónomos, según los datos de Seguridad Social, por debajo de este umbral. Los autónomos son los nuevos pobres en este país y ello se ha conseguido en esta legislatura.
Esta es una de nuestras prioridades, por lo que hemos remitido nuestra propuesta a todos los partidos políticos con el fin de que se alcance la compatibilidad plena entre pensión y trabajo autónomo. El problema actual es que se considera la jubilación activa como plena cuando en realidad es un esquema de demora en el que el autónomo se jubila parcialmente, pero apenas se le recompensa por ello. En la actualidad, tiene que retrasar su jubilación al menos 12 meses para acceder a la compatibilidad entre pensión y trabajo, y en ese momento deja de percibir una mejora sobre la cuantía de la pensión del 4% por demorar su jubilación pese a seguir trabajando.
Una cosa son los incentivos de demora y otra el porcentaje de compatibilidad de pensión y trabajo, que varía en la actualidad según cuánto demoramos la jubilación y accedemos a la jubilación activa. Si, por ejemplo, me corresponde jubilarme con 65 años, en la actualidad tendría que esperar y seguir trabajando hasta los 66 años para compatibilizar pensión y trabajo. Eso supondría el 4 % de mejora de la cuantía de la pensión y compatibilizar el 45% de la misma con el trabajo. De esta manera ya no mejoraría mi pensión; se le sumaría solo una vez el 4% (1.040 euros) por demorar la jubilación un año y recibiría en jubilación activa una pensión de 468 euros. Al año siguiente, se mejoraría el porcentaje de compatibilidad en 5 puntos porcentuales, es decir, hasta los 520 euros, y hasta los 77 años no alcanzaría el 100% de la pensión (1.040 euros) pudiendo trabajar.
Lo que proponemos es eliminar el requisito de tener que esperar 12 meses para jubilarse de forma activa. Con este sistema, cada año en jubilación activa se consideraría una demora de la jubilación plena y, por tanto, se sumaría el 4% a la pensión en cada ejercicio. Además, el porcentaje de compatibilidad, en vez de incrementarse en cinco puntos, lo haría en 15 puntos para alcanzar la compatibilidad plena en solo cuatro años y no en 12 como actualmente. Así, con nuestro ejemplo anterior, a los 65 tendría 350 euros (35% de 1.000 euros) de pensión compatible; a los 66 años, 520 euros (4% más de pensión, 1.040 euros y 50% de pensión compatible); a los 67 años, 810 euros (8% más de pensión, 1.080 euros y 75% de pensión compatible), y a los 68 años, 1.120 de pensión (12%) y el 100% de la pensión compatible con mi trabajo.
Esta propuesta está recogida de forma articulada en la proposición de ley de Junts de reforma integral del trabajo autónomo, así como en las iniciativas que esperamos que hagan suyas los partidos que concurren a estas elecciones y se comprometan a hacerlo. No tiene ningún sentido que no se incentive más y mejor a quien de forma voluntaria quiere seguir trabajando y se avance hacia la compatibilidad plena con la pensión. No modifica el gasto en pensiones y supone más ingresos al sistema vía cotizaciones e impuestos. Y no hay que olvidar que nuestra propuesta se reconocería de forma retroactiva a los que ya estaban en jubilación activa antes de la reforma y que no puedan avanzar más allá del 50% de compatibilidad: según estas directrices, se les reconoce su antigüedad en jubilación activa.
Entendemos que se mantienen las tablas actuales. La reforma del RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) se hizo con el objetivo de que los autónomos cotizasen en función de sus ingresos, lo que ya sucede, así que, incluso sin actualización, la cotización seguirá produciéndose en función de los rendimientos fiscales, que son los que determinan las bases de cotización y las cuotas. El problema es que no se corrigen los errores que se han venido detectando. Entre esos errores figura el hecho de que societarios y familiares colaboradores no sabrán cuál es el mínimo por el que tendrán que cotizar este año y muchos de ellos se llevarán una sorpresa en la regularización de 2026 si han cotizado 1.000 euros como les permitía la norma, pero les regularizan por 1.424 euros, el 40% más, como indica la misma norma. Tampoco se ha corregido que los pluriactivos tengan que cotizar por encima de la base máxima de cotización y que el Estado se quede con el 50% de su cotización como autónomos cuando ya cotizan al máximo como asalariados y dicha cotización no supone ninguna mejora de derechos. Estos solo son algunos de los errores detectados estos años, pero ni se ha evaluado realmente el sistema ni se ha ajustado y corregido en función de las incidencias detectadas. Se ha dejado que siga su aplicación. La inexistencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y de diálogo social tampoco han ayudado a arrojar certidumbre sobre el despliegue del sistema. Es evidente que todas estas disfuncionalidades deberán corregirse de forma retroactiva y, en todo caso, la inacción, sea por la falta de presupuestos anteriores o por el adelanto electoral, no debería penalizar a ningún autónomo.
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