El 6 de marzo de 2024, dos diputados del Congreso pertenecientes a Sumar preguntaron por escrito al Gobierno sobre «la alarmante escasez de personal técnico» encargado de la instalación de las pulseras para maltratadores en Canarias. Aunque en las cuestiones no mencionaban posibles fallos, … sí advertían de que el déficit de personal «en la empresa concesionaria» en el archipiélago exponía a las mujeres «a riesgos inminentes» y comprometía la eficacia de los dispositivos. El Ejecutivo, que respondió un mes más tarde, se refirió a la sustitución de las pulseras que, dijo, estaba sucediendo en ese momento tras el cambio de la empresa adjudicataria de Telefónica a Vodafone. Concretamente afirmó que durante el proceso, no se estaba desinstalando ninguno de los antiguos dispositivos hasta que se comprobaba que los nuevos funcionaban correctamente.
En ese momento, y aunque en su respuesta el Gobierno no hizo ninguna alusión a que tuviera conocimiento de los fallos de las nuevas pulseras de los que ha advertido la Fiscalía, el Ministerio de Igualdad ya era consciente de los problemas que suscitaban los dispositivos. Tal como explicó el pasado sábado a ABC Ángeles Carmona, que fue presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta julio de 2024, ya en enero de ese año tanto ella como el entonces presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, se reunieron con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y su gabinete para transmitirles la preocupación por los nuevos dispositivos. Estos se habían cambiado después de que en la anterior legislatura el equipo de Irene Montero adjudicara la gestión a una unión temporal de empresas formada por Vodafone y Securitas.
«Como resultado del cambio de adjudicataria actualmente se está en proceso de sustitución progresiva de los dispositivos. En el marco de actuaciones de cooperación que se llevan a cabo se ha solicitado la colaboración de todas las instituciones implicadas para el cambio de dispositivos, puesto que la desinstalación del antiguo dispositivo y la instalación del nuevo podrá tener lugar en dependencias judiciales o policiales a los investigados/encausados, condenados y a las víctimas en su domicilio o el lugar que estas indiquen. No se desinstala el dispositivo actual hasta que se haya comprobado que todo funciona correctamente«, dijo el Ejecutivo en su respuesta, fechada el 12 de abril de 2024.
En su escrito, los diputados de Sumar Nahuel González y Engracia Rivera advertían al Ejecutivo sobre la empresa concesionaria, concretamente sobre la falta de personal técnico en la misma. Aseguraban que esta situación suponía «un retroceso en la calidad del servicio» y «un peligro para la integridad de las víctimas», por lo que pedían que se supervisara «adecuadamente» la labor de la empresa.
Son varias las preguntas que quedan por responder sobre el fallo de las pulseras. Para empezar, el Ministerio de Igualdad aseguró tras conocerse el escándalo que en «ningún momento el Poder Judicial advirtió» a la ministra Ana Redondo sobre el asunto. La expresidenta del Observatorio contra la Violencia sobre la Mujer Ángeles Carmona ya lo desmintió. Pero este lunes se unió también la actual presidenta del Observatorio, Esther Erice, que remitió una carta a la delegada del gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, en la que confirma que avisaron reiteradamente de los fallos de las pulseras antimaltrato.
Explicaciones a Igualdad
También este lunes la Fundación Mujeres, presidida por Elena Valenciano, reclamaba explicaciones a Igualdad. «Queremos pedirles a las instituciones responsables, empezando por el propio Ministerio de Igualdad, que pongan urgentemente a disposición la información real y concreta del alcance de dicha afectación» para que no «se ponga en entredicho» el sistema de las pulseras, que, aseguran, funciona. «Nada de lo que haya pasado puede ser peor que la sospecha sobre la efectividad del sistema en su conjunto y la desconfianza de las mujeres en la seguridad que les proporcionan los dispositivos», criticaba la fundación en un comunicado.
En la misma línea, la organización insiste en que el ministerio y el poder judicial deben evaluar el impacto de los fallos sobre la vida de las mujeres «para, en su caso, proceder a una reparación acorde con el daño que se haya podido padecer en cada caso».