La Fiscalía Europea, organismo comunitario independiente de la Fiscalía española, se ha dirigido al magistrado instructor del caso Cerdán en el Tribunal Supremo para reclamarle la información sobre «el objeto de su investigación, con identificación de los contratos, adjudicaciones o subvenciones que están siendo … actualmente investigados».
Es el paso previo a reclamar la instrucción de la causa en caso de que se confirme, como adelantó ABC, la existencia de fondos europeos en las adjudicaciones de obra pública en las que pudieron interferir el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, para llevarse, presuntamente, mordidas, motivo por el que están investigados por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
Las fiscales europeas Olga Muñoz y Laura Pellón han dirigido un suplicatorio al magistrado Leopoldo Puente en el que, atendiendo a la ley que prevé la cooperación entre los juzgados españoles y la Fiscalía Europea (creada en 2021 y con delegados en cada uno de los países con representación) piden la documentación sobre la causa. El organismo, con sede en Luxemburgo, tiene la función de investigar, instruir y enjuiciar los delitos que atentan contra los intereses financieros de la Unión Europea
El movimiento no significa, de momento, reclamar la instrucción de la causa, sino que es una solicitud de documentación para comprobar su competencia y, en su caso, reclamarla. Si se llega a ese punto, y puesto que la Fiscalía Europea investiga las causas de principio a fin como si se tratase de un juez instructor, dejándolas para enviar a juicio a los tribunales españoles o pedir su archivo, el magistrado del Tribunal Supremo debería abstenerse o plantear un conflicto de competencia, según las fuentes jurídicas consultadas.
Más de 400 millones
Este diario adelantó hace dos días que la Fiscalía Europea estudiaba realizar algún movimiento al respecto por la financiación con fondos europeos de las adjudicaciones de obra pública que investiga el Tribunal Supremo en relación por si pudieron servir para el cobro de comisiones ilegales por parte de Cerdán, Ábalos, Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama. Un asunto que puede traer una colisión entre el organismo comunitario y el instructor del Tribunal Supremo y la Fiscalía Anticorrupción, en la que se apoya para su investigación. En esta última tienen claro que la existencia de dichos fondos no es motivo suficiente para que el organismo independiente de la Fiscalía española reclame la investigación puesto que no se investiga ningún delito de malversación de caudales públicos, sino de cohecho, y la Fiscalía Europea tiene la función de investigar, instruir y enjuiciar los delitos que atentan contra los intereses financieros de la Unión Europea.
Hasta ahora, Anticorrupción se ha ocupado de impulsar las pesquisas en trabajo conjunto con un equipo de 12 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para revisar las adjudicaciones de obra a las que apuntó el comisionista Víctor de Aldama y cruzarlas con la información extraída de los audios requisados a Koldo García, entre ellos uno en el que se le oye, presuntamente, hablando del reparto de mordidas con Santos Cerdán.
Según la documentación revisada por este diario, al menos tres de los expedientes abordados fueron financiados con fondos de la Unión Europea. Suman 401,3 millones de euros y son de Adif, el gestor de las infraestructuras ferroviarias, dependiente del Ministerio de Transportes.
El primero de ellos, de Adif Alta Velocidad y adjudicado en enero de 2019 a una UTE (Unión Temporal de Empresas) de Ferrovial y Acciona por 146,6 millones de euros, impuestos incluidos, consistió en las obras de construcción de la plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad entre Murcia y Almería, en concreto el tramo Pulpí-Vera. El segundo, de mayo de 2019 y adjudicado a la misma UTE, asciende a 192,1 millones de euros. Se trata de las obras de soterramiento de la red ferroviaria en la ciudad de Murcia, la línea de alta velocidad que une Madrid con Levante. El tercero, que sumó 62,6 millones de euros para Acciona, fueron las obras para la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) y se adjudicó en noviembre del mismo año. Los tres corresponden a la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.
Investigación incipiente
El magistrado Puente envió a Santos Cerdán a prisión preventiva –donde lo mantiene por riesgo de destrucción de pruebas- por indicios de que pudo cobrar comisiones ilícitas en relación con las adjudicaciones a Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Acciona Construcción en UTE con Servinabar, la compañía navarra de Antxon Alonso, un amigo suyo con quien firmó compartir la mitad de participaciones de dicha empresa, según la documentación incautada. José Ruz, dueño de LIC; Antonio y Daniel Fernández Menéndez, directivos de OPR; Fernando Agustín Merino Vera (extrabajador de Acciona Construcción) y Joseba Antxon Alonso, dueño de Servinabar, están investigados en esta causa, igual que Ábalos, Koldo García y Aldama.
El martes pasado, el magistrado instructor de la Sala Segunda acordó desgajar la causa contra los dos ex secretarios de Organización del PSOE, Cerdán y Ábalos, en dos. Por un lado, y dándola ya prácticamente por acabada, investiga a Ábalos, su asesor Koldo García y a Aldama por si se llevaron mordidas de los contratos de mascarillas durante el Covid, adjudicándolos a compañías representadas por Aldama. En esta causa también se ha abordado la contratación de la expareja del exministro, Jessica García, en las empresas públicas Ineco y Tragsa, dependientes de Transportes, así como las gestiones que Ábalos y Koldo García hicieron con Aldama para forzar la emisión de una nota de prensa en la que el Ministerio avanzaba que Air Europa se llevaría un rescate público de 475 millones de euros.
En la segunda pieza, que el magistrado especificó se encuentra «en una fase muy incipiente», por lo que se puede decir que arranca ahora, se investigará la posible intervención de Cerdán, Ábalos y su asesor Koldo García en la adjudicación de contratos públicos para llevarse comisiones ilícitas. Esta es la causa de la que la Fiscalía Europea ha reclamado la documentación.
En dicha causa sobre adjudicaciones de obra Leopoldo Puente especificó que «es necesario diferenciar» entre las adjudicaciones de obra adjudicadas a Acciona Construcción en Unión Temporal de Empresas (UTE) con otras menores que pudieron ser impulsadas por Santos Cerdán y las que pudieron instar a amañar Ábalos y Koldo García en connivencia con Aldama.