La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que este lunes ha arrancado la consulta pública previa del futuro Proyecto de Ley de Salud Digital, una norma que pretende establecer un marco jurídico común para la interoperabilidad y el uso ético y seguro de los datos de salud en el ámbito de la Unión Europea.
«Facilitará que la información sanitaria de todos los pacientes esté disponible allá donde se necesite sin importar el lugar de residencia, sea en otra comunidad autónoma o en otro país», ha subrayado García sobre la futura norma durante su intervención en un desayuno informativo organizado por la agencia de noticias Europa Press.
Inteligencia artificial y ‘big data’
La ley abordará el uso de las tecnologías digitales y establecerá las condiciones para el tratamiento de los datos personales de salud en el Sistema Nacional de Salud con fines de interés público. Entre otras cuestiones, regulará el uso de los grandes conjuntos de datos (o big data) en investigación y ensayos clínicos, favoreciendo su utilización en ámbitos como la innovación biomédica, la vigilancia epidemiológica o el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial, sin comprometer la confidencialidad de las personas.
También estipulará un reparto de responsabilidades, en el que las comunidades autónomas, como autoridades regionales de salud digital, estarán coordinadas por una autoridad nacional, asumida por el Ministerio de Sanidad, que representará a España en los órganos europeos y será responsable de garantizar la conexión con la red comunitaria.
«Es una ley que viene a reforzar la confianza en el uso de los datos de salud y establece un marco sólido de gobernanza», ha celebrado García, en cuyas palabras esta norma ayudará a «humanizar» y «desburocratizar» las consultas.
La consulta pública estará abierta hasta el próximo 20 de octubre y su objetivo es recabar observaciones y propuestas por parte de la ciudadanía, organizaciones y entidades interesadas en esta norma.
Negociaciones sobre el Estatuto Marco
La ministra ha defendido los avances «imprescindibles» que, a su parecer, recoge su propuesta de nuevo Estatuto Marco, entre los que ha nombrado la mejora de condiciones laborales, la reducción de la jornada laboral y la reducción de las guardias.
«Viene a modernizar después de 23 años un Estatuto Marco que se ha quedado obsoleto y que ha sido el que ha garantizado que haya podido haber abusos y precariedad entre los profesionales sanitarios», ha asegurado.
Preguntada sobre si los médicos deben tener un estatuto propio, García ha defendido que el Ministerio tiene que regular a todos los profesionales y ha instado a aquellos facultativos que quieran una norma propia a utilizar las otras vías disponibles para llevarlo a cabo, como una proposición de ley o una iniciativa legislativa popular.
La titular de Sanidad también ha aprovechado para recordar que temas como las retribuciones no se pueden incluir en el anteproyecto, porque, en sus palabras, «estaríamos invadiendo otras leyes y otras competencias».
Informe sobre el aborto
La ministra de Sanidad ha anunciado que su departamento está ultimando un informe para conocer el cumplimiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. «Podremos conocer lo agujeros, lugares o desiertos donde esta ley no se está llevando a cabo como nos gustaría», ha concretado.
En este sentido, García ha mostrado su voluntad de ampliar ese derecho «para que pueda realizarse en la sanidad pública».
«Debemos ser un país que concita la calidad de la prestación y se garantice que las mujeres puedan interrumpir voluntariamente el embarazo», ha apostillado.