La Unión Ciclista Internacional (UCI) se ha visto envuelta en una inesperada polémica tras el anuncio de la Autoridad de Competencia de Bélgica (BCA), que el 19 de septiembre comunicó la apertura de una investigación sobre la adopción de un nuevo estándar técnico: la limitación del desarrollo máximo en las pruebas profesionales de carretera.
El foco está puesto en el test que se llevará a cabo en el próximo Tour de Guangxi, previsto del 14 al 19 de octubre. Dicha prueba piloto fue comunicada por la UCI el pasado 20 de junio y refrendada el 3 de julio, después de que el Comité de Dirección de la federación aprobara en su reunión de junio el protocolo específico que permite su aplicación. La idea surgió de SafeR, la plataforma que reúne a representantes de ciclistas, equipos, organizadores y la propia UCI, con el objetivo de reforzar la seguridad tanto en el ciclismo masculino como en el femenino.
Lo que más ha sorprendido a la entidad presidida por David Lappartient es la forma en que se ha hecho pública la investigación. La UCI asegura que todavía no ha recibido notificación formal alguna de la denuncia y lamenta las “inexactitudes” contenidas en la nota difundida por la autoridad belga. Entre ellas, recalcan que nunca se ha hablado de introducir cambios inmediatos en el reglamento, sino de analizar los resultados de este ensayo antes de decidir si en 2026 procede continuar con más pruebas o incluso plantear modificaciones normativas.
El comunicado del regulador belga tampoco menciona, según la UCI, la esencia del test: explorar fórmulas que reduzcan riesgos para los corredores. “La seguridad de los ciclistas es una prerrogativa fundamental de cualquier organismo deportivo”, recuerdan desde Aigle.
Convencida de que su iniciativa se ajusta plenamente a la legislación europea y belga en materia de competencia, la UCI sostiene que el derecho de la competencia no debe utilizarse para “rebajar” estándares regulatorios o de seguridad. En este sentido, insisten en que no se trata de una medida encaminada a alterar la igualdad competitiva entre equipos o marcas, sino de un proyecto de prevención y protección de los protagonistas de la carretera.
La federación internacional concluye reafirmando su voluntad de seguir trabajando con todas las partes implicadas a través de SafeR para mejorar la seguridad en el pelotón. Por ahora, no hará más comentarios sobre el procedimiento abierto en Bélgica, aunque lo sucedido anticipa un otoño movido en los despachos de un deporte que, de nuevo, vuelve a debatirse entre la innovación, la regulación y las tensiones jurídicas.