En el ambiente caldeado que se ha vivido esta semana en torno al acto de la apertura del año judicial, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha calificado de «totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia, provenientes de los poderes públicos«, porque entiende que eso «socava de forma directa la confianza en la justicia, al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces». Sostiene que son «descalificaciones impropias de un estado de derecho avanzado en el que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el de respeto mutuo; en definitiva, la lealtad institucional».

Perelló quiso diferenciar entre «el desacuerdo y la crítica», plenamente «aceptable» y «legítimos» en una democracia, frente a las que lo que hacen es «desacreditar al poder judicial, atribuyéndole intenciones u objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación jurisdiccional«. Sus palabras se produjeron la misma semana en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que había «jueces que hacían política», en referencia a los procedimientos abiertos contra su esposa, su hermano y el fiscal general, que había intervenido justo antes que ella y al que algún sector del público aplaudió, pese a que el protocolo no lo prevé en este tipo de actos.

No es la primera vez que Perelló utiliza la apertura del año judicial para defender la independencia de los jueces y salir al paso de las críticas recibidas desde otros poderes del Estado, pero esta vez quien las había pronunciado había sido nada menos que el propio jefe del Ejecutivo. Por eso gran parte de su discurso estaba destinado a tratar de atajarlas y a asegurar que el poder judicial «no va a desviarse de su función, consistente en resolver los conflictos que se dan en la sociedad», y «no contribuir a alimentarlos«.

«En un Estado de derecho como el nuestro, toda actuación judicial tiene lugar en el cauce de un proceso, que se desarrolla con todas las garantías de audiencia y defensa, y es susceptible de ser revisada por otros jueces imparciales e independientes. Los posibles errores son corregidos en el seno del propio proceso judicial, que es sumamente garantista», aseguró Perelló antes de recordar que «no es propio del Poder Judicial entrar en polémicas ni en críticas a personas ni a instituciones».

«Cada cargo público es responsable de sus actos. Pero sí vamos a defender con firmeza los principios esenciales que definen al Poder Judicial y que hacen que sea digno de este nombre», porque «la sociedad no merece que los poderes públicos entren en descalificaciones ni en reproches mutuos, sino que las instituciones funcionen con normalidad y que actúen al servicio de los ciudadanos, y con respeto y lealtad a las otras. Y así lo hará el poder judicial», sentenció.

Nombramientos

También recordó que el propio Felipe VI señaló «hace poco que la legitimidad de las instituciones se asienta en la confianza de la sociedad» y «la democracia no puede funcionar si los ciudadanos no creen en las instituciones. La única manera de lograr que confíen en ellas es cumpliendo con su función constitucional, sin excusas ni reproches». En su opinión, así lo hecho el Consejo que preside en su primer año de mandato.

Perelló, primera mujer en asumir la presidencia del Poder Judicial destacó que «de los 161 nombramientos efectuados en este año» por el Consejo General del Poder Judicial, «68 han recaído en mujeres, lo que representa un 42%, porcentaje se eleva al 53% si tenemos en cuenta solo las plazas a las que han concurrido mujeres y hombres». Destacó que «la tasa de éxito para las mujeres respecto de los hombres, cuando concurren en procesos competitivos en el Tribunal Supremo, es de un 12,5%», aunque las presidencias más jugosas del alto tribunal hayan correspondido a dos hombres: Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas. No obstante, insistió en que su «empeño» será asistir a «un verdadero cambio en la cúpula judicial» para lograr «la plena igualdad«.

‘Ley Bolaños’

Pese a destacar la labor desarrollada por el CGPJ, admitió que «quedan todavía desafíos de gran envergadura: entre otros muchos, la implantación de los tribunales de instancia», prevista en la ambiciosa reforma legislativa puesta en marcha por el ministro Félix Bolaños. Añadió que le «preocupan los problemas organizativos que conlleva», así como «dar una respuesta eficaz a la litigación en masa».

Crítica a la que sumó que el «necesario incremento del número de jueces no puede hacerse en detrimento de la calidad de la formación que exige la función jurisdiccional. Las reformas que en el futuro puedan plantearse en el sistema de selección deben respetar siempre sus principios esenciales: la publicidad, la objetividad de las pruebas, que se basa en un control del conocimiento del derecho exhaustivo, y la transparencia. Estos principios garantizan jueces independientes y con plena autonomía personal».

Negó que los jueces sean inmovilistas y se permitió hasta señalar que «existen reformas en tramitación que afectan directamente a la carrera judicial y que generan legítima preocupación de la judicatura. Es, obviamente, al legislador al que corresponde aprobar estas reformas, pero deben elaborarse mediante diálogo institucional y con la participación del CGPJ». El acceso del millar de jueces sustitutos sin oposición llevó a las carreras fiscal y judicial a parar tres días en julio.

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