El Ministerio de Trabajo ha reaccionado rápido al varapalo que ha supuesto el veto sufrido el miércoles a la ley con la que pretendía reducir la jornada laboral máxima por ley de las 40 horas actuales a 37,5. Menos de 24 horas después del revés parlamentario, el departamento que dirige Yolanda Díaz ha empezado ya a tramitar un decreto para recuperar una parte de la normativa que no prosperó el miércoles en el Congreso.
Se trata de un endurecimiento de la normativa que regula el control horario, un complemento incluido en la ley para reforzar el cumplimiento de la jornada máxima que se pretendía reducir. Como esta parte de la norma es un desarrollo reglamentario del Estatuto de los Trabajadores, Díaz ha decidido desgajarla de la ley y lanzarla por separado como real decreto. De esta forma, Trabajo se evitaría pasar por las Cortes, donde ya se ha visto que no ha tenido apoyos suficientes para sacar adelanta estas medidas.
Trabajo ya ha sacado a consulta pública el decreto, paso previo necesario antes de que pueda llegar al Consejo de Ministros. Por el momento, no ha trascendido la fecha en que esta nueva norma podría llegar a Moncloa, ni si el decreto cuenta con el apoyo del socio mayoritario de la coalición, el PSOE. La vicepresidenta segunda ya ha mostrado su intención de hacerlo cuanto antes, mientras que los sindicaos presionan para que suceda ya incluso el próximo martes si es posible. Fuentes de Trabajo consultadas por este periódico se limitan a señalar que el texto se está tramitando.
La propuesta del Ministerio de Trabajo sobre el control horario pasa por crear un registro exclusivamente digital, que sea accesible en tiempo real para la Inspección de Trabajo. La idea que persigue el departamento que dirige Yolanda Díaz es que las horas extras que hacen los trabajadores queden directamente documentadas y los inspectores de Trabajo puedan comprobarlo en tiempo real.
Con el nuevo registro horario que se quiere introducir, los trabajadores deberían encargarse de manera «personal y directa» de registrar su jornada e identificar las interrupciones que hagan. Para ello, Trabajo reconoce que podría ser necesario introducir mecanismos de verificación de la identidad.
Además, el empleado tendría que anotar su tiempo de trabajo especificando si está de guardia o trabajando efectivamente, o aclarando si está realizando horas ordinarias o extraordinarias. «Esta calificación permitirá identificar más incumplimientos de la normativa, con las consecuencias que legalmente procedan», sostiene el texto.
Más allá de estas consideraciones, Trabajo quiere habilitar que los comités de empresa puedan obtener copias del registro o incluso que deban estar presentes cuando la empresa quiere modificarlo. También se plantea que se pueda acceder de manera inmediata y remota a los registros electrónicos.
Eso sí, en el texto publicado este mismo jueves no aparece mención al régimen sancionador por los incumplimientos de jornada. El proyecto de ley para reducir la jornada que fue vetado el miércoles sí preveía endurecer el régimen sancionador por los incumplimientos de la jornada máxima, elevando las multas y fijando sanciones por trabajador y no por empresa. Sin embargo, para poder elevar las sanciones es necesario modificar la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Lisos), lo cual requiere del respaldo del Parlamento.
El endurecimiento del registro horario es una medida que ha sido ampliamente criticada tanto por la patronal como por los tres partidos que el miércoles tumbaron la reducción de jornada. En un comunicado conjunto difundido cuando el Gobierno aprobó la reducción de jornada, CEOE y Cepyme defendían que los nuevos requerimientos sobre el registro horario eran «de muy difícil cumplimiento, dado que el país no cuenta con la infraestructura digital necesaria, ni todos los trabajadores cuentan con las debidas competencias digitales». Desde el PP, el diputado Juan Bravo le reprochó a Díaz que el control horario propuesto incluye sanciones «desproporcionadas», no cuenta con el visto bueno de la Agencia de Protección de Datos y acarrearía costes adicionales para las empresas.