El Congreso de los Diputados ha instado este miércoles al Gobierno a derogar la ley de vivienda que aprobó en 2023 con el objetivo de contener la escalada de precios en los alquileres. De nuevo, se constata en una votación la debilidad parlamentaria del … Ejecutivo, con PSOE y Sumar rechazando esta propuesta, y la existencia de una mayoría alternativa, políticamente a la derecha, en la que han vuelto a sumar fuerzas PP, autor de la iniciativa, Vox, Junts y UPN.
Con 176 votos a favor y 170 en contra, ese primer punto de la moción consecuencia de interpelación, que planteaba medidas concretas contra la crisis de la vivienda en España, ha salido adelante por mayoría absoluta. Otra vez es Junts quien se desmarca del bloque de socios de investidura y quien facilita una derrota parlamentaria del Gobierno, como sucedió este martes con la ley para crear una oficina anticorrupción propuesta por Sumar y, de forma más sonada, la semana pasada con el naufragio de la reducción de la jornada laboral, medida estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Se da la circunstancia, además, de que esta misma mañana, en la sesión de control del Congreso al Gobierno, Sánchez presumía de las bondades de la ley de vivienda, que, aseguraba, «permite tener palancas para luchar contra la subida de precios de alquileres». Su discurso no convence a la mitad del arco parlamentario, que lejos de secundar sus palabras, le ha pedido formalmente esta tarde que derogue esa norma. Si bien las mociones no tienen carácter vinculante y legalmente no obligan a nada al Ejecutivo, sí constituyen una petición del Parlamento y sirven para visibilizar la existencia de una mayoría que quiere avanzar en una dirección.
Desde que se aprobó la ley de vivienda en 2023, los precios de los alquileres y la compra de inmuebles no ha dejado de subir, si bien es cierto que el diagnóstico difiere entre la izquierda y la derecha. El Gobierno culpa a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de no aplicarla —ellas son las competentes en la materia— y la derecha acusa al Ejecutivo de provocar inseguridad jurídica y desincentivar la oferta. Sánchez, de hecho, ha aseverado este miércoles que la ley se está aplicando «donde las comunidades quieren», en un dardo a los populares.
Pero mantenía ese discurso en una respuesta, precisamente, a la portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, quien le había recordado justo antes que la vivienda, con él en el Gobierno, ha pasado a ser la primera preocupación nacional. Algo que reflejaba la encuesta de GAD3 para ABC publicada este fin de semana. Horas después, llegaba el tercer varapalo de la derecha separatista en apenas ocho días.
«Una contención de precios»
La ley de vivienda establece unos indicadores para que las comunidades autónomas puedan declarar zonas tensionadas y limitar el precio de los alquileres, pero lo cierto es que no se aplica en ninguna de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. En Barcelona, según Sánchez —en Cataluña gobierna el PSC—, sí se ha logrado «una contención de precios».
En el resto de los puntos de la moción, cal y arena. El PP ha sacado adelante el segundo punto —que pedía aprobar ayudas fiscales para que los jóvenes accedan a su primera vivienda— con división en el Gobierno —el PSOE ha votado a favor y Sumar, en contra—; pero ha visto cómo los otros dos, para facilitar la construcción y para tomar medidas contra la ocupación ilegal, han sido rechazados. El de los okupas, también por sorpresa, porque la propia Nogueras le había pedido esta mañana a Sánchez que encare este tema.