El creciente activismo de una parte de la judicatura lleva años presentando a España como un país comparable a la Polonia de los populistas de Libertad y Justicia (PiS) o la Hungría de Viktor Orbán en términos de separación de poderes e independencia judicial. Esa crisis sistémica de la democracia española que dibujan tres de las cuatro principales asociaciones judiciales —las cuales han llegado a pedir a Bruselas que sancione a España con la pérdida de los fondos europeos que le corresponden— no ha calado en los organismos internacionales que evalúan nuestro Estado de derecho. Según la unidad de inteligencia de The Economist, España seguía siendo en 2024 una de las 25 «democracias plenas» del planeta, por delante de Italia o Bélgica. Sin embargo, este mensaje apocalíptico obliga al Gobierno a explicarse ante cada examen. Este lunes, lo hizo ante la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa, que viene a analizar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Agenda Pública ha podido ver el informe que presentó el ministerio en esa reunión del pasado lunes.
La visita de una delegación de la Comisión de Venecia se produce meses después de que el CGPJ cumpliera en febrero con el mandato legal que se le impuso con la última renovación, pactada por PSOE y PP en junio de 2024. La ley que acompañó al nombramiento de nuevos vocales incorporaba una obligación adicional: el nuevo Consejo debía presentar en seis meses desde la aprobación de aquella ley una propuesta de reforma en el procedimiento de elección de los vocales de origen judicial, que debía ser elevada al Gobierno, al Congreso y al Senado para que elaboraran un proyecto o proposición de reforma del sistema. Esta reforma legislativa debía ser valorada positivamente por el Informe sobre el Estado de derecho de la Comisión Europea, que tendría que comprobar que era «acorde con los mejores estándares europeos» relativos a este tipo de órganos. En cumplimiento de dicho mandato, el Pleno del CGPJ, el pasado mes de febrero, aprobó por unanimidad un informe en que se contenían dos propuestas de reforma sobre la selección de los doce miembros de ese órgano procedentes de la judicatura. La de los conservadores defendía que fueran los jueces los que eligieran directamente a esos doce vocales judiciales. Los progresistas, que el Congreso y el Senado, con un sistema con mayor participación de la carrera judicial, sigan siendo los órganos que nombren a los candidatos procedentes de la carrera.
«La Comisión de Venecia es un órgano del Consejo de Europa al que los vocales del PP han propuesto para hacer un nuevo examen internacional al Gobierno»
En las negociaciones para llegar a ese acuerdo, los vocales a propuesta del PP exigieron que no solo la Comisión Europea valorara las propuestas, como estableció la ley, sino también la Comisión de Venecia. Esta comisión es el organismo evaluador que, junto al Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco), también del Consejo de Europa, más insistentemente ha recomendado a España que los 12 vocales de extracción judicial sean elegidos directamente por sus compañeros sin ninguna intervención del Parlamento. La derecha judicial ha conseguido así imponer un nuevo examen internacional al Gobierno, que es mucho más favorable a la tesis progresista: que sigan siendo las Cortes, y no la judicatura, las que tengan la última palabra sobre estos nombramientos para garantizar la pluralidad en el órgano de gobierno de los jueces.
Para ello, el Ministerio de Presidencia y Justicia, que dirige Félix Bolaños, ha elaborado un informe al que ha tenido acceso en exclusiva Agenda Pública. El informe explica las razones de la preferencia del Ejecutivo por continuar con el modelo actual. Este modelo es un sistema que, en sus líneas generales, permanece vigente desde 1985 y que, tras el paso de sucesivos Gobiernos del PSOE y del PP, apenas se ha modificado. El documento defiende que la principal razón para continuar con él es el principio democrático: «La intervención del Parlamento dota de legitimidad democrática a ese órgano de naturaleza constitucional», sostiene el Ejecutivo. «La elección parlamentaria de los vocales judiciales garantiza que el Consejo no se convierta en una estructura de autogobierno corporativo, ajena al escrutinio ciudadano». Porque el CGPJ, prosigue, ejecuta facultades de gobierno como los nombramientos o la facultad disciplinaria, y tiene, además, potestad de aprobar reglamentos dentro de sus competencias.
«Según el Gobierno, la jurisprudencia establece que no existe un estándar por el cual los jueces deban elegir a los jueces»
El informe del Gobierno para la Comisión de Venecia recuerda, además, que el modelo actual de elección de los vocales judiciales por el Parlamento se ratificó mediante un pacto de Estado firmado en 2001, bajo el mandato de José María Aznar (PP), por los dos principales partidos (PSOE y PP), con el apoyo de todos los grupos nacionalistas. Además, cuenta con el aval del Tribunal Constitucional que, en repetidas ocasiones, lo ha considerado conforme a la norma fundamental. También está de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, en los casos en los que se ha pronunciado sobre este tipo de órganos, ha constatado que no existe un solo modelo en la UE —países como Alemania o Austria, con cifras altas de confianza en la justicia, carecen de Consejo—. «De la jurisprudencia de este tribunal, que es vinculante para España, no se desprende un estándar según el cual ‘los jueces deben elegir a los jueces'», sostiene el Ejecutivo. «Solo impone una obligación de resultado: que el órgano sea independiente».
