En 2014 comenzó un proceso contra la UFC en el que varios luchadores y exluchadores acusaban a la promotora de “practicas anticompetitivas” y monopolísticas que comenzaron en 2010 y se prolongaron hasta 2017.
Un grupo de peleadores demandó a la UFC argumentando que, bajo la gestión de Zuffa —hoy parte de TKO Holdings—, la compañía construyó un dominio casi absoluto del negocio de las artes marciales mixtas. Según la querella, esa posición se consolidó mediante contratos que ataban en exclusividad a los luchadores, cláusulas que restringían su libertad de negociar con otras promotoras y un clima de amenazas hacia quienes buscaran competir fuera.
A ello se sumaron las compras estratégicas de organizaciones rivales como Pride, WEC y Strikeforce, lo que habría reducido drásticamente las alternativas en el mercado y mantenido a los atletas con menor poder de negociación. El proceso implica a luchadores que estaban en la compañía entre diciembre de 2010 y junio de 2017, periodo en el que la UFC se convirtió en la promotora de MMA más importante del planeta.
En febrero de este año, el juez federal Richard Boulware aprobó un acuerdo de pago de 375 millones de dólares (casi 320 millones de euros), siendo 126 de ellos destinados a honorarios legales y el resto (251 millones) para los peleadores.
El deportista que menos dinero recibirá se llevará 16.138,45 dólares, según consta en los documentos judiciales. Cada luchador de este grupo (1067 luchadores contemplados) recibirá una media de 250.000 dólares y habrá una élite formada por 35 atletas que recibirán más de un millón de dólares.
Según el periodista John S. Nash, el legendario artista marcial mixto brasileño Anderson Silva será el más beneficiado por este acuerdo, puesto que le corresponden unos 10.33 millones de dólares. La Araña formó parte de la plantilla de la UFC desde diciembre de 2010 hasta junio de 2017, etapa contemplada dentro de la demanda.
Anderson Silva reza antes de medirse al británico Michael Bisping en el UFC Fight Night 83.Matthew Childs
Eso hizo que fuese incorporado de manera automática al grupo de demandantes, sin tener que presentar una solicitud individual de compensación. Por ello es el propio Silva el que debe decidir si acepta la suma de dinero que le corresponde en el acuerdo o si renuncia a ella.
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