El Cabildo de Gran Canaria tiene sobre la mesa una disyuntiva de alto voltaje: mantener, condicionar o romper el pre-acuerdo que, junto a Unipublic, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, prevé que La Vuelta a España 2026 se decida en Canarias, con un escaparate global que coronaría el Teide con el podio final y convertiría el Pico de las Nieves en la jornada reina de la ronda. La polémica por la presencia en la ronda ciclista del Israel–Premier Tech, en un contexto de protestas diarias en carretera vinculadas al genocidio en Gaza y a la figura del propietario del equipo —amigo personal de Netanyahu—, ha encendido las alarmas políticas y operativas.
La eventual participación de Israel–Premier Tech activa un conflicto de coherencia para el Cabildo: una institución que ha fijado un posicionamiento crítico con el Gobierno de Israel se enfrenta a la posibilidad de apadrinar el tramo decisivo de una competición en la que ese equipo tendría presencia por criterios deportivos. El choque no es simbólico: afecta a la imagen de Gran Canaria, a la seguridad del pelotón y del público y a la viabilidad del propio diseño de carrera en las Islas.
Javier Guillén, director de Unipublic y de La Vuelta a España / EFE
Unipublic sostiene que no puede vetar la inscripción de Israel–Premier Tech si cumple los requisitos deportivos —en 2025, al ser uno de los dos mejores UCI ProTeams del curso pasado, el reglamento le concede una invitación obligatoria para participar en Giro, Tour y Vuelta—, lo que desplaza el centro de decisión hacia el apoyo institucional y económico de las administraciones canarias. Traducido: el margen real está en Gran Canaria, que puede firmar como estaba previsto —y realizar una inversión que puede superar los dos millones de euros—, reabrir la negociación con condiciones o retirarse del acuerdo.
Opciones
Opción 1: mantener el acuerdo con condiciones estrictas. El Cabildo podría sostener la llegada de La Vuelta 2026 a Gran Canaria e imponer cláusulas reforzadas: plan integral de seguridad específico para las islas, protocolos de gestión de protestas, compromisos claros de neutralidad por parte de los actores implicados y un código de conducta que vincule patrocinios, logística y actos oficiales. Esta vía preserva el impacto deportivo y turístico —con Teide y Pico de las Nieves como iconos globales— sin renunciar al posicionamiento institucional del Cabildo.
Opción 2: aplazar y reabrir la negociación. La corporación insular podría congelar la firma definitiva y abrir una mesa técnica con Unipublic y el resto de instituciones para revisar recorridos, calendarios y contingencias, incorporando salvaguardas que activen medidas excepcionales si se repiten incidencias de seguridad como la que tuvo lugar esta semana en Bilbao —ciudad que acogía la salida y meta de una etapa, pero cuyo final fue neutralizado al no poder garantizarse la seguridad de espectadores y ciclistas—. Sería un mensaje de prudencia que mantiene la puerta abierta y gana tiempo para evaluar el escenario de 2026.
Carlos Álamo, consejero de Turismo de Gran Canaria, y Aridany Romero, consejero de Deportes, junto a uno de los vehículos de la organización de La Vuelta en 2024. / AH
Opción 3: retirada del acuerdo. La medida más drástica pasa por retirarse del pacto y redirigir recursos a otros eventos internacionales o a infraestructura deportiva local. Es la alternativa de máxima coherencia con el posicionamiento del Cabildo respecto a Israel, pero supone renunciar a la proyección mundial que ofrece La Vuelta a España y al relato de una última semana histórica en Canarias.
Coherencia política
Seguridad, reputación y legado: el triple criterio. Sea cual sea la decisión, el Cabildo deberá blindar la seguridad de ciclistas y espectadores, proteger la reputación de Gran Canaria como sede de grandes eventos, definir el legado —desde mejoras de carreteras y equipamientos hasta la promoción internacional de la isla como destino de alta montaña— y, sobre todo, mantener la coherencia de su discurso político.
Mantener el acuerdo con condiciones permitiría salvar la cita; aplazar la decisión unos días daría margen de maniobra sin cerrar puertas; romper el acuerdo sería un gesto contundente alineado con su posición sobre Gaza, pero con coste para la proyección de la isla. Eso se juega Gran Canaria y el grupo de gobierno del Cabildo compuesto por Nueva Canarias, Primero Canarias y PSOE.
El dilema del Cabildo de Gran Canaria no es solo logístico. Es estratégico y económico. De él depende cómo se cerrará La Vuelta 2026, qué valores proyectará Canarias al mundo y cuál será el equilibrio entre deporte, política, derechos humanos y seguridad en una de las semanas más decisivas del ciclismo internacional. La decisión que se tome trascenderá más allá el deporte.