No habrá «delegación» de competencias en materia de inmigración y fronteras a Cataluña.
El Congreso de los Diputados ha rechazado la toma en consideración de la proposición presentada por PSOE y Junts.
La iniciativa fue registrada por socialistas y posconvergentes antes del verano, tras la exigencia a Sánchez de someterse a una cuestión de confianza.
Para evitarla, el PSOE pactó esa «delegación» de competencias que ahora ya se sabe que no se llevará a cabo. Un escenario que, complica aún más, los Presupuestos.
Estos incumplimientos se suman al de la Ley de Amnistía, aún encallada en el Supremo, y al de la oficialidad del catalán en la UE, bloqueada por la oposición de varios países como Alemania.
Otro aspecto destacado fue el resquebrajamiento de Sumar, que acudió al debate dividido. Incluso dos diputados rompieron la disciplina de voto y se unieron a PP, Vox, Podemos y UPN.
Se trata del diputado de la CHA, Jorge Pueyo, al igual que uno de los dos representantes de Compromís, Alberto Ibáñez, mientras que la otra nacionalista valenciana, Águedo Micó, integrada en el Grupo Mixto, votó a favor.
Los de IU, que amagaron con votar en contra hasta el final, tuvieron varias reuniones durante toda la tarde y, al final, acabaron dando un voto afirmativo a la iniciativa de los socialistas y los independentistas.
La encargada de defender la proposición fueron José Zaragoza, por el PSOE, y Miriam Nogueras, por Junts.
La portavoz de Puigdemont defendió la necesidad del traspaso porque la «mala gestión» en materia migratoria ha llevado a Cataluña «al colapso».
En su intervención, describió un sistema educativo que se está «resintiendo» y denunció que «no hay recursos» para sostener el Estado del Bienestar.
«El Estado no ha podido controlar este fenómeno. Lo queremos hacer nosotros», afirmó la diputada independentista, advirtiendo de que, de lo contrario, se «dejará abierta la puerta» a «radicalizar la sociedad».
El diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna, criticó que se presente la inmigración «como algo que hay que contener» y calificó la propuesta de «racista».
«Lo que han pactado es decidir qué administración ejerce el racismo y la presión sobre el inmigrante», señaló.
En contraste, desde el PP, Nacho Martín Blanco denunció que se pretenda ceder «soberanía» y criticó el uso del eufemismo «delegación», «cuando saben que se trata de un traspaso».
Desde el partido de Feijóo censuraron además que la iniciativa se lleve como «proyecto de ley», lo que evita el paso por los órganos constitucionales que sí exigiría una iniciativa del Gobierno, porque «quieren hurtar a las instituciones la posibilidad de pronunciarse».
En la misma línea, la portavoz de Vox, Pepa Millán, recalcó que «no hay 17 fronteras, hay una sola frontera».
Desde el PSC, José Zaragoza optó por obviar las críticas de la izquierda y culpó al PP de la caída de la proposición.
«Pactaron todo con Pujol hasta suprimir los gobiernos civiles», reprochó, al tiempo que aseguró que «con la normalidad que se está consiguiendo en Cataluña, podrán pactar con Junts».
Por la coalición de Yolanda Díaz solo intervino Aina Vidal, de los Comunes, para defender que «las competencias no son de ningún partido ni para ningún partido; son para un país».
El otro «elefante en la habitación» fue la irrupción de un nuevo actor en el panorama catalán: Aliança Catalana, el partido de extrema derecha liderado por Silvia Orriols, alcaldesa de Ripoll.
En ese contexto, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián se dirigió a Nogueras para reprocharle su discurso «racista».
«Usted ha hablado de colapso, de saturación», señaló, antes de remarcar que «a nadie se le escapa por qué la derecha catalana está pidiendo hoy la transferencia de competencias».
Añadió con ironía: «De 0 a 10, ¿cuánto miedo tienen a Aliança Catalana?». La pregunta provocó gestos de sorpresa en los diputados de Junts.
Pese a sus críticas, Rufián defendió el voto favorable de ERC, argumentando: «No son unas competencias para la derecha catalana, por suerte».
«Estas no son unas competencias para la derecha catalana, por suerte», concluyó.