La de este viernes viernes ha sido la última oportunidad para evitar la huelga docente convocada para el inicio de curso. Pero el décimo encuentro … entre sindicatos y la Consejería de Educación no ha dado sus frutos. Parecía un intento de salvarse por la campana, pero la distancia que ha generado la vinculación del acuerdo a la aprobación de los presupuesto no es fácilmente salvable para las partes. Dos horas de reunión y dos recesos no fueron suficientes para que Educación y la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, CC OO, TÚ y UGT) firmaran la subida salarial de los docentes. Y lo que es peor, tampoco evitaron la inminente convocatoria de trece días de huelga. Por lo que, definitivamente, el curso en Cantabria comenzará, pero las clases no. El profesorado parará el 8 y 9 en colegios, el 11 y 12 en institutos, el 17 y 18 en centros educativos de personas adultas, música y danza, artes plásticas y diseño y el 7 y 8 de octubre en escuelas de idiomas. También, si no se ha resuelto antes, la semana del 20 al 24 de octubre, coincidiendo con la presentación de los Presupuestos en el Parlamento Autonómico.
«Si tengo que escoger entre la estabilidad y la subida salarial, mi respuesta es clara»
Sergio Silva
Consejero de Educación
«Exigimos que se nos trate con dignidad, al igual que hacen con otros colectivos y en otros territorios»
Rus Trueba
Presidenta de la Junta de Personal Docente
La décima mesa de diálogo comenzó sobre las 12.00 horas. Las sensaciones eran positivas, ambas partes querían resolver el conflicto y desconvocar los paros. Una hora y media después tuvo lugar el primer receso de la jornada y, al concluir el mismo, estalló la noticia que dinamitó la reunión. La Sala de lo Contencioso Adminsitrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria publicó el auto que hacía decaer parte del decreto de servicios mínimos que estableció la Consejería de Educación para los dos primeros paros. Los tutores dejaron de ser servicios mínimos tras la denuncia de las organizaciones sindicales que reivindicaron que «conculcaba el derecho a huelga del 90% de la plantilla en Infantil y más del 43% en la de Primaria». Pocos minutos después de conocer el dictamen, la reunión paraba por segunda vez en lo que parecía un receso, pero acabó siendo el final del encuentro.
El consejero de Educación, Sergio Silva, salió lamentando «el escenario de huelga» al que se enfrenta la educación pública de Cantabria. «Si a un consejero de Educación se le propone escoger entre la estabilidad y la subida de sueldos la respuesta es clara, la prioridad es la estabilidad del sistema», aseveró Silva. También explicó que, de nuevo, «no contar con un suelo presupuestario podría poner en riesgo el actual funcionamiento del sistema educativo cántabro tal y como lo conocemos», y criticó la petición de omitirlo supondría «comprometer esa estabilidad en un escenario de potencial insuficiencia presupuestaria sería un ejercicio de irresponsabilidad». Todo ello, a pesar de haber ofrecido una nueva redacción en el acuerdo –en sintonía con lo que viene reclamando la Junta públicamente–.
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Sin embargo, los sindicatos lo percibieron de otra manera. La presidenta de la Junta, Rus Trueba, aseguró que fueron las organizaciones sindicales las que propusieron «otras redacciones», que sustituirían la vinculación a la aprobación de los presupuestos, por términos como «disponibilidad presupuestaria» o «disponibilidad económica», que no contentaron al área de Silva.
Hasta ese momento, la reunión se iba a retomar tras el receso a las 16.00 horas. Pero las declaraciones de Trueba al respecto del auto que regula los servicios mínimos
llevaron al consejero de Educación a romper la negociación
: «Tras escuchar las declaraciones posteriores a la reunión de la presidenta de la Junta de Personal Docente, en la que da por hecho que habrá huelga el próximo lunes en los colegios de Cantabria, y en la que en ningún caso se va a aceptar un suelo presupuestario, para poder sacar adelante el acuerdo, pues nos encaminamos, todo apunta, hacia un escenario de huelga este próximo lunes». Con la reacción, también dio a conocer que no asistiría a la reunión vespertina.
