Un manifestante fallecido, 12 militares heridos, 17 retenidos, denuncias indígenas de «represión» por parte de las fuerzas del orden, y acusaciones del Gobierno sobre «emboscadas» a un convoy. Todo ello se ha registrado este domingo, en Ecuador, al cumplirse una semana de las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) contra el alza del diésel y otros reclamos.
La provincia andina de Imbabura, en el norte del país, sigue siendo el epicentro de las protestas. La Conaie ha denunciado «la muerte de Efraín Fuerez, comunero indígena de Cuicocha, Imbabura, asesinado por un impacto de bala de las FFAA (Fuerzas Armadas)». Ni la Presidencia, la Policía o el Ministerio del Interior, consultados por la prensa, se han pronunciado sobre la denuncia de la mayor organización social del país.
En medio de las tensiones, la noche de este domingo, un contingente ha partido desde Quito al norte del país. «Alertamos a las comunidades y a la opinión pública: este despliegue busca intensificar la represión contra pueblos que mantienen su resistencia en el marco del paro nacional», ha señalado la Conaie.
La organización indígena también ha denunciado «represión» en la localidad de La Esperanza (Imbabura) y ha publicado en redes sociales videos de un amplio despliegue militar. Asimismo, ha informado de bloqueos y limitaciones en la señal de internet en comunidades de Cotacahi y Otavalo, y notificado sobre movilizaciones indígenas en la provincia de Bolívar.
Varios detenidos tras los altercados
En la localidad de Otavalo, un millar de manifestantes ha atacado un destacamento policial, provocado daños en sus instalaciones e incendiado diez vehículos oficiales y particulares. A raíz de estos hechos, varias personas fueron detenidas, entre ellas doce indígenas, acusados por las autoridades de «terrorismo» por haber instigado las movilizaciones. A su vez, dos ciudadanos venezolanos enfrentan cargos, ya que el Gobierno los vincula con la organización criminal transnacional Tren de Aragua, declarada grupo terrorista.
La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, ha repetido el mismo leitmotiv, y ha tildado de «terroristas» a estos actos. Ha denunciado que manifestantes «emboscaron» la madrugada de este domingo un convoy que llevaba ayuda a la zona norte. «No confundamos a los manifestantes pacíficos con quienes se infiltran para delinquir. Lo de Cotacachi no fue protesta: fue una emboscada cobarde ejecutada por estructuras criminales -terroristas- que atacaron a nuestras Fuerzas Armadas», ha señalado. Y ha agregado: «Con los manifestantes, diálogo y garantías. Con el crimen organizado, ley y firmeza».
El precio del combustible, detonante de las protestas
El detonante de estas protestas, que hasta el momento se han registrado en cinco provincias, fue la eliminación del subsidio al diésel decretada hace dos semanas. El precio de este combustible pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).
La Conaie exige la liberación de los detenidos y la derogación del decreto que eliminó el subsidio, pero el presidente, Daniel Noboa, se mantiene firme. Defiende que los cerca de 1.100 millones de dólares que representaba esa subvención ya han comenzado a distribuirse directamente a los sectores más vulnerables. Asimismo, el mandatario ha apuntado que al eliminar el subsidio castigan a grupos criminales vinculados al narcotráfico y la minería ilegal.
El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 las masivas protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional.