La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha pedido la absolución del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, del presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «al no ser los hechos constitutivos de delito».
Es la misma postura que la número dos de la Fiscalía General ha defendido desde el principio del procedimiento y por ello, afirma, debería concederse la «libre absolución» de García Ortiz, para quien las acusaciones populares y particular piden entre cuatro y seis años de cárcel por la filtración a la prensa de un correo de la pareja de Ayuso en el que admitía en su nombre dos delitos fiscales.
En su escrito, la Fiscalía subraya que «ninguna intervención puede atribuirse» a García Ortiz en la divulgación de correos y que la información que aparecía en los mismos ya la conocían otras personas antes que el fiscal general.
Pide que González Amador y el jefe de gabinete de Ayuso declaren en el juicio contra el fiscal general
En el escrito, la magistrada además solicita a la Sala de lo Penal, que González Amador declare como testigo en el juicio que se va a celebrar contra el García Ortiz y que también lo hagan el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y el abogado de la pareja de Ayuso, Carlos Neira.
Estas peticiones se deben a que, según Sánchez Conde, el jefe de gabinete de Ayuso transmitió «a múltiples periodistas», el 13 de marzo de 2024, que el Ministerio Público había ofrecido un acuerdo a González Amador en la investigación contra él por presuntos delitos y que «antes de que el mismo pudiera responder, la misma Fiscalía había recibido órdenes ‘de arriba’ para impedir el acuerdo».
Además, a partir de esta información, salieron en medios de comunicación informaciones que «suponían atribuir al Ministerio Fiscal un comportamiento que se alejaba del adoptado en supuestos idénticos, que carecería de sustento legal y que le ocasionaba un evidente perjuicio».
Como «consecuencia», la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, contactó con el fiscal general y en base al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal pudo «constatar que no había habido ningún ofrecimiento de acuerdo por la Fiscalía». Al día siguiente, explica la Fiscalía, y «a instancias» de García Ortiz, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid emitió un comunicado «con hechos ciertos y acreditados, que desmentían las informaciones inveraces publicadas por algunos medios de comunicación y responsables públicos».
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Otros testigos solicitados por Sánchez Conde
La lista de testigos solicitados por Sánchez Conde la completan la fiscal superior de Madrid; el fiscal Julián Salto, con quien el abogado de González Amador intentó llegar a un pacto; la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que estuvo meses investigada hasta que la Sala de Apelación archivó la causa contra ella; periodistas de diferentes medios que han asegurado que sabían del pacto antes que el fiscal general y dos agentes de la Guardia Civil.