Tras casi dos años de conflicto en Gaza, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto sobre la mesa un ambicioso plan de 21 puntos que busca no solo poner fin inmediato a la masacre, sino redibujar el futuro político de la Franja. La propuesta incluye la liberación de rehenes, el relevo de Hamás del control político y militar y una vía hacia la creación de un Estado palestino.

El plan, que supone una ruptura respecto al discurso inicial de Trump, ha sido elaborado por el enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio, Steve Witkoff, a su vez asesorado por el exasesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, y el ex primer ministro británico, Tony Blair, según la prensa británica. Además de las ya mencionadas, el texto, según han revelado medios como el israelí The Times of Israel, incluye medidas humanitarias urgentes, un plan económico de reconstrucción, la creación de una zona especial con incentivos para inversores y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

La iniciativa contempla a su vez que Israel se comprometa a no ocupar ni anexionar la Franja y a ceder gradualmente el control. De esta forma, el documento, que según The Times of Israel fue compartido con países árabes y musulmanes mediadores de un acuerdo en la Franja en los márgenes de la Asamblea General la semana pasada, busca articular de forma viable un «día después» tras el fin de las hostilidades.

Pero el entusiasmo de la Casa Blanca, que ha asegurado estar «muy cerca» de llegar a un acuerdo y espera que «ambas partes acepten«, choca de frente con la retórica del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El mandatario ha rechazado reiteradamente cualquier fórmula que contemple un Estado palestino, mención que ya destacó en su último discurso frente a la Asamblea General de la ONU. La reunión de este lunes entre ambos mandatarios se torna clave para decidir la disposición de Netanyahu a aceptar la propuesta.

«Para alcanzar un acuerdo razonable para ambas partes, ambas tienen que ceder un poco y podrían retirarse un poco descontentas, pero así es como, en última instancia, vamos a poner fin a este conflicto», ha contemplado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una entrevista al programa Fox News.

Cabe destacar que, incluso si Tel Aviv acepta, tras el ataque israelí del 9 de septiembre en Doha, actualmente no hay una diplomacia activa entre el grupo islamista e Israel que ponga fin a los combates a corto plazo. A este respecto, la Casa Blanca ha asegurado que Trump «hablará» pronto con Catar. De momento, el plan no ha sido presentado a Hamás.

Netanyahu y las líneas rojas

El discurso del primer ministro israelí en la ONU el pasado viernes fue tajante: «Asesinar a judíos tiene recompensa«. Netanyahu no solo rechaza cualquier reconocimiento formal de un Estado palestino, sino que además insiste en que Israel mantenga control absoluto de la seguridad en la región hasta «terminar el trabajo» con Hamas.

Dentro de su coalición, ministros ultraderechistas como Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir rechazan frontalmente la cesión de poder en Gaza a un Gobierno interino supervisado desde fuera. Recientemente, el miembro del partido ultraderechista Otzma Yehudit (Poder Judío), Yitzhak Kroizer, ha expresado a The Media Line su categórica oposición al plan. «Israel no entró en esta guerra para entregar Gaza en bandeja de plata a otra entidad terrorista», ha recalcado.

El presidente estadounidense sabe que el éxito de su propuesta depende de obligar a Netanyahu a aceptar concesiones impopulares dentro de su coalición, si bien cualquier decisión que choque contra la facción sionista amenaza con tumbar al Gobierno israelí.

De ocurrir este supuesto, Netanyahu enfrentaría una posición incómoda. El jefe de Gobierno está acusado de varios cargos de corrupción y podría ser sometido a duras condenas de prisión si pierde su puesto al frente del Ejecutivo.

Del rechazo de Hamás a la renuencia de la Autoridad Palestina

El plan parte de una condición difícil de cumplir: la renuncia total de Hamás a las armas y la entrega de todos los rehenes de una sola vez. El grupo islamista considera que mantener cautivos a los israelíes es su principal carta negociadora, y pese a que ha mostrado en propuestas de alto el fuego anteriores su intención de ceder la administración civil de la Franja a un Gobierno de transición, no así lo ha hecho con la renuncia a la lucha armada.

Esta desmilitarización de Gaza no solo se limitaría a entregar las armas, también contempla la destrucción de los túneles e infraestructura bélicas construidas durante décadas por Hamás. Esto también supone aplicar un programa de «desradicalización«, elemento percibido por la formación como una imposición unilateral de valores contrarios a su causa.

A esto se suman las reservas de otras facciones no incluidas directamente en el acuerdo preliminar, como la Yihad Islámica Palestina, que podrían dinamitar cualquier acuerdo que no contemple su participación. Por otro lado, la idea de aplicar un plan en «zonas libres de terrorismo» podría fragmentar aún más la Franja, creando administraciones paralelas en el territorio con presencia de Hamás. Esto último podría hacer inviable la creación de un Estado palestino o procurar su estabilidad en el futuro.

La creación de un Estado palestino es ya de por sí difusa. El punto 20 del plan no establece unos requisitos mínimos para determinar qué situación en la Franja es apta para avanzar en la consecución de un país independiente. Esto puede suponer que su creación quede supeditada a una autoridad arbitraria que frene o paralice según las circunstancias su aprobación.

El Gobierno de la Autoridad Palestina, radicado en Ramala (Cisjordania) tampoco lo tiene fácil para aceptar este plan. La AP reclama ser reconocida como la única autoridad legítima sobre Gaza y Cisjordania (algo que la ultraderecha israelí tampoco ve con buenos ojos), de ahí su rechazo a un modelo de un Gobierno provisional de tecnócratas bajo tutela internacional. Asimismo, exige que cualquier plan incluya una afirmación explícita sobre un Estado palestino con fronteras de 1967 y Jerusalén Este como capital. Sin esas garantías, la AP teme quedar reducida a un actor simbólico sin poder real.