Costos fijados serían impagables para emisoras o canales locales que no tienen el músculo financiero de las grandes cadenas comerciales.
Lejos de solucionar un problema histórico, el actual Gobierno y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) más bien podrían estar cavando la tumba para la mayoría de las emisoras y televisoras que no forman parte de los grandes medios comerciales del país, a través de la recién publicada subasta para acceder al espectro de radiodifusión.
El pasado jueves, la Sutel sacó a la luz tres licitaciones para la primera subasta de frecuencias de radiodifusión sonora (AM-FM) y televisiva “acatando los objetivos de política pública planteados por el Poder Ejecutivo”, según fue informado en un comunicado de prensa.
Sin embargo, las condiciones establecidas y los precios base fijados —que llegan a superar los $1.6 millones (₡800 millones)— harían prácticamente imposible que los medios más pequeños, carentes del millonario músculo económico que se requiere, puedan obtener una frecuencia.
“En este cartel no existe nada que proteja la diversidad cultural o los valores de cultura e identidad nacional. (…) Esto es el cierre de la radio y la televisión nacional enmascarada en un concurso público”, Juan Manuel Campos.
“La principal consecuencia de que este concurso esté planteado en estos términos es que cierra la posibilidad de que existan otros medios que no se sean exactamente comerciales”, advirtió Teodoro Willink, ingeniero y exviceministro de Telecomunicaciones, en declaraciones a UNIVERSIDAD.
Barreras de entrada
Igual a Willink opinó el abogado y consultor en telecomunicaciones Juan Manuel Campos, quien destacó que la barrera de entrada no se limita al valor que se debe proponer para obtener el espectro, sino que también hay condiciones técnicas que dispararían los costos:
“Las obligaciones derivadas desde el punto de vista técnico han sido catalogadas como excesivas por la industria de radiodifusión en el país. Así se expuso en los comentarios al borrador de cartel en donde se exigía, para una red nacional, 12 transmisores en 6 regiones Mideplán, que son regiones establecidas con carácter político y no con carácter técnico de propagación de señal”, agregó Campos.
El abogado destacó que, con estos nuevos lineamientos, para un medio pequeño o uno entrante es casi imposible generar un caso de negocio y tener retorno de inversión, por lo que el mensaje es que “salga del mercado”.
“Qué bueno que haya medios grandes, pero ¿por qué necesariamente tenemos que apachurrar a los pequeños?”, añadió el consultor, también presidente de Ciber Regulación.
En la misma línea, el exviceministro sumó que los medios también requieren de personal entrenado y capacidad de tener contenido para difusión, lo que incrementa la inversión.
Para Willink, las condiciones fijadas en el concurso lo que hacen más bien es estimular “la continuidad del esquema que existe”, desaprovechando “la oportunidad de hacer cambios en el paradigma de la gestión de los medios de comunicación masivos”, contrario a otros países de la región que más bien han impulsado políticas públicas para que también existan medios distintos a los comerciales.
Condena a medios y audiencias
Para Ana Xóchitl Alarcón, productora audiovisual y exdirectora de Canal 15, la subasta anunciada por Sutel no solo afectará a los medios alternativos, sino también a los radioescuchas y televidentes nacionales:
“Este tipo de propuestas condenaría a las audiencias —es decir, a la sociedad costarricense— a que la radiodifusión sonora y televisiva pierda sentido o que no tenga nada que ver con sus necesidades informativas, educativas y de entretenimiento”, dijo Alarcón.
Lo anterior, en vista de que la radiodifusión quedaría solo en manos de empresas con capacidad de pago, a las que ni siquiera se les obliga a demostrar que tienen capacidad de producción de contenidos.
“Esto no es un tema de empresas, esto no es un tema de dinero. Es un tema de necesidades formativas, educativas y de entretenimiento de una sociedad. Ni siquiera se está regulando la cantidad de producción local o propia que tiene que haber. Es sencillamente el canon de operación, ¿para qué? Para retransmitir contenidos turcos, norteamericanos, chinos”, manifestó la productora.
La experta señaló que dejar por fuera a medios locales privilegiará contenidos “mucho más homogéneos”, que no responden a las realidades particulares de cada zona. Como ejemplo, Alarcón indicó que a la población de la Zona Norte “poco le importa” lo que ocurre en las presas de Circunvalación, sino que tendrían mayor interés en saber qué ocurre con las necesidades de infraestructura vial de su localidad.
“Entrar en la lógica de subastas con estos precios que se están proponiendo implica condenar al silencio de otras voces diversas, locales, regionales, lo cual a quien realmente condena es a la audiencia”, agregó la especialista.
Siete décadas después
Alarcón recordó que la única regulación existente para la operación de la radiodifusión en Costa Rica data de 1954, cuando se promulgó la Ley de Radio (1758).
En las siete décadas siguientes hubo un vacío de normativa que permitió a las empresas de radio y televisión pagar por sus frecuencias precios prácticamente simbólicos, pero, según el exviceministro Willink, con “inseguridad jurídica” en temas como compromisos de cobertura o duración de los títulos habilitantes.
De acuerdo con el experto, la situación se podía resolver de dos formas. La primera de ellas, ir caso por caso, analizando los detalles de cada título habilitante para atender el tema; y, la segunda, acogerse a la normativa que decía que todos los títulos iban a vencer en determinada fecha, para luego emitir un nuevo concurso:
“La tendencia histórica ha sido a extender el plazo que existía para que vencieran los títulos, aunque estos fueran inciertos, e ir haciendo los estudios poco a poco, pero en este Gobierno lo que se decidió fue no extender el plazo y hacer concursos nuevos”, explicó el ingeniero.
Sin embargo, para Willink, uno de los aspectos “delicados” del concurso es que “no diferencia entre las capacidades y alcances de pequeños medios locales o comunitarios con las que tienen los medios nacionales y comerciales”.
“Un medio con cobertura nacional no puede profundizar en cada una de las comunidades del país, de la misma forma en la que probablemente un medio local no puede abarcar una extensión nacional, pero la conciencia y la intención de estimular que aparezcan estos medios locales es difícil identificarla en este concurso”, alertó el exviceministro.
Por su parte, Alarcón lamentó que el concurso “no es el resultado de un trabajo de construcción tripartito” entre audiencias, empresas y el Estado, como “debería ser en una sociedad democrática”. La productora manifestó que, con esta licitación, lo que parece es que la falta de regulación que ha habido en 70 años “se va a resolver desde un par de escritorios”.
De igual forma, si bien Campos resalta la subasta como un “hecho histórico” por ser la primera vez que sucede en el país, también pone el foco en esas “asimetrías muy importantes que no fueron atendidas” y que dejarían por fuera a cualquier medio que no tenga el capital requerido, entre ellos, culturales, comunitarios o religiosos.
“En este cartel no existe nada que proteja la diversidad cultural o los valores de cultura e identidad nacional. (…) Esto es el cierre de la radio y la televisión nacional enmascarada en un concurso público”, expresó el consultor.
“Nos van a silenciar a todos”
En declaraciones a este medio, Daniel Moya, director de Élite Radio —un medio turrialbeño con alcance comunitario que transmite en la frecuencia 88.5 FM—, calificó la subasta como “un ataque directo a los medios locales”.
En su caso, afirma que tendría que pagar las tarifas de alcance nacional, pues Turrialba forma parte de la Región Central, por la que no se puede ofertar por separado. Así, para pujar por una frecuencia, debería ofrecer, como mínimo, $193.051 (unos ₡97 millones).
“Estoy de acuerdo en un canon, pero en un canon justo. Creímos en las palabras del presidente Rodrigo Chaves cuando él dijo que los medios que más tenían iban a pagar más y los que menos tenían iban a pagar menos y más bien nos vacilaron”, manifestó Moya.
Élite Radio no recibe pagos por pauta, sino que entre los vecinos colaboran con ₡5.000 o ₡10.000: “Ahí pagamos la gasolina y con eso hemos tratado de mantener la estación”, dijo Moya. La emisora transmite música romántica y también se dedica a informar sobre actividades deportivas en Turrialba, sus fiestas patronales o actividades como bingos.
“Nos van a silenciar a todos, tendríamos que apagar las emisoras porque el Gobierno no nos metió en un rubro. No es ni siquiera que nos regalen nada, porque no estamos pidiendo que nos regalen absolutamente nada, lo que estamos pidiendo es que nos cobren lo justo por un medio local pequeño”, agregó el director radiofónico.
Otro caso es de La Potente Radio TV, medio de Aserrí dirigido por Fabián Alvarado, quien explicó que actualmente transmiten por Internet y, aunque les gustaría transmitir en señal abierta, lo cierto es que se les hace imposible conseguir los recursos.
Alvarado indicó que “con tal de ganar mucho dinero” lo que el Gobierno hizo fue cerrarles las puertas a medios de comunicación con información valiosa para sus comunidades: “Creen que ganamos millones de colones y eso es muy contrario a la realidad”.
Por su parte, el productor Fernando Chironi, que cuenta con un programa radial llamado Ciudad Caníbal, indicó que “lo que están haciendo es perjudicar a los medios más pequeños”, con sumas “muy grandes” por cancelar.
“Están generando un problema muy grande el Estado, porque no solo no van a lograr la pluralidad que promovían en su discurso, sino que además van a coartar el derecho de la información de las audiencias porque, en señal abierta, lo que va a ocurrir es que van a quedar un montón de frecuencias en manos del Estado, sin concesión”, aseveró Chironi.
¿Qué dice la Sutel?
UNIVERSIDAD consultó a la Sutel si a la hora de establecer los precios base para la subasta, se tomó en cuenta a los medios que no podrían hacer frente a las grandes sumas fijadas, así como las opciones que estos tendrían para poder obtener una frecuencia.
La superintendencia señaló que el valor tomado como precio base de la subasta se realizó “a la luz de los objetivos de política pública” que, en este caso puntual, “se centran en el despliegue de infraestructura para mejorar la cobertura de las redes de radiodifusión”.
“La Sutel realizó el ejercicio de calcular el valor del espectro radioeléctrico a partir de los montos de referencia utilizados en otras latitudes, y con un ejercicio técnico para traer estos montos al valor presente, de acuerdo con las características de la radiodifusión en Costa Rica. La instrucción de política pública le solicitaba a la Sutel que la definición del cálculo del precio base de la subasta se hiciera considerando el valor de mercado del recurso escaso, y por tanto la estimación realizada por la Sutel cumple con dicha instrucción”, agregó la entidad.
La superintendencia también dijo que, tomando en cuenta la existencia de medios nacionales, regionales y pequeños, se estableció “un esquema de pago en tractos que busca promover la competencia y concurrencia de los oferentes”, y recordó que la concesión de las frecuencias tiene una vigencia de 15 años, prorrogables hasta 25 años.
Este medio revisó el plan de pago en tractos, no obstante, este solo abre la posibilidad de que las millonarias sumas se cancelen en 4 cuotas; la primera en los primeros 15 días tras el inicio de la concesión y las otras 3 en cada año siguiente, al cumplirse periodos de 12, 24 y 36 meses.