Cada quincena reciba la información de tres noticias relevantes en el ámbito de la salud en España.
Diez años de la creación del plan estratégico nacional español para la hepatitis C
Un caso de éxito que va por buen camino para lograr la eliminación de hepatitis C.
En abril de 2015 se creó el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C (PEAHC), para financiar los nuevos fármacos antivirales de acción directa (AAD) para tratar la hepatitis C en el país, pues, dada la alta prevalencia de la enfermedad, se hacía necesario priorizar el tratamiento de pacientes con enfermedad avanzada.
Un grupo multidisciplinario compuesto por profesionales sanitarios, pacientes con hepatitis C, sociedades científicas (Asociación Española para el Estudio del Hígado [AEEH]), representantes del Sistema Nacional de Salud y de la industria farmacéutica generó la estrategia. Los objetivos eran tener datos epidemiológicos de las y los pacientes infectados por hepatitis C, proporcionar tratamiento sistemático sin restricciones y generar un modelo de financiación que permitiera que los fármacos llegaran a todas las personas que los necesitaran.
El plan está estructurado en cuatro líneas estratégicas:
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Cuantificación de la carga de la enfermedad a través de la revisión de registros hospitalarios de personas con diagnóstico de hepatitis C, lo que permitió tener un registro epidemiológico nacional. Se identificaron entre 200.000 y 250.000 casos, menos de los que se creía que había.
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Estrategia terapéutica para que las y los pacientes accedieran a los antivirales de acción directa, que incluyó tanto a personas naïve como a quienes ya habían recibido tratamiento previo. Esto garantizó el acceso universal al tratamiento, de manera gratuita, equitativa y organizada.
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Mecanismos de coordinación para poner en funcionamiento el plan en todo el país, generando un registro de pacientes tratados que permitió realizar una planificación financiera exacta, medir la eficacia de los tratamientos y conocer el ritmo al que se diagnosticaban pacientes en cada comunidad autónoma, asegurándose de que recibieran el tratamiento sin importar en qué lugar del país vivieran.
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Educación sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de la hepatitis C mediante actividades de investigación, desarrollo e innovación que fueron gestionadas por el Instituto de Salud Carlos III.
Se trata de un aporte valioso y exitoso para la salud pública, que ha transformado una enfermedad crónica y progresiva, con gran mortalidad, en una enfermedad en vías de eliminación. Esto evidencia cómo el acceso oportuno a un diagnóstico y tratamiento permite no solo tener impacto en la enfermedad, sino también en complicaciones como el hepatocarcinoma, la necesidad de trasplante por hepatitis C y la mejora de la calidad y esperanza de vida de las y los pacientes que padecen la enfermedad.
Como profesionales de la salud, el objetivo es seguir intensificando las estrategias de tamizaje universal y microeliminación, reforzar el trabajo con la población vulnerable, así como reportar nuevos casos a tiempo y datos de mortalidad para tener una base epidemiológica robusta que permita tener el control sobre el plan y mejorarlo, para que España logre aportar al objetivo propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de eliminar la hepatitis C para 2030.
Reporte de datos, controversias y retos de la eutanasia en España
Conociendo la información para considerar o no el empleo de este procedimiento.
Hace tres años se aprobó la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) en España. Desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2023 hubo 1.515 solicitudes, de las cuales se concretaron 697; 374 personas fallecieron antes de que se llevara a cabo el procedimiento.
Los datos muestran que, en 2021, la eutanasia representó 0,01 % de las muertes totales en el país; en 2022 significó 0,06 % y en 2023, 0,07 %. El tiempo de espera para la aprobación de la ayuda es de 67 días y hay una mayor elección de la eutanasia frente al suicidio médicamente asistido. La mayoría de los procedimientos de suicidio médicamente asistido se han realizado por vía intravenosa y se llevan a cabo en la residencia de las y los pacientes, aunque en 2023 se prefirió el hospital. No hay diferencias entre el sexo de las personas solicitantes; el grupo etario principal está entre los 70 y 79 años. Las enfermedades neurológicas y oncológicas son la causa más frecuente de solicitud. También es importante señalar que 9 % de quienes solicitan ayuda para morir donan sus órganos tras el fallecimiento, una cifra similar a la media mundial.
