La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha acusado formalmente al expresidente filipino, Rodrigo Duterte, de tres cargos de crímenes de lesa humanidad, al considerar que fue responsable de decenas de asesinatos cometidos durante su guerra contra las drogas.

En una hoja de cargos redactada en julio y hecha pública este lunes, la Fiscalía ha afirmado que Duterte es «plenamente responsable a título individual» como «coautor indirecto, por haber ‘ordenado, inducido o instigado’ la comisión de asesinatos». Según el escrito, el exmandatario «tenía la intención de participar en la conducta imputada» y era consciente de que bajo su autoridad se cometerían «crímenes violentos, incluidos asesinatos».

De esta forma, la Fiscalía ha sostenido que entre 2011 y 2019 Duterte operó primero a través del Escuadrón de la Muerte de Davao, cuando era alcalde de dicha ciudad, y posteriormente mediante una «red nacional de policías, agentes antidroga y sicarios» reclutados durante su presidencia (2016-2022).

El documento detalla tres cargos principales: los asesinatos de al menos 19 personas en Davao durante su etapa como alcalde, la ejecución de 14 «objetivos de alto valor» acusados de narcotráfico en distintas partes del país al inicio de su mandato, y otros 45 asesinatos e intentos de asesinato durante las operaciones de «limpieza de barangay [distrito]» en barrios y comunidades entre 2016 y 2018.

La guerra antidroga de Duterte dejó oficialmente 6.000 muertos, aunque organizaciones de derechos humanos locales elevan la cifra a 30.000 víctimas, muchas de ellas en ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la policía y a grupos paramilitares.

El exmandatario retiró a Filipinas del Estatuto de Roma (que rige a la CPI) en 2019 precisamente para intentar evitar ser enjuiciado, pero los jueces de la Corte Penal mantienen su jurisdicción sobre los crímenes cometidos durante el periodo en que el país formaba parte del tratado.

La fiscalía señala que Duterte empleó a las fuerzas de seguridad para los asesinatos

La fiscal de la CPI, Mame Mandiaye Niang, ha explicado que Duterte y sus colaboradores utilizaron a la Policía de Davao y a grupos de sicarios para matar a presuntos delincuentes, práctica que luego se replicó a nivel nacional. Parte de las víctimas formaban parte de listas negras que ofrecían «incentivos monetarios a los policías» que cumplieran las ejecuciones.

El proceso debía comenzar este martes, pero la Sala de Cuestiones Preliminares decidió aplazarlo después de que la defensa alegara que Duterte, de 80 años, «no está en condiciones de ser juzgado«. La Fiscalía ya completó la presentación de pruebas, por lo que, si se confirma que el exmandatario puede afrontar el juicio, el procedimiento podría reanudarse de inmediato.

Duterte, entregado a la CPI el pasado 12 de marzo tras emitirse una orden internacional de arresto, compareció por primera vez dos días después. La Corte ya había ordenado su detención en marzo al acusarlo de asesinato como crimen de lesa humanidad.

La defensa ha insistido en que hubo «errores procesales» y que el tribunal debería rechazar la causa. Sin embargo, la acusación ha subrayado que Duterte «compartía un plan común para neutralizar a los supuestos delincuentes mediante delitos violentos», lo que lo hace penalmente responsable.