Entrar a vivir en un piso de alquiler de Vigo se está convirtiendo en los últimos tiempos en una auténtica odisea. Ya no es solo que los precios estén por las nubes (pisos de dos habitaciones y con garaje rondan por lo general los mil euros al mes), sino que los caseros endurecen cada vez más los requisitos a los potenciales inquilinos. El mercado inmobiliario de Vigo está incorporando prácticas que se realizan en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, y una de ellas es la exigencia de un cobro por adelantado de un año del alquiler. Y no son casos excepcionales, sino que se ha convertido en algo ya habitual.
Según la Ley de Arrendamientos Urbanos, las partes pueden pactar «cualquier tipo de garantía» adicional al pago en metálico de la fianza, que debe ser depositada en la Xunta. Pero habla precisamente de eso, de un pacto, y que en todo caso no puede superar las dos mensualidades.
Sin embargo, los caseros empiezan a exigir de forma previa ya ese abono a todo aquel que se interese por su vivienda. «Se requiere el pago de anualidad por anticipado», apuntan en un anuncio de una casa que se alquila por novecientos euros con vistas a la ría de Vigo. Es decir, el inquilino deberá hacer un desembolso inicial de 10.800 euros.
Pero no solo eso, sino que se requiere también un seguro de impago o aval bancario. Es decir, además de esos casi 11.000 euros por adelantado, el arrendatario tendrá que pagar más de doscientos euros por un seguro que proteja al propietario de futuros retrasos en el cobro de la renta mensual. «En este caso ya se podría hablar de una cláusula abusiva. Legalmente no se puede exigir el pago de una anualidad por adelantado salvo pacto previo con el inquilino, pero si piden además una póliza de impagos es ir todavía un paso más allá», apunta David Giráldez, abogado de Baiona.
Paradójicamente, además, estas prácticas han empezado a extenderse a finales de verano, la época con mayor demanda de vivienda de alquiler, pues es cuando los funcionarios, profesores o estudiantes buscan un piso en el que poder vivir durante al menos un año. Y se están encontrando, en algunos casos, con cláusulas tan abusivas como esta.
Oferta por los suelos
Y todo ello, en un momento en el que la ciudad vive una alarmante escasez de viviendas en el mercado de alquiler. Actualmente solo hay 472 pisos en el mercado disponibles para ser arrendados después de que en los últimos tiempos hayan sido muchos los propietarios que han decidido retirar sus inmuebles del alquiler tradicional y pasarlos al turístico, pudiendo sacar un mayor beneficio económico, sobre todo en épocas de gran afluencia a la ciudad como el verano.
Todo ello se suma a los numerosos vetos que establecen los propietarios de los pisos de alquiler a la hora de seleccionar un inquilino para su vivienda. Entre los más habituales, prohibir la entrada de mascotas en la vivienda e incluso fumar, dos aspectos que si se establecen previamente en el contrato sí se pueden aplicar.
Viviendas protegidas, a la venta por el doble
Hace ya más de una década que los primeros vigueses entraron a vivir en el primer bloque de viviendas de protección autonómica que se construyó en Navia. Los que tuvieron suerte y consiguieron un piso, pagaron por el mismo unos 130.000 euros. Durante los primeros diez años, los propietarios de estas viviendas que querían venderlas tenían que pedir autorización a la Xunta y en todo caso hacerlo a un precio limitado. Transcurrido ese tiempo, los pisos han quedado liberados de la protección autonómica, y los dueños se están aprovechando de ello para sacar tajada y disparar su rentabilidad. En las últimas semanas han salido a la venta varios de esos apartamentos por más de 250.000 euros
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