Homer Simpson decía que la gente se inventaba estadísticas para demostrar cualquier cosa. «¡El 14% lo sabe!«. No hace falta remitirse ni a Nietzsche ni a Foucault para recordar que la interpretación que el poder hace de los datos cala en la opinión pública y la moldea a su antojo.
Por ello, todo Gobierno necesita disponer de un relato coherente al que anclar su discurso. En el caso del de Sánchez, este se articula sobre la presentación de visiones optimistas del porvenir de la economía, del mercado laboral y de la seguridad ciudadana, aunque ello implique poner el CIS a su servicio y falsear datos del PIB, del IPC, del paro, de la vivienda o del crimen.
Si los números no acompañan al relato, la mejor forma de controlar la narrativa intacta es reinterpretar los resultados en beneficio propio. Y, si eso no funciona, modificar las metodologías de cálculo que obtienen esos datos introduciendo nuevas variables que los hagan encajar.
Diferencia en la estimación de voto propuesta por el CIS (tabla izquierda) respecto a la media del resto de encuestadoras.
Cristina Villarino
E. E.
«Nada hay más sagrado en investigación que la metodología, y no hay mayor pecado que no usarla, usarla mal o cambiarla a placer», sentencia el director de SocioMétrica Gonzalo Adán. El experto apunta hacia España y su Centro de Investigaciones Sociológicas como ejemplo paradigmático.
Este jueves, el CIS situó al PSOE como hipotético ganador de unas elecciones generales con un 32,7% de intención de voto, nueve puntos por delante del PP. Sin embargo, la media del resto de encuestadoras sumó para el PSOE un 26,58 % y un 33,55 % para el PP, lo que supone que el CIS le da 6,12 puntos más a Sánchez y le resta 9,85 al líder de la oposición.
Ni siquiera la encuesta de 40db de septiembre para El País, que tiende hacia la benevolencia con el Ejecutivo, le daba un resultado favorable, ya que redujo su estimación de voto a un 27,7 %.
Las encuestas de estimación de voto del CIS han sido objeto de una fuerte polémica desde 2018, cuando el acérrimo militante socialista José Félix Tezanos fue colocado en la dirección.
Desde su llegada, el CIS ajusta tanto el método de muestreo como la ponderación y la presentación de resultados para sobrerrepresentar sistemáticamente al bloque de izquierdas en sus proyecciones electorales.
Tezanos modificó el tradicional sistema de estimación electoral sustituyéndolo por su propio modelo, el Alaminos-Tezanos, que introduce parámetros opacos que luego se cocinan y prescinde del llamado ‘recuerdo de voto’.
Esta última variable es importante, pues consiste en preguntar a los votantes a qué partido o candidato recuerdan haber dado su confianza en la elección anterior con el fin de ajustar o ponderar los resultados.
Si una encuesta recoge, por ejemplo, que un 45% dice haber votado al PSOE cuando en realidad sacó el 28%, eso indica que la muestra estaría sesgada hacia votantes socialistas y debería ser corregida.
Tras 40 años de estabilidad, el CIS cambió el sistema para pasar de procedimientos basados en ponderaciones por recuerdo de voto a una mera regla de tres, proporcionando al PSOE un voto estimado muy por encima de lo que le hubiera correspondido con la metodología tradicional.
El presidente del Centro de Estudios Sociológicos (CIS), José Félix Tezanos, presenta ‘Pedro Sánchez. Había partido: de las primarias a la Moncloa’, en el Círculo de Bellas Artes, a junio de 2022.
Carlos Luján
Europa Press
«Desde su llegada al CIS, hasta hoy, los cambios, sin lógica alguna, han sido la norma. Se han aplicado y desaplicado modelos sin explicación más allá de rebautizarlos de forma alambicada bajo títulos como: ‘voto más simpatía‘, ‘voto directo en la encuesta‘, ‘datos directos de opinión‘, pero que no representan un modelo de estimación de voto», añade Adán.
También señala que ha habido una manipulación de las preguntas según la conveniencia del Gobierno, lo que rompe las series históricas, y que se ha cambiado la periodicidad de trimestral a mensual de forma injustificada. Además, han variado los tamaños de la muestra y la forma de presentar los resultados.
Por ejemplo, en marzo de 2020 se manipuló la serie histórica al preguntar sobre la situación económica de España con la coletilla ‘al margen del coronavirus’. Un enunciado que, desde la fundación del CIS, siempre se había formulado de la misma forma. Romper una serie histórica siempre daña la estadística, pues impide mantener una continuidad y comparar los datos.
