Somos la resistencia», dice, medio en broma, medio en serio, Juan Antonio Latasa, uno de los padres que inició un movimiento de familias que, en diferentes puntos de España, sintieron lo mismo: la sensación de que aquello no podía ser lo mejor para sus hijos. «Los libros de texto serán eliminados el próximo curso. En su lugar, cada alumno dispondrá de un dispositivo digital de forma individual».
Anuncios como este, de repente y a capón, con el verano ya a la vista y sin aportar evidencias que avalaran decisión de semejante calado, se fueron sucediendo en centros educativos de nuestro país a lo largo de la última década. «Hemos sufrido las consecuencias de un experimento a gran escala con nuestros hijos», sentencia Gil Campos, padre combativo con tres hijos que plantó cara a la dirección de su colegio y es hoy portavoz de Desempantallados, la asociación más activa en la lucha contra este modelo pedagógico. «Un modelo que –prosigue– casi todo el mundo aceptó».
Motivados grupos de padres descontentos por toda España fueron la excepción. «La mayoría, madres –concede Latasa, el padre que ideó el nombre Desempantallados–. El mother power ha sido imparable». Más de 15 familias, cuyas historias y reivindicaciones representan a las de otras miles que se han sumado al movimiento, han prestado a XLSemanal sus testimonios –desahogos, más bien, muchos de ellos–, mayormente anónimos. «No quiero perjudicar al colegio ni a mis hijos», justifican.
La excusa de las ‘competencias digitales’
Para algunos, todo empezó en 2015, cuando los primeros centros implantaron este modelo pedagógico llamado one to one (un ordenador/un alumno). La mayoría, sin embargo, inicia su relato en 2020, el curso posterior a la pandemia, cuando el Ministerio y las consejerías de Educación destinaron fondos europeos Next Generation a la implantación masiva de dispositivos digitales en centros financiados con fondos públicos. Una ola que también surfearon muchos colegios privados.
«La excusa para imponer el one to one fue que, como marca la Unión Europea, había que dar a los niños formación en competencias digitales», señala Gil Campos. En el documento de 2017 que las define, sin embargo, no se reconocen como tales estudiar o leer en una pantalla ni ver vídeos en clase, como hacen hoy algunos docentes en sustitución a sus propias explicaciones (un detalle que se subraya en la aclamada serie Adolescencia, buen complemento a la lectura de este reportaje). «Adquirir competencias digitales –añade el portavoz de Desempantallados– implica, más bien, cuestiones como enseñar a los menores a utilizar la tecnología digital teniendo en cuenta su seguridad, su bienestar y su salud. Justo lo que llevamos años exigiendo».
Empezaron a hacerlo cuando aún no abundaban los estudios y voces que hoy claman de forma abrumadora contra el one to one desde ámbitos como la neurología, la psicología, la salud mental, los expertos en adicciones, la pediatría, la pedagogía, el derecho, la ciberseguridad o la protección de la infancia y la adolescencia. Ya en 2023 el Gobierno de Suecia, país admirado por su sistema educativo, les dio la razón al parar en seco la implantación del sistema tras detectar una caída de los resultados académicos, sobre todo en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, además de una larga serie de efectos negativos.
En España, sin embargo, miles de alumnos siguen estudiando y haciendo deberes con las tablets, sistemas operativos y herramientas digitales de empresas como Apple, Microsoft y Google, uno de los mayores acumuladores mundiales de datos personales y de comportamiento en Internet. Su dispositivo Chromebook y su entorno Google Workspace for Education son hoy, con diferencia, los de uso mayoritario en los centros educativos españoles. Es decir, los datos académicos de los menores, sus correos electrónicos o su historial de navegación acaban en sus servidores. Google, además, ha firmado convenios con los gobiernos de Madrid (que también ofrece formación en otros productos de la compañía, como su IA, Gemini), Extremadura, Andalucía, Canarias y País Vasco para extender el uso de sus productos por los centros con financiación pública. Alegan todos ellos, eso sí, que se han cuidado de poner los medios oportunos para que su uso sea «completamente seguro».
