Madrid
La defensa de Begoña Gómez ha recurrido en apelación directa ante la Audiencia Provincial de Madrid la orden del juez Juan Carlos Peinado de recabar todos sus correos electrónicos desde el año 2018, una decisión que según el letrado Antonio Camacho, adoptó sin motivación alguna, sin justificación, de manera desproporcionada y vulnerando las garantías previstas en la ley para las diligencias que afectan a las comunicaciones. Solicita asimismo que se revoque la imputación por malversación.
Sobre los correos, el letrado repasa los requisitos que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal para una medida de este calado y concluye que «la mayor parte de las exigencias más de fondo han sido incumplidas» en la providencia que dictó Peinado el pasado 3 de septiembre, quebrando así las garantías.
«La providencia que se recurre no contiene ninguna consideración sobre el alcance de la investigación sobre una cuenta de correo electrónico que puede guardar datos, fotografías, documentos que delimitan un ámbito que forma parte de los aspectos más íntimos de la personalidad», razona la defensa.
Añade que Begoña Gómez «por razones obvias, tiene una repercusión mediática indiscutible» frente a la cual, una medida de esa intensidad «ha de ir acompañada de la adopción de cautelas destinadas a que la limitación de su derecho a la intimidad no se vea innecesariamente agravado» y no ha sido así en este caso.
«Es un problema que se ha puesto de manifiesto a lo largo del año y medio que lleva desarrollándose la investigación puesto que prácticamente todo lo que constituía el ámbito más íntimo de la misma ha sido publicado en la prensa, en algunos casos, sin ninguna limitación», lamenta.
El letrado cuestiona asimismo que la medida sea proporcional, sobre todo considerando que la pieza separada en la que se han pedido esos correos electrónicos se abre para investigar un presunto delito de malversación «como consecuencia de un supuesto uso inadecuado de una asistente que, tradicionalmente, ha existido para apoyar la labor institucional que corresponde a los cónyuges de los Presidentes del Gobierno».
Un favor no es malversación
Se refiere en concreto a los tres correos electrónicos aportados por empresas patrocinadoras de la cátedra en los que aparecía en el remite la asesora Cristina Álvarez, imputada igualmente por malversación y citada, como Gómez, a declarar este miércoles.
El que ha resultado más relevante a efectos de la ampliación de la causa contiene un recado que la asesora da al empresario de parte de Gómez: «Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como Patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior», reza.
«En este supuesto la Sra. Álvarez esta transmitiendo un mensaje personal de mi representada en la parte final de un correo que si estaba relacionado con el cumplimiento de sus obligaciones, mensaje que parece que no entra dentro del cumplimiento de sus funciones por lo que debemos reflexionar acerca de si con esta conducta puede entenderse que se haya cometido el Delito de Malversación que es objeto de esta pieza», plantea la defensa.
Considera que «es difícil sostener» a partir de esto que hubieran ambas cometido malversación, puesto que «es habitual en el ámbito laboral que en su horario de trabajo los trabajadores hagan gestiones como puede ser la remisión de un correo electrónico en su beneficio, en el de sus familiares o amigos».
«Difícilmente puede entenderse que, si esos trabajadores son funcionarios públicos, con ello se esta cometiendo un Delito de Malversación de Caudales Públicos. Es una interpretación del Código Penal extraordinariamente extensiva y alejada de la realidad (…) La realización de un favor a la persona para la que trabajas y con la que, además, mantienes una relación de amistad nunca puede interpretarse como una conducta que entre dentro del ámbito de aplicación de una infracción penal tan grave», zanja.
Solicita así a la Audiencia Provincial que revoque la incautación de los correos y deje también sin efecto el auto por el que se imputa malversación a Begoña Gómez y por extensión, a Cristina Álvarez, cuya defensa también ha acudido a la Audiencia Provincial en recurso de apelación, como adelantó la Cadena SER.