Al asalto del INE
No es la primera vez que el Gobierno trata de modificar la metodología de un organismo público en su propio beneficio. Tras su ‘asalto’ al CIS, el PSOE metió mano al Instituto Nacional de Estadística, responsable de la medición de indicadores como el PIB y el IPC.
En junio de 2022, el presidente del INE, Juan Manuel Rodríguez Poo, dimitió forzadamente tras su enfrentamiento con la entonces ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
El punto de fricción partió de las discrepancias a la hora de medir el desempeño de la economía española. El INE, cuya metodología está avalada por Eurostat, revisó a la baja el crecimiento del PIB del primer trimestre de 2022, del 0,3% al 0,2%. Calviño, sin embargo, como esperaba resultados mejores, cuestionó la validez del PIB como indicador.
La exministra argumentó que el medidor tenía dos carencias principales: por una parte, no reflejaba adecuadamente factores clave de progreso económico –medioambiente, digitalización y cohesión social– y, por otra, tenía cierto retraso por su carácter trimestral.
Ante estas supuestas limitaciones, el Ministerio de Asuntos Económicos desarrolló un «indicador diario de actividad» paralelo, no supervisado por Eurostat, basado en la información sobre gastos con tarjetas bancarias, patrones de movilidad a partir de datos de operadores de telecomunicaciones o flujos de afiliación diaria a la Seguridad Social.
A consecuencia de las presiones de Calviño y de su cuestionamiento públicos, Rodríguez Poo acabó dimitiendo. La Asociación de Estadísticos Superiores del Estado denunció la situación como «preocupante» y señaló la falta de confianza gubernamental.
Los estadísticos advirtieron que aquel movimiento «podría ser interpretado por la sociedad como un ataque a la independencia del INE» y recordaron que «la metodología de las estadísticas es rigurosa, pública y está avalada por Europa».
Para el economista José Ramón Riera este movimiento esconde una orden muy clara por parte del Gobierno. «Se cambió al presidente del INE porque no hacía caso a Calviño. Ella quería reducir la inflación como fuera. ¿Qué pasó? Que cuando Elena Manzanera llegó a la presidencia del Instituto Nacional de Estadística [agosto de 2022], empezó a haber ajustes de ponderaciones».
Estos cambios, aunque formalmente justificados por la normativa europea y por el cambio en hábitos de consumo, ayudaron a rebajar artificialmente el índice de inflación medido oficialmente, lo que para Riera podría ser un ejemplo de ‘cocina estadística‘ intencionada.
Cómo retorcer el PIB y el IPC
El economista Javier Santacruz explica que hay que diferenciar entre cambiar el método de cálculo de las magnitudes y hacer la revisión estadística de datos previamente publicados. Tras la llegada de Manzanera, el INE no pudo modificar la estadística al estar supervisada por Eurostat, pero sí introducir nuevos datos que afectaran al cálculo del PIB.
«Empezaron a contabilizar de golpe los fondos europeos. Eso fue una trampa, porque hizo que engordaran las cifras de inversión«. La inversión privada, que estaba por debajo del nivel prepandemia, «de pronto estaba en cuatro o cinco puntos por encima».
Después aplicaron cambios en las estadísticas de comercio exterior y en las del consumo público, aunque su impacto fue menor. No obstante, se produjo un aumento artificial del PIB, en especial tras sumar de golpe los fondos europeos a la estadística.
José María Rotellar, director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, considera que el Instituto «ha introducido unas revisiones estadísticas muy volátiles» que tacha de anomalía.
«Es habitual que haya revisiones hacia arriba o hacia abajo y que el dato del PIB, en contabilidad nacional, tarde entre tres y cuatro años en asentarse. Lo extraño es la magnitud de los cambios».
La introducción de estas nuevas variables, que se hizo en septiembre de 2024, provocó que el INE arrastrara la revisión los datos desde el año 2021, lo cual «supuso modificar de golpe la economía española en 35.000 millones de euros«. Entre los tres años, se corrigieron al alza cerca de 77.000 millones de euros en el PIB nominal.
Santacruz señala que el Gobierno también metió mano en el IPC al «modificar el peso de los alimentos frescos y la energía» para reducir la inflación. En el caso de la electricidad, antes sólo contaba el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), pero la mayoría de consumidores tenía tarifa fija, y justo en el momento del cambio ésta era más baja que el PVPC.
Al sumar los datos de precios fijos, la inflación oficial fue inferior a lo real. Además, la cesta de la compra se empezó a considerar el precio de los mayoristas y no sólo lo que paga el cliente en el supermercado, lo que también rebajó la cifra.
