La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha detectado un posible fraude de ley y discriminación, en contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés que incluían cartas de recomendación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en el marco de las pesquisas de la Fiscalía Europea por la posible afectación a fondos europeos.

Así lo señala en un informe de 300 páginas, enviado a la Fiscalía Europea, al que ha tenido acceso RTVE, en el que analiza la adjudicación por parte de la entidad pública Red.es de lotes de dos contratos por valor de 8,4 millones de euros a la UTE —Unión Temporal de Empresas— formada por Innova Next, empresa de Barrabés, y The Valley Digital, a quienes Begoña Gómez firmó cartas de recomendación.

La Intervención General de la Administración del Estado ha detectado anomalías en los contratos adjudicados por la empresa pública Red.es a compañías de Barrabés, investigado en el caso Begoña Gómez, y observa una «gran opacidad» en el proceso de contratación, ya que, según asegura, no se ajusta al principio de transparencia establecido en la normativa de contratación pública.

La mesa de contratación de Red.es no era competente

El informe sostiene que se incumplió la ley porque la mesa de contratación de Red.es valoró criterios técnicos no evaluables mediante fórmula, algo para lo que no era competente. Esa valoración, según la Intervención General del Estado, «la debería haber realizado un comité de expertos compuesto por tres miembros no pertenecientes al órgano proponente del contrato o un organismo técnico especializado».

En este sentido, detalla que «la mesa realizó dicha valoración, previo examen de los informes técnicos firmados por el director del departamento proponente, que, de acuerdo con lo establecido en la ley, no podría haber formado parte del Comité de Expertos de haber sido constituido, ni del organismo técnico especializado».

A ello suma que «las medidas adoptadas por Red.es para detectar y prevenir conflictos de interés en la licitación de los contratos objeto de este informe fueron muy insuficientes».

Además, señalan que se puntúa «un elevado número de características y elementos con un sólo número» lo que impide que los licitadores puedan conocer «ni de forma aproximada si unos elementos son más importantes que otros a efectos de su puntuación y cómo se llega a la puntuación final». Y agregan que tampoco lo han podido conocer a posteriori porque en los informes, al igual que en los pliegos, y a diferencia de las plantillas, «sólo figura una cifra total de puntuación en cada apartado».

Metadatos borrados y mención a «cartas de apoyo»

En relación con los documentos previos para la valoración de los criterios no evaluables mediante fórmula, la Intervención General del Estado ha señalado que tienen en su encabezamiento el nombre del técnico que aparentemente los elaboró, pero carecen de firma y sus metadatos han sido borrados, por lo que no cuentan con la evidencia de que fueran elaborados por las personas que figuran en en el encabezamiento ni de que su contenido, ni las puntuaciones que figuran en los mismos respondan a la opinión de los mencionados técnicos que habrían sido quienes examinaron las ofertas.

La Intervención General de la Administración del Estado señala en su informe como en las ofertas de la UTE Innova Next SLU y The Valley Digital se hace referencia a acuerdos con empresas e instituciones y sobre dichos acuerdos hace mención a cartas de apoyo que se adjuntan en la oferta.

En cuanto a los informes de valoración de las ofertas correspondientes a dichas UTES, señala Hacienda que los «acuerdos» y las cartas de apoyo no solo han sido valoradas positivamente en la valoración de la oferta de las UTES Innova Next y The Valley Digital, sino que, de la redacción de los informes de valoración «se deduce claramente que no ofrecer dichos acuerdos o cartas de apoyo —la terminología no siempre es la misma— se considera algo negativo que el valorador ha considerado conveniente resaltar en las valoraciones de las ofertas que no las han incluido.

Un «altísimo riesgo de arbitrariedades» en la valoración técnica

Existe, según el informe un «altísimo riesgo» de que en la valoración técnica se puedan producir «arbitrariedades que no son fácilmente identificables», incluso en el caso de que los miembros de la Mesa de Contratación hubieran realizado correctamente su trabajo. Y de los documentos no públicos en que se ha basado la valoración, se deduce, según recoge el informe, que «se han valorado elementos que no figuran en los pliegos, incumpliendo el principio de igualdad establecido en la normativa de contratación.

Este «alto riesgo de arbitrariedades», insiste, es aún mayor si se tiene en cuenta que, aunque en las valoraciones han participado un equipo de valoración sólo una persona firma los informes, el Director de Economía Digital, y es aún «mayor» porque la Mesa de Contratación que valoró las ofertas «tuvo un papel totalmente pasivo»

En el marco de la causa en la que el juez Juan Carlos Peinado investiga a la mujer del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, presunto intrusismo profesional en la cátedra de la Universidad Complutense, presunta apropiación indebida de un software y en una causa separada por malversación, también ha requerido los correos que se cruzó la asistente de Begoña Gómez en Moncloa con el Instituto de Empresa (IE), organismo del que depende el África Center, del que la esposa del presidente del Gobierno fue directora.

El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid quiere que la Guardia Civil analice los correos quela asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, se intercambió con distintos organismos y que pudieran estar relacionados con la vida profesional de Begoña Gómez.

Además, en una providencia el juez, a petición de la acusación popular dirigida por Hazte Oír en base al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha solicitado al resto de partes personadas su opinión sobre una posible prórroga, y la fijación de un nuevo plazo máximo para la finalización de la investigación y que se dé traslado en un plazo de al Ministerio Fiscal y al resto de las partes personadas a las que da un plazo de dos días para pronunciarse y alegar lo que a su derecho convenga.

Montero: «Siendo inocente la verdad se terminará imponiendo»

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al ser preguntada por la prensa por su opinión tras conocerse el contenido del informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre las adjudicaciones a Barrabés ha dicho que desconoce «bastante del informe», pero ha insistido en que «al final la luz se arrojará sobre todas las sospechas que algunos de manera electoralista, mentirosa, quieren lanzar sobre el entorno del presidente».

«Tenemos mucha tranquilidad y confiamos en la justicia a pesar de que hay singularidades en los procedimientos que a todos nos llaman la atención, también a los juristas, pero entendemos que siendo inocente al final se hará la luz y por tanto la verdad se terminará imponiendo«, ha asegurado en declaraciones a los medios.