Sobre los sucesivos informes sobre el Estado de derecho de la Comisión Europea de los últimos años, el documento recuerda que en los de 2021, 2022 y 2023, la mayor preocupación fue la falta de renovación del CGPJ, que permaneció bloqueado por el PP durante más de cinco años. Bruselas constataba que «algunas asociaciones» —las de derechas— habían solicitado que se cambiara el sistema para que fueran los jueces los que eligieran directamente a doce vocales, pero en ningún caso se establecía que el modelo vigente de renovación parlamentaria afectara a la independencia o imparcialidad del órgano. Tampoco que comprometiera la independencia de los jueces o vulnerara cualquier principio esencial del Estado de derecho. Las ediciones de 2024 y 2025 fueron mucho más favorables a España debido al acuerdo para nombrar a los nuevos vocales del órgano de gobierno y a la designación por este de la práctica totalidad de los puestos judiciales que quedaron vacantes por culpa del bloqueo.
En el ámbito del Consejo de Europa, el Gobierno se refiere a las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos y las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que, como las del TJUE, son de obligado cumplimiento para España. Pero ni el Convenio ni la jurisprudencia del tribunal de Estrasburgo establecen un modelo único de Consejo y reconocen el derecho de cada Estado a elegir su modelo, siempre con la misma exigencia que impone la UE: que el sistema garantice la independencia judicial. La preferencia por la elección judicial de los vocales procedentes de la carrera solo se recoge en las recomendaciones de la Comisión de Venecia y en la del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que no son vinculantes. Ambos organismos constatan que no pretenden armonizar las legislaciones de los Estados miembros y que existen países democráticos que ni siquiera tienen Consejo, en los que los jueces los nombra el Ejecutivo o el Legislativo y cuentan con un Poder Judicial independiente.
«Informes no vinculantes como el de Greco sostienen su preferencia por la elección vía judicial, pero no dudan en ningún caso de la independencia de los jueces»
La misma línea han seguido los sucesivos informes del Greco, que tampoco son vinculantes. El organismo, como la Comisión de Venecia, recomienda cambiar la elección parlamentaria y optar por la judicial, pero, al contrario de lo que sostienen las asociaciones judiciales de derechas en España, es taxativo: «Esto no quiere decir que se ponga en tela de juicio la independencia de los jueces; el Greco ha sido muy claro a este respecto y desea volver a serlo: no cabe duda de la independencia e imparcialidad de los jueces en el desempeño de sus funciones».
Las alegaciones del Gobierno ante la Comisión de Venecia se refieren también expresamente a los casos de Polonia y Hungría, los países con los que, sistemáticamente, las asociaciones judiciales de derechas comparan a España en términos de independencia judicial. Sobre el primero, el informe recuerda que el anterior Gobierno de Mateusz Morawiecki (PiS) modificó mediante ley el sistema de elección de vocales del Consejo de ese país establecido en la Constitución con la inmediata sustitución de los que entonces ocupaban el cargo. Esa reforma, además, solo fue una de las puestas en marcha por el Ejecutivo para hacerse con el control efectivo del Poder Judicial. También cambió la legislación del Tribunal Supremo o la organización de los tribunales ordinarios. La maniobra autoritaria provocó la apertura por Bruselas de un expediente de sanción debido al «riesgo de violación grave del Estado de derecho». Además, Varsovia fue advertida por el TJUE, el TEDH y por la propia Comisión de Venecia, que aseguró que la reforma «conduciría a una politización de gran alcance del órgano».
La UE también abrió en 2018 un expediente de sanción contra la «democracia iliberal» del primer ministro húngaro, el prorruso y euroescéptico Viktor Orbán. En este caso, el Gobierno del ultraderechista Fidesz desapoderó al Consejo Judicial húngaro de sus funciones a través de otro organismo, la Oficina Judicial Nacional, dependiente directamente del Parlamento y el Gobierno, dominados ambos por el partido de Orbán. El informe elaborado por el Ejecutivo español para la Comisión de Venecia recuerda que ninguno de esos dos casos —ni el de Polonia, ahora corregido por el nuevo primer ministro Donald Tusk, ni el de Hungría— es comparable con las recomendaciones que los sucesivos informes del Estado de derecho de la Comisión hacen para otros países de la Unión, como España.
Durante los dos días (lunes y martes) la delegación de la Comisión de Venecia ha mantenido encuentros con vocales del Poder Judicial, representantes de las cuatro asociaciones judiciales —las conservadoras Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, y la progresista Juezas y Jueces para la Democracia— y varios expertos. También y con dirigentes de los principales grupos parlamentarios.