La agenda política nacional ha vuelto a virar a la arena judicial, pese a los esfuerzos del presidente del Gobierno por mantenerla alejada, a miles de kilómetros, en concreto, los más de 3.600 que la separan de Gaza. La estrategia se ha deshecho … en menos de 24 horas, las que mediaron entre la apertura de juicio oral al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y el movimiento del juez Juan Carlos Peinado informando a Begoña Gómez de que su caso por malversación se verá ante un jurado popular, en caso de llegar a juicio.

En Moncloa escenificaron un reparto de papeles en la reacción al golpe: muy airada por los ministros y el entorno de Pedro Sánchez en Madrid y absolutamente contenida por parte de un presidente que comparecía desde la sede de la ONU en Nueva York. Por un lado, considerando que lo que busca el instructor es la «humillación pública» de Gómez y, por otro, limitándose a defender la inocencia de su mujer y su hermano. Pero la crítica excede a este magistrado en concreto, es de mayor calado.

En Moncloa existe un profundo malestar por la falta de proactividad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante –lo que consideran– «extralimitaciones» por parte de algunos jueces. En el Ejecutivo critican su «silencio cómplice» por no reaccionar ante instrucciones judiciales «surrealistas» o que «no se sostienen». «Todo esto empezó con unos recortes de prensa, algo expresamente prohibido por el Supremo», recuerdan las fuentes consultadas.

En el Gobierno llevan meses haciendo movimientos discretos, trasladando este malestar al órgano de gobierno de los jueces sin éxito. «Les dejan hacer», critican, considerándoles corresponsables de las actuaciones de otros magistrados, ante las que no emiten ningún reproche. «Hay un señor ridiculizando las instituciones y nadie hace nada», sentencian en el Ejecutivo.

Es por esto que, según ha podido saber ABC, desde el Gobierno se ha presionado al CGPJ para que avanzara en algún tipo de medida disciplinaria por el «desprestigio para la justicia» que suponen casos como los de la esposa del presidente. «Se ha intentado, pero nada ha funcionado», confirman fuentes gubernamentales. «Hay que pararle los pies», tercian desde el entorno de Sánchez. Dentro de estos movimientos se encuadran las –al menos– dos quejas interpuestas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ante el CGPJ por la declaración que el instructor le tomó el pasado 16 de abril en el complejo de la Moncloa, en su despacho, en relación a la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de la mujer del presidente del Gobierno.

Bolaños instó al órgano rector de los jueces a que «depure responsabilidades» por las «irregularidades» que le atribuye a Peinado. El CGPJ mantiene estas y, al menos, otra diligencia informativa abierta por «dejación de deberes» contra el instructor por otra causa contra un alto cargo de Almeida. Bolaños decidió dar el paso tras un intercambio marcado por la tensión y los reproches del magistrado, que le acusó de contestar «con evasivas» y a quien espetó: «No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa». La intención del Gobierno era que esta dos quejas no trascendieran.

Ofensiva pública

Una vez que esta estrategia de presión interna ha resultado infructuosa, desde el Gobierno decidieron escalarla hasta un ataque público a «algunos jueces» a los que el propio presidente del Gobierno acusó de «hacer política». En la misma entrevista en RTVE, Sánchez también lanzó una carga de profundidad contra el CGPJ, aunque pasó más inadvertida, pidiendo abrir una reflexión sobre «cómo defenderse ante procesos que claramente son muy defectuosos tanto en el fondo como en la forma». En Moncloa definen estas polémicas declaraciones del presidente como «un grito desesperado» ante lo que consideran es una «injusticia» y una campaña de «acoso» a la figura del jefe del Ejecutivo a través de su entorno más directo.

«Las casualidades no existen», sentencian, para poner en evidencia el escaso margen temporal que separa los procesamientos del hermano y de la mujer del presidente. Tras conocerse el miércoles el último movimiento de Peinado, desde el Gabinete volvían a la carga: «Si esto está sucediendo es porque el Poder Judicial lo consiente. La justicia de este país quedará arrumbada tras esta etapa infame. Les da igual, porque les da igual arrasar con todo», escribió el ministro Óscar Puente en sus redes sociales.

La negativa del CGPJ a las pretensiones del Gobierno no solo se aprecia en la falta de apercibimientos –hasta la fecha– a Peinado, sino que el curso pasado el Consejo General del Poder Judicial le autorizó una prórroga, a continuar en activo hasta los 72 años, es decir, se jubilará en septiembre de 2026. Tampoco en los pronunciamientos públicos de la presidenta del órgano, Isabel Perelló, se aprecia ningún reproche al instructor. En lugar de censurar al Poder Judicial se ha centrado en repeler los ataques del Poder Ejecutivo. En concreto, durante la apertura del Año Judicial a principios de este mes de septiembre, la también presidenta del Tribunal Supremo, recordó la máxima de que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos y que la carrera, por lo tanto, está llamada a preservarla. «Este respeto no es una fórmula retórica: exige que no se nos presione, que no se nos condicione que no se erosione la credibilidad de los tribunales con juicios de oportunidad política o de cualquier otro tipo (…): Si falta un poder judicial independiente, desaparece el propio Estado de Derecho», apostilló.

Ya en el mes de junio, Perelló también se revolvió contra las «presiones» que sufren algunos jueces a los que se les atribuyen «propósitos desviados» en sus decisiones. «Quiero hacer un llamamiento a autoridades y particulares para recuperar el respeto, y reclamo el cese de cualquier presión o interferencia en la labor judicial», señaló. El choque entre poderes al que estamos asistiendo, entre el Ejecutivo y el Judicial, es inédito. De las críticas públicas y acusaciones veladas de prevaricación se escaló a los hechos, el propio presidente del Gobierno interpuso –vía la Abogacía del Estado– una querella por prevaricación que fue desestimada. Con la frustración de que no se haya actuado en el sentido que se reclamaba por parte del Ejecutivo, las fuentes consultadas se encomiendan ya a las instancias superiores para que reviertan por «inconsistentes» las decisiones de Peinado. «El sistema español es garantista y confiamos en que un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio», aseguró este miércoles Bolaños, en los pasillos del Congreso, tras conocerse el último movimiento de Peinado en la causa de Begoña Gómez.