Isabel Díaz Ayuso ha abierto un nuevo frente contra el Gobierno con el aborto. Tras varios días de declaraciones ambiguas, la presidenta regional confirmó este jueves que no pondrá en marcha el registro de médicos objetores que marca la ley aprobada en 2023. La medida, establecida para conocer cuántos profesionales hay en los hospitales públicos disponibles para realizar esta intervención, ya estaba además acordada en lo que se refiere a la letra pequeña de cómo ponerla en marcha entre el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades autónomas. Incluida Madrid.
El Consejo Interterritorial de Salud aprobó el pasado diciembre un protocolo común para crear dichos registros a nivel autonómico que salió adelante por unanimidad, confirman desde el Ministerio de Sanidad. La consejera madrileña, Fátima Matute, no puso entonces ningún inconveniente: la objeción podía ser parcial o total, no necesitaba motivarse en ningún caso y los datos quedaban “especialmente protegidos”. Es decir, no es un registro público.voto