El juez Juan Carlos Peinado también ha acordado tramitar como procedimiento ante un jurado popular el resto de delitos que atribuye a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.
En concreto, tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, intrusismo profesional y apropiación indebida.
Peinado ya convirtió en un procedimiento ante un jurado popular la pieza separada de la causa en la que únicamente se investiga un supuesto caso de malversación. Ahora, hace lo mismo con el resto de la causa que tramita su Juzgado.
Por ello, en un nuevo auto, fechado este mismo jueves, el magistrado cita, de nuevo, a la mujer de Sánchez para comunicarle esta última decisión. ¿Cuándo? El próximo lunes, día 6 de octubre, a las cinco y media de la tarde.
También emplaza al empresario Juan Carlos Barrabés, investigado en esta pieza (la principal) del caso Begoña.
Ahora bien, en su nueva resolución, Peinado también incluye en este listado a Cristina Álvarez, asistente en Moncloa de Begoña Gómez, quien está investigada, pero no en esta pieza principal.
Álvarez tan sólo figura en la rama de la causa en la que se indaga en un supuesto caso de malversación, que el juez ya transformó hace una semana en un procedimiento ante el tribunal del jurado.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid, tribunal jerárquicamente superior al Juzgado de Peinado, vinculó a la asistente con el supuesto delito de tráfico de influencias que habría cometido Gómez.
Fuentes jurídicas detallan a EL ESPAÑOL que el juez interpreta que, precisamente, este ilícito, que la ley contempla para su enjuiciamiento ante el tribunal del jurado, arrastra al resto, a los otros cuatro, a los que está conectado.
Por ello, un hipotético jurado que enjuicie esta pieza, la principal del caso, también se haría cargo de analizar si se cometió corrupción en los negocios privados, intrusismo profesional y apropiación indebida.
Así las cosas, al existir conexidad entre todos ellos, Peinado opta por no desgajar esta rama de la causa. De llegar a juicio, estos cuatro delitos serán juzgados de forma conjunta por un jurado popular.
Es decir, por nueve ciudadanos inexpertos en Derecho que deberán decidir sobre la inocencia o culpabilidad de la mujer de Sánchez, de su asesora y del empresario Juan Carlos Barrabés.
Sus nombres saldrán de una lista de 2.846 madrileños que ya fue configurada, por sorteo, el año pasado y que tiene vigencia hasta 2026.
Y, por otro lado, un jurado distinto —otras nueve personas diferentes a las anteriores— se encargaría de enjuiciar la pieza separada en la que se indaga si se cometió malversación con la contratación de Álvarez como asistente de Gómez.
La asesora realizó labores en favor de los negocios privados de la mujer de Sánchez. Escribió y supervisó decenas de e-mails dirigidos a la Universidad Complutense de Madrid, donde Begoña Gómez co-dirigió una cátedra hasta 2024.
Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa.
Efe
Y llegó a pedir a la empresa Reale Seguros, uno de los patrocinadores de este proyecto académico, que siguiera financiándolo.
Peinado emplazó a Álvarez y a Gómez a presentarse en su Juzgado el pasado sábado a fin de comunicarles que, de llegar a juicio, será un jurado el que las juzgue por malversación. Se trata del mismo trámite que, el próximo lunes, efectuará el juez para el resto de delitos.
No obstante, ni la esposa de Sánchez ni su asistente acudieron personalmente a la madrileña Plaza de Castilla, donde se ubican los Juzgados de Instrucción. Ambas delegaron en sus respectivos abogados.