Las próximas oposiciones de RTVE no contarán de momento con un plan de mejora para evitar el reguero de irregularidades que ha plagado el último proceso selectivo de la corporación. El presidente de RTVE, José Pablo López, anunció una auditoría externa para determinar los fallos y elaborar un plan de cara a próximas oposiciones, que se publicarán en los próximos meses. Un plan que de momento se ha visto frustrado, después de que ninguna empresa haya optado a realizar estos trabajos, quedando desierta la licitación valorada en 84.960,00 euros sin IVA.
La última convocatoria de oposiciones, publicada inicialmente en 2022, culmina estos días con la adjudicación de plazas de los nuevos empleados de RTVE. La adjudicación pone fin a una cadena de errores que comenzó en la Audiencia Nacional, que anuló una parte de sus bases; siguieron con una brecha de seguridad en la web -desarrollada por la empresa Cegos– que dejó al descubierto los datos personales de miles de aspirantes y concluyó con una filtración del examen a informador, que tuvo que ser aplazado varias semanas.
Este episodio destapó un intento de amaño por parte del sindicato mayoritario, UGT. Un asunto por el que hay abierto un procedimiento judicial en el juzgado número 48 de Madrid donde hay dos trabajadores imputados vinculados a UGT. Mientras se desarrollaba el proceso, tuvo lugar la polémica contratación de familiares de líderes sindicales que habían suspendido el examen, desvelada por EL PERIÓIDICO, que llevó a revisar los criterios de contratación de la bolsa de empleo. Una vez concluidas todas las pruebas, la polémica se trasladó a la valoración de méritos, donde centenares de opositores denunciaron la falta de reconocimiento de su experiencia laboral previa, algunos apuntando a la existencia de discrecionalidad a la hora de tener o no en cuenta la vida laboral.
A día de hoy, cuando se cumple un año de las filtraciones, el balance arroja muchas sombras. Los aspirantes damnificados por la suspensión in extremis del examen no han visto compensados sus gastos; los dos trabajadores de RTVE se mantienen en sus puestos y también conservan sus cargos sindicales. La Fiscalía ha evitado impulsar el caso en los tribunales mientras la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) apunta a un borrado de datos en las comunicaciones de los imputados con los líderes sindicales. Y mientras, la persona que alertó de la filtración tras haber recibido el examen la noche antes tiene que compartir a día de hoy centro de trabajo con el cargo sindical al que denunció.
Plan de trabajo
En septiembre, poco antes del primer aniversario de este capítulo negro de la historia de RTVE, el presidente de RTVE anunció una licitación para hacer una auditoría y detectar los «errores» del proceso, además de elaborar un plan de mejora que pudiera aplicarse a las próximas oposiciones, que prevén convocarse en los próximos meses. Las empresas interesadas podían presentar sus propuestas hasta este lunes, cuando se cerró el proceso de adjudicación y cuando estaba prevista la primera reunión para analizar las ofertas presentadas.
Sin embargo, se da la circunstancia de que ninguna compañía se postuló para ejecutar el ambicioso plan previsto por la dirección de RTVE. Un plan de mejora que no prevé estar para la próxima convocatoria de empleo público, prevista inicialmente para antes de finales de año. Si la corporación abre una nueva licitación para realizar la auditoría que garantice la limpieza de las próximas oposiciones, esta convocatoria podría retrasarse.
En el pliego de condiciones del contrato que ha quedado vacante, RTVE proponía una «auditoría independiente, exhaustiva y con enfoque preventivo del proceso de oposiciones de RTVE», encaminada a «detectar puntos críticos, analizar riesgos y establecer una hoja de ruta de mejora estructural, reforzando la confianza institucional y ciudadana en los procedimientos de acceso al empleo público». El plazo de ejecución de esta auditoría era de tres meses desde la firma del contrato, es decir, a mediados de enero, con el objetivo de poder implementar las mejoras en las siguientes oposiciones.
En concreto, el trabajo requería identificar «riesgos críticos en términos de legalidad, seguridad, trazabilidad, imparcialidad y eficiencia», que debía llevarse a cabo mediante «técnicas de revisión documental, análisis de procesos, entrevistas estructuradas, análisis de logs digitales, evaluación de protocolos y normativa interna». Es decir, un amplísimo examen legal y digital; además de una revisión de la documentación relativa a las oposiciones y que incluyera también «propuestas de mitigación» de irregularidades en un plan que debería incluir un «cronograma» con las fases de implementación. Una tarea que ninguna empresa se ha prestado a ejecutar.
RTVE justificó la licitación en que desbordaba la capacidad de la corporación, y que requería de recursos externos. Pero el anuncio de la auditoría generó ciertos recelos a nivel interno, y algunos sindicatos cargaron contra la propuesta: «¿Y para qué tanta inversión? Para que una empresa externa venga a decirnos lo que todos sabemos: que el proceso de oposiciones de RTVE ha sido un desastre de manual», criticó el sindicato USO.
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