«Un riesgo innecesario a la privacidad de los menores»
La Agencia Española de Protección de Datos, el garante de nuestros derechos en relación con los datos personales, desmiente esa infalibilidad. En un informe de 2024 desaconsejaba el uso educativo de Google Workspace for Education. La «recogida invasiva de información personal, la posibilidad de usarla para elaborar perfiles y que esta información pueda transferirse a terceros son un riesgo innecesario […] que amenaza la privacidad de los menores», advierte.
«El problema es que detrás de todo esto hay un negocio bestial –señala Juan Antonio Expósito, exdirector del instituto Las Musas, en Madrid, reconocido por su uso exitoso de la tecnología aplicada a la educación y autor del libro La rebelión de Las Musas–. La industria de la tecnología educativa moverá este año 400.000 millones de dólares». Y creciendo. El mercado español superó el año pasado los 4000 millones; y las previsiones de IMARC Group, multinacional de estudios de mercado, pronostican un crecimiento en pocos años de casi el 12 por ciento. «En las ferias de educación –añade Expósito, que en su día rechazó ofertas de tecnológicas para implantar el one to one en su centro– ya no hay una sola idea que no vaya asociada a la venta de un sotftware o un nuevo cacharro».
La impresión entre los padres es que autoridades educativas y centros «compraron sin remilgos el marketing de las tecnológicas», como ilustran algunos de los documentos con los que se les anunciaba la implantación de este «innovador sistema pedagógico». La promesa de seguridad total, sin ir más lejos, es parte de ese marketing que la sociedad entera parece haber asumido como inevitable. No es así para las madres y padres organizados en colectivos como Desempantallados, Salud Digital Aragón, Aixeca el Cap (Levanta la Cabeza, en catalán) o el Movimiento por una Escuela Off, que llevan años recogiendo testimonios y compartiendo historias.
Fernando de la Cueva es de los pocos docentes que se han opuesto públicamente a la imposición del Chromebook. Profesor de Matemáticas de la ESO hoy jubilado y entusiasta de la tecnología como recurso educativo, en 2018 se rebeló contra la implantación en su instituto, en Zaragoza, del modelo one to one.
Funcionario con plaza en propiedad y más antigüedad que nadie en el centro,… Leer más
Fernando de la Cueva es de los pocos docentes que se han opuesto públicamente a la imposición del Chromebook. Profesor de Matemáticas de la ESO hoy jubilado y entusiasta de la tecnología como recurso educativo, en 2018 se rebeló contra la implantación en su instituto, en Zaragoza, del modelo one to one.
Funcionario con plaza en propiedad y más antigüedad que nadie en el centro, la dirección se negó a proporcionarle libros de papel para impartir su asignatura. Recurrió a la inspección, a la Justicia de Aragón y hasta al Defensor del Pueblo, pero en todas las instancias le repitieron el mismo argumento: «Los centros tienen autonomía para decidir su proyecto educativo». Su respuesta fue conseguir libros de texto de cursos previos para sus más de cien alumnos de segundo de la ESO. Con ellos, y sin despreciar los recursos digitales, acabó dando clases hasta su jubilación. A su despedida acudieron decenas de padres y alumnos.
En ellas aparecen «agujeros negros digitales», alumnos que hackean la seguridad del Chromebook; fotos inadecuadas en Google Drive; acoso digital, o chavales que chatean, ven películas, fútbol o porno en plena clase. Aparecen también padres que sienten que han perdido a sus hijos; que se han convertido en ‘policías’ dedicados a controlarles el ‘tiempo de pantalla’ cuando dicen estar estudiando o haciendo deberes; padres que hablan de tensión y broncas familiares; de vínculos que se resienten. Y aparecen incluso profesores estresados que callan por temor a ser despedidos o marginados. «Es evidente que a muchos centros y a los políticos les interesa más el negocio de la educación digital que la protección de nuestros hijos», sentencia Gil Campos, que cofundó Desempantallados en el curso de una batalla contra el centro de Valencia, parte de una red educativa con 12 colegios en España, al que iban sus tres hijos. Gracias a su lucha se retiraron los Chromebooks de primaria el curso pasado y se restringió su uso hasta tercero de la ESO.