Los alimentos, que antes pesaban un 22% en el IPC, pasaron a pesar un 18%. La energía, que tenía un peso del 18%, se redujo al 14%. «Lo más adecuado habría sido mantener dos series correlativas –una con la ponderación antigua y otra con la nueva–, pero no se hizo», añade Riera.
«Es fácil decir que creces el triple de la media europea cuando tus cifras de crecimiento son menores. Y, sobre todo, cuando son menores porque tienes dos partidas, como la inversión general y el consumo público, sobre las que has intervenido. Se genera una sensación de falsa bonanza«, añade Santacruz.
Otra trampa que aplica el Gobierno es presentar los resultados mejor de lo que realmente son. «La economía española sí ha crecido por encima de la media europea», considera María José Fernández, economista senior del think tank Funcas. Sin embargo, insiste en que esa afirmación recoge muchos matices.
«Aunque estamos por encima, no somos el país que mejor lo ha hecho. Una cosa es cómo crece el PIB total y otra muy diferente cómo crece el PIB per cápita«. Este último es el que mide de verdad el nivel de vida de la población y el que el Gobierno, convenientemente, olvida mencionar.
Según los datos de Eurostat de 2024, que recoge los de los países de la UE y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), el PIB per cápita español fue de unos 27.740 euros, un 21% menos que el promedio comunitario. Y la diferencia se eleva al 32% si la comparación se hace con la media de la zona euro.
«Nuestro PIB total ha aumentado porque tenemos más población que la media europea. Pero si aumenta la tarta al tiempo que el número de comensales, el trozo que le toca a cada uno no mejora. Por eso la percepción social del crecimiento es tan tibia. A eso se le suma que muchos inmigrantes han ocupado puestos de trabajo en sectores donde la gente nacional no quería trabajar y la renta generada ha ido a ellos y no al resto de la población».
Dopados de fijos discontinuos
Para el economista Daniel Lacalle una de las manipulaciones más graves y flagrantes se encuentra en los datos de empleo. «Las cifras de agosto han sido un absoluto desastre. No podemos decir que hay un récord de empleo porque no se contabilizan como parados a los fijos discontinuos inactivos».
Lacalle señala que la afiliación se ha desplomado en el mes de agosto en 199.300 personas, el tercer peor dato en 17 años. El paro subió en 21.905 personas y tiene 830.000 fijos discontinuos inactivos. Además, se han perdido 15.000 autónomos entre julio y agosto.
El economista considera que, al presentarlas, el Gobierno transforma las normativas y estadísticas para reducir el impacto de los resultados reales. «El Gobierno de Sánchez ha utilizado una figura, el fijo discontinuo, diseñada como un mecanismo de transición entre el empleo temporal y el fijo, para esconder una cantidad desproporcionada de desocupados que no aparecen en las listas oficiales».
María José Fernández refuerza este argumento al considerar que la irrupción de los fijos discontinuos tras la reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz «genera una ruptura en la serie histórica» que provoca que «no se puedan comparar fácilmente los datos de paro registrados de antes y de después».
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 29 de julio de 2025.
Eduardo Parra
Europa Press
Ahora, quienes tienen un contrato fijo discontinuo y no trabajan, pueden no formar parte de la estadística de paro registrado. Antes, sí. Por eso considera que la Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora el INE, debe ser «la referencia», y no los datos que ofrece el Gobierno.
Las cifras de paro registrado del SEPE «siempre han sido una estadística deficiente, con mucha cocina«, y los grupos incluidos como parados en el SEPE no responden a la definición oficial, internacional y europea de desempleado; es decir, estar sin trabajo, disponible para trabajar de forma inmediata y buscar empleo activamente.
En la EPA se pregunta por las formas de búsqueda de empleo y, en función de las respuestas, se determina si la persona es activa o inactiva. En el paro registrado, en cambio, se mezclan y excluyen grupos a discreción, sin atender a la definición homogénea. Esto facilita que se utilice la cifra que más convenga con fines eminentemente partidistas.
«Los contratos indefinidos ahora son utilizados con característica de temporal. Se contrata 4 o 5 meses de forma indefinida a alguien y luego se le despide. Los indefinidos han aumentado su rotación respecto a antes de la reforma laboral», concluye Rodríguez.
El economista y empresario José Ramón Riera ejemplifica la distorsión entre fijos discontinuos y quienes perciben ayudas: «Hay cinco provincias y dos comunidades autónomas donde se están pagando más prestaciones por desempleo que parados registrados. En Baleares, en julio, se pagó a un 104% de parados; en Huelva, a un 143%; en Almería, al 115%. Estas cifras se dan especialmente en lugares afectados por la estacionalidad«.
