La presidenta de la Asociación de mujeres andaluzas afectadas por cáncer de mama (Amama), Ángela Claverol, ha confirmado esta mañana que van a presentar una demanda colectiva contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por los retrasos en los diagnósticos de cribado de cáncer de mama. Será esta tarde, cuando están citadas las mujeres que consideran que han sido víctimas de los fallos en el programa de detección precoz, cuando se “fijen los términos” del escrito, ha precisado durante una entrevista en Onda Local Andalucía.
“Queremos que se depuren responsabilidades”, ha señalado a este diario el abogado de la asociación, Manuel Jiménez. En la denuncia también se reclamará a la administración andaluza “el resarcimiento y la indemnización correspondientes”, ha recalcado el letrado. A la espera de conocer los casos de todas las mujeres que han sido citadas esta tarde en la sede de Amama en Sevilla y que vienen de toda la comunidad, Jiménez sí tiene claro que entre las personas demandadas estará la consejera de Salud, Rocío Hernández.
Desde que saltó el escándalo, adelantado por la Cadena Ser, Amama no ha parado de recibir testimonios de mujeres que saben o que creen que han sido víctimas de los fallos en la información del diagnóstico de los cribados. Claverol ha indicado que entre las afectadas hay “varias mujeres muertas ya por retrasos” en las pruebas complementarias que necesitaban tras una primera mamografía dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama con resultados no concluyentes. “Esto es una catástrofe”.
La Junta de Andalucía, después de reducir a tres el número de afectadas, cifró en 2.000 las mujeres a las que no se les informó de que los resultados del screening habían sido no concluyentes. El Gobierno andaluz había decidido que en estos casos “para no introducir un elemento de ansiedad”, según las palabras del presidente de la comunidad, Juan Manuel Moreno, eran los radiólogos los que decidían cuándo se volvía a llamar a las mujeres para realizarse una mamografía u otra prueba, algo que, en principio podía tardar “tres meses, seis meses o un año”, según indicó la consejera de Salud en sede parlamentaria. En algunos casos, según los testimonios de las mujeres afectadas, pasó mucho más tiempo y en este intervalo desarrollaron el tumor o tuvieron que irse a la sanidad privada para tratarse.
“Queremos que se sepa dónde está el error”, insiste el abogado de Amama, a quien no le terminan de convencer las explicaciones que el SAS que apuntan a una “disfunción en los sistemas informáticos que hace que no se detecten este tipo de solicitudes de exploraciones informadas por especialistas de otras áreas hospitalarias”, de acuerdo con la carta que recibió una de las pacientes afectadas y de la que ha informado la Cadena Ser.
La denuncia de Amama se sumará a la que ya está estudiando la Fiscalía Superior de Andalucía y que registró la asociación Defensora del Paciente el pasado jueves, en la que se exigen responsabilidades al SAS por “dejación de funciones” en el programa de detección precoz. Este mismo martes, Izquierda Unida, ha interpuesto otra demanda ante la Fiscalía General del Estado en la que exige responsabilidades a los tres consejeros de Salud que ha tenido Moreno, Jesús Aguirre, Catalina García y Hernández, por delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes en comisión por omisión y omisión del deber de prestar servicios sanitarios. Otros despachos de abogados también han anunciado la presentación de denuncias relacionadas con el cribado de cáncer de mama. La asociación de consumidores Facua ha puesto en marcha una plataforma de afectadas que no solo se circunscribe a Andalucía.