Un proyecto digital de verdad
«A nosotras nos los colaron en el 2020-2021, tras el confinamiento –rememoran Amparo Baviera y María Buyo, madres de tres y cinco hijos que lideraron una ‘rebelión’ pionera en dos colegios concertados de Valencia–. A dos meses del comienzo de las clases, sin la menor explicación, nos informaron de que se eliminaban los libros de texto de papel a partir de tercero de primaria».
«El problema es que detrás de todo esto hay un negocio bestial. La tecnología ha secuestrado la enseñanza», señala el exdirector de un centro que rechazó este sistema
Los hijos de Amparo eran pequeños, pero a cuatro de María les tocó de lleno. «No me quedó otra que aceptar la situación. Pasé de poner las reglas sobre pantallas en casa a, con el Chromebook, perder ese poder. Y la bajada de notas fue espectacular».
A la hija mayor de Amparo aún le quedaban dos años para llegar a tercero, pero las historias y quejas que circulaban por los corrillos de padres la removieron por dentro. Y en esas conoció a María. «Decidimos presentarles un proyecto digital de verdad –relatan–. Como ignoramos los términos del acuerdo entre el colegio y Google, debíamos convencerlos para volver al libro, pero proponiendo una forma más racional de usar el Chromebook; que sirviera de verdad para enseñar competencias digitales». Junto con padres de otros colegios de España crearon un grupo de trabajo con pedagogos, expertos en ciberseguridad, en competencias digitales, psicólogos, neurólogos, docentes… «Presentamos el documento a los colegios y, tras dos años de one to one y de constantes tensiones, nos escucharon». Y aceptaron sus propuestas. «Que digo yo –reflexiona Amparo– que, si nosotras fuimos capaces de hacer esto, ¿por qué no lo han hecho las administraciones educativas?». Su éxito, en todo caso, se propagó como la pólvora entre las familias de otros centros en pie de guerra y, poco después, nacía Desempantallados, la asociación que convirtió las batallas entre los padres y sus centros en un movimiento de ámbito nacional.
La insumisión como única alternativa
El alumbramiento coincidió con otro momento álgido de la lucha: la resistencia de un grupo de padres del colegio concertado Claret de Madrid a la imposición del one to one; en su caso, con iPads, de Apple, a casi 900 euros, lo que, alegaban, vulnera el principio de gratuidad de la enseñanza en etapas obligatorias. El caso saltó a los medios cuando, ante el rechazo de la inspección educativa y la Consejería a sus reclamos, acudieron al Defensor del Pueblo. El órgano comandado por Ángel Gabilondo «nos dejó en las mismas», señala Laura Sánchez, madre de dos hijos y coimpulsora de la ‘rebelión’.
La relevancia de su caso, en realidad, se debe a que establece un precedente al que otros padres podrían agarrarse: la insumisión. «La ley obliga a los centros financiados con dinero público a ofrecer una alternativa al one to one –señala Óscar Daza, también ‘rebelde’, pero que mantiene a su hija en el Claret en ‘modo resistencia’; es decir, con libros de papel–. El colegio, probablemente por error, nos dio la razón por escrito y eso, aunque no dieran luego la menor facilidad, abrió la puerta a rechazar los iPad. Al menos, los profesores han sido comprensivos».
La dinámica, en todo caso, ha cambiado. «Hace poco era al revés –señala Laura, ya con sus hijos fuera del Claret–, pero ahora los centros te venden como un valor añadido el uso del papel. Algo hemos hecho bien». Prueba definitiva son los pasos que el Gobierno central y algunos autonómicos empiezan a dar, si bien con firmeza limitada, para desterrar el one to one. El de Madrid, por ejemplo, que ha decretado su retirada en infantil y primaria, permite moratorias a los centros. «Si no es por intereses económicos, no se entiende que no los retiren de una vez ahora que ya saben que están hundiendo la formación, la seguridad y la salud de los chavales –remata Campos–. Y que los quiten ya de secundaria, que es donde está el gran problema. ¡Por favor, aceleren el final de este experimento macabro!».