Redacción
La cláusula que impide el acuerdo está pendiente de una redacción que satisfaga a ambas partes
Manifestación
Los sindicatos saldrán a las calles el lunes a las 18.00 horas desde el Río de la Pila, en Santander
Y es que, la presidenta de la Junta de Personal explicó que, de no ser por el cierre del pacto por la tarde, los tutores podrían hacer la huelga. El auto, dijo, «nos da la razón respecto a lo que veníamos reclamando, que eran unos servicios mínimos abusivos, que lo que hacían era cercenar el derecho a la huelga a los docentes y, por lo tanto, el próximo día 8, de momento, si no hay cambios, la huelga sigue convocada, solo estarán presentes en los centros como servicio mínimo el equipo directivo más un número de docentes en función del tamaño del centro».
Pero el encuentro por la tarde no se dio. Y, con la decisión del consejero de no asistir, la huelga pasó a ser algo inminente. Silva planteó que, a su jucio, los paros van a dañar la imagen de la educación de Cantabria, que «funciona bien y tiene buenos indicadores y constituye un ejemplo para otros muchos territorios», para que, «por encima de esas consideraciones se ponga una subida salarial». Especialmente, mostró su incomprensión existiendo una «buena propuesta» encima de la mesa sobre la que están de acuerdo las dos partes. «¿Por qué 140 en Asturias son suficientes y 180 en Cantabria no, con los mismos sindicatos?», reclamó y recordó que, con la subida, el salario de los docentes se situaría en «2.797 euros brutos al mes para el cuerpo de maestros y 3.112 euros al mes para los profesores de institutos».
Los representantes de las organizaciones sindicales, por su parte, insistieron en la convocatoria de movilizaciones prevista para la semana del inicio de curso, con dos días de paros y una manifestación el lunes, 8 de septiembre, que saldrá a las 18.00 horas de la sede de la Consejería de Educación, en el Río de la Pila. Rus Trueba explicó que «si no se llega a un acuerdo, ahora más que nunca, los docentes tenemos que estar unidos para no considerarnos rehenes políticos, para no ser los únicos, el único sector educativo, para el Gobierno de Cantabria prisioneros de la política que quiere llevar a cabo el Partido Popular». Por ello, insistió, «exigimos que se nos trate con dignidad y al igual a otros colectivos y en otras Comunidades Autónomas, donde no se incluye la aprobación de presupuestos».
A pesar de todo, la convocatoria de huelgas más dura, que pone en jaque el inicio de curso llega con una distancia entre sindicatos y Educación inexistente, en el momento en el que el conflicto se basa en unos términos en la negociación que son viables para las dos partes.
Un pacto definido, a falta de la firma
A tenor de los últimos acontecimientos pudiera parecer que el acuerdo en Educación es imposible de alcanzar. O que la distancia entre el consejero y las organizaciones sindicales es un abismo. Pero la realidad es que las partes están más cerca que nunca. De hecho, están en el mismo punto en términos económicos y de plazos de pago. La subida salarial de los docentes, después de diez meses de negociación, llegó a convencer a las partes con un punto común: 180,23 euros más al mes en enero de 2029 y 187 euros más al mes a través de los sexenios, que comenzarían a percibirse en septiembre de 2026. Diez encuentros y dos huelgas fueron necesarias para llegar a redactar el documento que contentase a ambos. Sin embargo, la convocatoria de huelga más importante llega cuando la distancia económica es de cero euros y no hay ningún plazo en entredicho. ¿Qué es lo que provoca el enfrentamiento? La vinculación al suelo presupuestario. Sin la aprobación de los presupuestos no hay acuerdo para Educación. Pero que esta condición esté presente supone una politización del acuerdo para los sindicatos. En cualquier caso, para ambos es un condicionante que supone una «línea roja», Silva no accede a eliminarlo, y los sindicatos «no podíamos aceptarlo». Para tratar de solventar la situación, la redacción de la cláusula de una manera diferente puede ser la solución. El Ejecutivo autonómico ha propuesto alternativas, «sin éxito» y la Junta de Personal Docente ha hecho lo propio, pero tampoco ha resultado suficiente.