La controversia gira en torno a la protección del derecho a la vida, incluso frente a la voluntad de su titular, o la concesión del procedimiento a personas detenidas que solicitan ayuda para morir, o la enfermedad mental como motivo para solicitar la eutanasia.
En distintas comunidades autónomas han modificado los requisitos para permitir que las personas formalicen un documento con el cual recurrir a la eutanasia en caso de enfermedades que les impidan tomar decisiones, como la demencia.
Entre los desafíos está la judicialización de solicitudes por parte de terceros que buscan evitar la eutanasia cuando la familia pide el procedimiento. Además, el acceso a la prestación sanitaria representa en sí un reto importante, porque muchos pacientes mueren antes de que les sea concedida.
En resumen, a pesar de estas dificultades, la prestación de ayuda para morir en España se encuentra en constante mejora, lo que ha posicionado al modelo español como un referente mundial.
¿Qué es la COVID-19 persistente?
Conceptos, diagnóstico y tratamiento.
Las y los pacientes que desarrollan síntomas persistentes más allá del tiempo esperado para la resolución de la infección aguda presentan COVID-19 persistente. Las secuelas de esta enfermedad generan un compromiso en la calidad de vida, una mayor carga económica por el uso prolongado de recursos sanitarios, pérdida de productividad y bajas laborales.
La National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine de Estados Unidos (NASEM) elaboró una definición exhaustiva de COVID-19 persistente: «Un conjunto de síntomas permanentes, mantenidos más allá de 12 semanas tras la infección aguda, o que aparecen posteriormente en el caso de individuos con infección asintomática, sin la existencia de un daño orgánico irreversible»; solicita que se diferencie del síndrome pos-COVID-19, en el que las y los pacientes que han tenido estancias hospitalarias prolongadas o ingresos en cuidados intensivos presentan síntomas por el daño estructural ocasionado por las complicaciones surgidas en la fase aguda.
El organismo estadounidense también menciona que es una enfermedad crónica, en la que algunos pacientes presentan mejoría progresiva y otros experimentan síntomas persistentes. El diagnóstico se basa en la clínica y no en la confirmación microbiológica, considerando las pruebas serológicas poco fiables debido a la disminución de anticuerpos con el tiempo, la vacunación y las diferencias en las técnicas de laboratorio.
Existe dificultad para diferenciar los síntomas crónicos que causa la COVID-19 persistente de los que ocasionan otras enfermedades, como la influenza o el coronavirus común, ya que pueden generar secuelas posinfecciosas. Se han descrito más de 150 síntomas crónicos, entre los que resultan más frecuentes la fatiga, la disnea, las alteraciones cognitivas y del sueño.
Respecto a las causas, se han propuesto varias hipótesis, sin determinarse aún un origen fundamental. Se consideran factores de riesgo ser de sexo femenino (por factores hormonales o genéticos), la edad y la obesidad.
Aunque no hay datos concretos de España, la frecuencia de la COVID-19 persistente ha disminuido según un estudio de Estados Unidos, con una incidencia acumulada de 25 % en 2021, que se redujo de 4 % a 6 % en 2024.
No existe un tratamiento específico, solo se recomiendan intervenciones como el ejercicio físico, la rehabilitación, la terapia conductual y el tratamiento farmacológico. Las guías internacionales desaconsejan el uso de fármacos sistémicos en la fase aguda de la infección, ya que probablemente la toxicidad no supere el beneficio clínico esperado.
La COVID-19 persistente es considerada una enfermedad invisible por la dificultad para detectar casos y la falta de tratamientos efectivos. Por ello, se recomienda seguir registrando y monitoreando la incidencia de la enfermedad para mejorar la estimación de su impacto y planificar adecuadamente el uso de los recursos.