Madrid
La investigación abierta contra la actividad profesional de Begoña Gómez entra en una nueva dimensión con dos decisiones clave que acercan a los investigados a un juicio ante un tribunal popular.
Juan Carlos Peinado ha transformado a la ley del jurado la pieza principal que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, su asistente, Cristina Álvarez, y al empresario Carlos Barrabés.
Les acusa de tráfico de influencias, entre otros delitos, y apunta, sin ningún indicio que lo avale, al papel del presidente del Gobierno en la trama. Los tres investigados están citados este lunes para comunicarles esta decisión.