«El paro, a 31 de julio, bajó un 5,7% respecto a julio del año pasado, pero el gasto en prestaciones por desempleo subió un 6,8%. ¿Cómo se explica? Los datos están distorsionados voluntariamente. Es hacerse trampas al solitario».
La ‘ilusión’ del IRAV
Tras tocar el INE y manipular los datos del paro, llegó la vivienda. Fuentes de Idealista, principal portal inmobiliario de España, explican que el mercado del alquiler fue, durante muchos años, un tema marginal al que el Gobierno apenas prestaba atención. Durante más de una década, sus datos fueron la única fuente estadística sobre los precios del alquiler al ser una de las referencias más consistentes del mercado.
El problema que presenta hoy la vivienda, explican, es que hoy muchas de las que se encuentran en alquiler no se cierran al precio que aparece anunciado en los portales. Debido a la fuerte demanda y a la escasa oferta, se producen pujas entre inquilinos: varias personas interesadas ofrecen subir el precio para asegurarse el contrato. Esto provoca que, en la práctica, la renta final pagada por el inquilino sea mayor.
El Ministerio de Vivienda ha encontrado en esta subida de los precios de alquiler un problema para su discurso oficial: si los informes públicos muestran que sus medidas logran contener el mercado, las cifras privadas de Idealista evidencian lo contrario, especialmente tras la pandemia.
Hasta 2024, las subidas anuales del alquiler en España se calculaban normalmente usando el IPC. Sin embargo, para proteger a los inquilinos frente a la fuerte inflación, el Gobierno limitó estas subidas: primero, los contratos sólo podían aumentar como máximo un 2%; luego el tope se elevó al 3%.
En diciembre de 2024, el Gobierno se sacó un conejo de la chistera, el IRAV (Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda), de obligatoria aplicación en toda España desde 2025 al ser incluido en la Ley de Vivienda. Con este nuevo índice, las rentas ya no se actualizaban según el IPC, sino siguiendo una fórmula específica definida por el Gobierno.
El problema es que, a diferencia del IPC, el IRAV índice se constituye a partir de parámetros opacos, conocidos sólo como Alfa y Beta, definidos por distintos departamentos ministeriales. Su cálculo hace que el IRAV se fije habitualmente por debajo de la inflación real.
Por ejemplo: si esta es de un 2,8%, el IRAV termina estableciendo la subida en torno al 2%; si la inflación es del 3%, el IRAV ronda el 2%. Así, se consigue que los incrementos en los alquileres sean más suaves, favoreciendo a los inquilinos.
Aunque el Gobierno tiene transferidas gran parte de las competencias de vivienda a las comunidades autónomas –como, por ejemplo, la declaración de zonas tensionadas–, medidas como el IRAV son de aplicación estatal y suponen una suerte de ‘regulación por decreto’.
Este mecanismo es altamente dañino porque reduce de forma artificial los ingresos de los propietarios, que no pueden trasladar la inflación a las rentas mientras sus costes sí aumentan. A medio plazo, provoca que muchos prefieran no alquilar, recurrir sólo a contratos familiares o directamente vender sus inmuebles.
Ese trasvase ha reducido significativamente el parque de vivienda en alquiler y ha convertido buena parte de esas casas en viviendas en venta: en 2024 se transaccionaron más de 700.000 en España, cuando en el mismo año se iniciaron apenas 100.000 viviendas de obra nueva.
Además, el uso del IRAV incentiva a los propietarios a fijar los precios iniciales más altos para cubrirse ante la pérdida de poder adquisitivo durante los años que dure el contrato. Esto, combinado con la falta de stock disponible, termina subiendo aún más los precios del alquiler.
Robar… ¿igual que violar?
Otro de los indicadores a los que ha metido mano el equipo de Pedro Sánchez tiene que ver con la criminalidad. La estadística ha sido siempre el caballo de batalla de la época de Marlaska contra la Guardia Civil, la Policía Nacional e Instituciones Penitenciarias.
El departamento de Seguridad Nacional publicó hace una semana el documento Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025, donde se reconocía de forma velada que se había producido un incremento de la «violencia» y la «inseguridad» en España.
Días después, el Ministerio del Interior publicó los últimos datos trimestrales de criminalidad de 2025. Dato mata relato. Estos desmentían el discurso triunfalista de Marlaska y revelaban, a su vez, un aumento de los delitos más graves.
Es decir, homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa (+11,6% respecto al trimestre anterior), lesiones y riñas tumultuarias (+4,1%), secuestros (+8,2%), delitos contra la libertad sexual (+5,3%), y agresiones sexuales con penetración (+7,0%).
