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Ante el anuncio, adelantado ayer por el secretario xeral del PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, y a la espera de confirmación oficial de que la planta de celulosa de Altri/Greenfiber quedará excluida de la planificación eléctrica 2025-30 por parte del Gobierno central, Greenpeace pide a la Xunta que no autorice el proyecto al carecer del necesario refuerzo eléctrico. Aunque la empresa podrá presentar alegaciones, Greenpeace espera que el Gobierno se ratifique en su decisión al ser un proyecto altamente lesivo desde el punto de vista ambiental y contrario a la transición ecológica.
El proyecto de Altri, tal y como se informa en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) publicada el pasado 14 de marzo, tiene una demanda eléctrica estimada 5 MW durante la fase de obras, pero necesita de 110 MW durante la fase de explotación, por lo que requiere una subestación eléctrica y un permiso de conexión para una futura línea de alta tensión de 220 kW que ni siquiera fue objeto de la DIA. Esta conexión no entra en los planes del Gobierno central, al parecer por no cumplir los requisitos técnicos y ambientales.
Esta exclusión de la planificación eléctrica se suma a la denegación de fondos PERTE de descarbonización, en cuya convocatoria el proyecto de macrocelulosa de Altri obtuvo la segunda peor puntuación al no garantizar una reducción de emisiones suficiente y usar demasiados combustibles fósiles, entre otros aspectos. Tampoco parece que la “exigencia” por parte de la empresa y la propia Xunta de Galicia de hasta 250 millones de euros de fondos públicos para el proyecto vaya a tener el visto bueno del Gobierno central, tal y como afirmó la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, en Vigo el pasado junio. De igual manera, la vía del Banco Europeo de Inversiones (BEI) tampoco parece una posibilidad para que Altri consiga dinero público, según declaraciones de su presidenta, Nadia Calviño, el pasado agosto.
“La macrocelulosa de Altri ya debería haber sido rechazada hace tiempo por sus graves afectaciones ambientales y por el enorme rechazo social generado. Se ha insistido en impulsar un proyecto que no viene a sumar nada a la sostenibilidad futura de la industria gallega y que ha generado un conflicto social de gran calado que Galicia no se merece. Los indicios de su inviabilidad desde todos los puntos de vista son cada día más palpables. No va a tener suficiente materia prima si no se abre un nuevo ciclo de plantación de eucalipto; no va a tener electricidad suficiente sin conexión eléctrica; no va a tener agua porque no se pueden obviar los futuros impactos del cambio climático y existen incluso serias dudas de que vaya a tener mercado para tal cantidad de producto final. Es una burbuja y, como tal, mejor que estalle antes de que los pasivos sociales, ambientales y económicos los tenga que asumir, como siempre, la ciudadanía”, ha afirmado Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia.