El Ministerio de Vivienda y las comunidades autónomas se han emplazado a una nueva reunión de la Comisión Multilateral «para buscar el consenso» tras persistir las diferencias sobre aspectos concretos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en la Comisión Sectorial celebrada el pasado jueves, en la que se ha reunido la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, con los consejeros de vivienda autonómicos.
Según fuentes de Vivienda, se ha constatado «la posibilidad de llegar a un acuerdo» entre el Gobierno y autonomías para sacar adelante el próximo Plan Estatal, que triplicará los fondos destinados a políticas públicas de vivienda, hasta los 7.000 millones de euros.
Desde el Departamento encabezado por Isabel Rodríguez han celebrado el «tono en el que se ha celebrado este encuentro» y han trasladado su compromiso en poner todo de su parte para alcanzar un acuerdo al servicio del interés general que garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada a toda la ciudadanía.
No obstante, desde el Gobierno mantienen que el nuevo Plan tiene que implicar una mayor corresponsabilidad en la financiación, debe proteger de forma permanente las viviendas construidas con recursos públicos y debe aportar una mayor transparencia en los datos.
Sin embargo, las comunidades autónomas gobernadas por el PP siguen criticando la actitud del Gobierno en la elaboración del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, criticando la falta de acuerdo y consenso con ellas en la elaboración del real decreto y la «falta de lealtad» de Isabel Rodríguez a la hora de negociar las condiciones del mismo.
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en representación de los ejecutivos autonómicos populares, ha reclamado «un reparto competencial tanto en la elaboración como en la ejecución del plan de vivienda», ante el aumento de la inversión por parte de las CCAA en el nuevo proyecto.
El nuevo Plan de Vivienda prevé una inversión de 7.000 millones de euros, el triple de lo invertido en el plan anterior, de la que el Estado asumirá el 60%, mientras que a las comunidades autónomas correspondería el 40% restante, salvo Navarra y País Vasco, que no entran dentro del Plan Estatal.
En el ejercicio 2026, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla no estarán obligadas a cofinanciar el Plan. En cada ejercicio, de 2027 a 2030, ambos incluidos, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla habrán de financiar el Plan junto con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de forma que, en conjunto, la financiación del Plan sea en un 60% a cargo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y en un 40% a cargo de las comunidades y ciudades autónomas
A dónde irán dirigidas las ayudas
Según consta en el Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, y que actualmente se encuentra en audiencia pública, se articularán ayudas para el incremento de la oferta de vivienda pública, de vivienda protegida de forma permanente y para el fomento de alojamientos temporales, de modelos ‘cohousing’, ‘coliving’, de viviendas intergeneracionales y modalidades similares.
Se articulan asimismo ayudas para garantizar la seguridad y la accesibilidad, así como para la mejora de la habitabilidad, sostenibilidad y la eficiencia energética del parque de viviendas y para la regeneración y renovación urbana y rural.
Adicionalmente se articulan también ayudas para las personas con menos recursos, las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables para el alquiler de vivienda habitual.
La especial atención a los jóvenes se articula con ayudas específicas al alquiler, a la compra en municipios y núcleos de población de 10.000 habitantes o menos, al alquiler con opción a compra, y a la cobertura de los posibles impagos de renta arrendaticia.