Si bien el cómputo total de crímenes bajó un 0,9% intertrimestral, lo que da la razón a Interior, todos los delitos graves, salvo los asesinatos consumados (-8,6%), fueron en aumento.
Alberto Rodríguez, coordinador del Grupo de Criminología aplicada a la Función policial del Colegio Profesional de la Criminología de Madrid (CPCM), lo resume así: «La situación es muy preocupante, ya que en los últimos 8 años las violaciones se han multiplicado por 4, los delitos sexuales en general se han duplicado, y delitos como los homicidios, el tráfico de drogas o las lesiones y riñas tumultuarias se han incrementado entre un 50 y un 75%».
El representante del CPCM incide, además, en la ‘cifra negra‘, los delitos que no se denuncian: «La criminalidad real se obtiene de sumar los datos estadísticos que da el Ministerio del Interior a la cifra negra. Esta se puede conocer con encuestas de victimización, pero es algo que no se hace en ningún sitio de España salvo en Cataluña«.
JUPOL, sindicato de la Policía Nacional, considera que el Gobierno se agarra a todos los índices que sí han bajado, como los hurtos, para señalar que la criminalidad está descendiendo. «Pero sabemos que los datos de Interior tienen más cocina que la de Tezanos«.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 10 de septiembre de 2025.
Carlos Luján
Europa Press
Las fuentes recuerdan que en el recuento total de los datos de criminalidad cada delito computa como uno, sin ponderar su gravedad o su impacto social. Por ejemplo, un hurto de un teléfono móvil tiene la misma importancia que un homicidio o una violación.
El sindicato respalda sus críticas con cifras: desde que Sánchez llegó al poder en 2018, los homicidios dolosos y asesinatos consumados han subido un 12,98% (de 308 en 2017 a 348 en 2024), los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa pasaron de 799 a 1.343, un 68% más, y los delitos de agresión sexual con penetración saltaron de 1.382 a 5.206, un 276%.
Sobre este último aspecto, cabe matizar que, antes de 2024, los delitos de violación se dividían entre «agresión sexual con penetración» y «abuso sexual con penetración«, lo que dispersaba los casos entre dos estadísticas.
A partir de la Ley del Sí es Sí, ambos delitos quedaron englobados bajo una sola categoría («agresión sexual con penetración«), y todas las denuncias pasaron a sumarse en un único bloque.
El falseo de los datos de prisiones
No es el único dato que no casa con la realidad. Interior también ha falseado, por ejemplo, los de los presos que huyen tras un permiso. Las cifras reales, 873 en junio de 2025, duplican las facilitadas oficialmente, que son 454 en el primer semestre.
Este desfase se debe a que en las respuestas oficiales no se incluían todas las modalidades de permisos y salidas legales, como terapias, consultas médicas o permisos extraordinarios.
Entre 2019 y 2024, el número total de internos que no volvieron tras un permiso ascendió a 4.570, muy por encima de lo admitido en informes anteriores.
Marlaska también ha defendido la eficacia de la reinserción penitenciaria, pero los datos obtenidos por Transparencia muestran que, en los últimos cinco años, cerca de la mitad de los internos que ingresa en prisión ya había estado encarcelado. Según sindicatos penitenciarios, la estadística oficial «cocina» los datos y no refleja la realidad diaria en los centros.
Además, denuncia Rodríguez, desde finales de 2022 Interior empezó a presentar la delincuencia «convencional» por un lado y la «ciberdelincuencia» por otro en los balances oficiales. Esto permite al Gobierno destacar un supuesto descenso en el total de delitos convencionales mientras la suma real –que incluiría los ciberdelitos– muestra un fuerte incremento desde 2017.
Gracias a esta división, en 2017 Interior reportó 2.013.534 infracciones penales, mientras que en 2024, tras el cambio, había 1.989.271. Sin embargo, al sumar los delitos provocados por el cibercrimen, 470.388, el cómputo global asciende a 2.459.659, un 22% más en su totalidad.
Toda esta suma de interpretaciones y reinterpretaciones de los datos, añadidas a los cambios metodológicos o estadísticos descritos, evocan, de nuevo, aquella frase de Homer Simpson: «La gente se inventa estadísticas para demostrar cualquier cosa«.
Retorcer los datos del PIB, el IPC, el paro, el crimen o transformar las metodologías clásicas utilizadas por el CIS tan sólo confunden a la opinión pública y crean una sensación de «falsa bonanza». Ningún Gobierno de la democracia ha destinado tantos recursos y puesto tanto empeño en alterar la estadística para generar una profecía autocumplida.