Las críticas constantes a la investigación del juez Juan Carlos Peinado sobre la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, han hartado al letrado y le ha llevado a presentar varias demandas contra periodistas y políticos por injurias y calumnias.
Parte de la opinión pública viene acusando al Juez de prevaricar o de actuar movido por una finalidad política y espuria, algo contra lo que Peinado tomará acciones legales como, por ejemplo, contra el ministro Óscar Puente, el expolítico Pablo Iglesias o los periodistas Antón Losada o Ernesto Ekaizer, precisan fuentes consultadas por el periódico El Confidencial.
Según este periódico, el movimiento del magistrado se ha producido ahora para evitar una posible prescripción de lo que considera insultos intolerables que atentan contra su labor jurisdiccional y su independencia. Las demandas, ya formalizadas, suponen un primer paso dirigido a emprender en el futuro acciones civiles o penales. Pese a que la instrucción del caso no ha terminado y hubiera preferido actuar más adelante, el Código Penal establece un plazo máximo de un año para mover ficha, a contar desde que el ofendido tiene conocimiento de las calumnias o injurias en su contra. Tampoco descarta avanzar en el orden Civil.
Y es que las críticas a la investigación del juez no han cesado desde que comenzó la instrucción, hace más de un año. El propio presidente del Gobierno insinuó, sin nombrarle, que no cumplía la ley y actuaba por motivos políticos. Un mensaje, o una idea, ordenada desde Moncloa que ha sido reproducido en decenas de ocasiones por distintos miembros del Ejecutivo.
Óscar Puente
Tal y como indica el citado periódico «uno de los más directos ha sido el titular de Transportes», Oscar Puente:
En una entrevista concedida a eldiario.es en julio de 2024 aseguró que su instrucción es «un viaje a ninguna parte, burda, miserable y una nulidad de libro» además de destacar que algunas decisiones como la de interrogar a Pedro Sánchez como testigo en Moncloa o al ministro de Justicia, Félix Bolaños, solo perseguían marcarles y vincularles con una causa penal. «La instrucción no está siendo una instrucción imparcial ni rigurosa«, dijo entonces Puente.
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En otras ocasiones se ha quejado de la «impunidad» del juez del caso Begoña. «Que la Audiencia Provincial de Madrid esté consintiendo esto es algo que me tiene perplejo. Van a dejar la imagen de la justicia a la altura del betún«, dijo en un mensaje en la red social X en el mes de mayo.
Pablo Iglesias
En el caso de Pablo Iglesias, llamó prevaricador en directo al juez en un programa de la televisión pública. «Creo que es evidente que el juez Peinado se va a jubilar sin que le pase absolutamente nada y que a vivir a cuerpo de rey. Creo que tiene razón la gente que dice que Peinado es un prevaricador (…) este señor se va a ir de rositas porque se pactó la reforma de CGPJ con el PP», añadió.
Tertulianos afectados
En cuanto a los tertulianos afectados, las demandas recogen valoraciones de Losada que, también en TVE, señaló que el juez Peinado está «a milésimas de segundo de incurrir en prevaricación» y Ekaizer que dijo sobre él que «en su grupito de la hípica alardea de que va a acabar con Pedro Sánchez».
Pilar Alegría
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, también ha cargado con dureza contra el juez durante las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. Le ha acusado de llevar «meses pedaleando en la nada», insistiendo en rebajar la investigación de Peinado en una mera campaña para desgastar a Pedro Sánchez. Una idea que ya marcó el propio presidente del Gobierno justo después de conocerse la apertura de diligencias contra su mujer en una carta a la ciudadanía en la que anunciaba que se tomaba unos días de reflexión. Posteriormente, Sánchez presentó una denuncia por prevaricación en contra de Peinado que acabó en archivo.
Dos días después de la declaración de Gómez
Las denuncias del juez llegan tan solo dos días después de tomar declaración, el pasado miércoles 10 de septiembre, a la mujer del presidente del Gobierno.
Begoña Gómez fue citada este miércoles por el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, para declarar como investigada por un delito de malversación por la contratación de su asesora Cristina Álvarez. Varios correos electrónicos aportados al sumario muestran como la propia Álvarez gestionaba la recaudación de los patrocinios de empresas para la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense que la propia Begoña Gómez dirigía.
Pero la esposa del presidente del Gobierno, se limitó a describir las funciones de su asesora en Moncloa en sede judicial aunque ha reconocido que le hizo favores «excepcionalmente».
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirmaron que «Begoña Gómez sólo ha contestado a las preguntas formuladas por su abogado Antonio Camacho. La esposa de Sánchez se ha limitado describir las funciones y responsabilidades de Cristina Álvarez. La comparecencia apenas duró dos minutos».