Continúan los reveses judiciales para Donald Trump. Un tribunal federal ha declarado ilegal este martes el despliegue de las tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles que el presidente estadounidense ordenó para tareas de mantenimiento del orden.

El juez Charles Breyer considera que esa medida viola la ley que prohíbe al ejército cumplir funciones policiales, y ha prohibido que los soldados desplegados participen en patrullas de seguridad, control de disturbios, detenciones, registros o control de multitudes. La medida, sin embargo, no entrará en vigor hasta el próximo día 12, para dar tiempo al Gobierno a apelar.

Según ha determinado el juez, el uso de las tropas federales para esas funciones equivale a crear “una fuerza de policía nacional que tiene como jefe al presidente”.

Eso viola la ley Posse Comitatus, firmada en 1878 y que prohíbe a las tropas desempeñar funciones de mantenimiento del orden. Esa ley obedece a la tradición estadounidense que considera la intervención militar en asuntos civiles como una amenaza contra la democracia y las libertades.

“Las pruebas presentadas en el juicio establecieron que los demandados recurrieron sistemáticamente al uso de soldados armados (cuyas identidades estaban a menudo oscurecidas por blindaje protector) y vehículos militares para establecer perímetros de protección y barreras al tráfico, participar en el control de multitudes y en general demostrar una presencia militar en y en torno a Los Ángeles. En suma, los demandados violaron la ley Posse Comitatus”, expone el juez.

El magistrado señala que una excepción la representa la ley contra la Insurrección, de 218 años de antigüedad, que autoriza al presidente a desplegar a la Guardia Nacional en caso de rebeldía contra el Gobierno en alguno de los Estados de la unión. Pero esa ley matiza que la orden presidencial debe llegar “a petición de la legislatura (del Estado afectado), o del gobernador si la legislatura no puede reunirse”.

Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles pese a la oposición del gobernador de California, Gavin Newsom, el pasado junio, para responder a las manifestaciones contra su dura política migratoria, muy en particular contra las redadas en busca de inmigrantes irregulares en esa ciudad.

Desde que ordenó ese despliegue, el presidente suele jactarse de que, si no lo hubiera hecho, Los Ángeles se hubiera sumido en el caos y hoy día sería una ciudad “completamente destruida”.

Tras el despliegue de la Guardia Nacional en junio, Trump ordenó una medida similar en Washington el 11 de agosto. En el caso de la capital, el presidente argumentaba que los niveles de violencia estaban tan desbocados que era necesaria la declaración de una emergencia nacional.