Hace unas semanas adelantamos que la revisión del PIB realizado por el INE despejaba una importante incógnita que pesaba sobre la economía española. En lugar de una recuperación anémica de la inversión, las nuevas series indican un mayor dinamismo en los últimos años. El grueso del cambio se explica por la revisión al alza en la inversión en activos que mayoritariamente adquieren las empresas privadas, como los inmuebles no residenciales, construcciones y los intangibles. Esta revisión nos sirve de excusa para abordar otro misterio que permanece en las cuentas macroeconómicas: el notable descenso en el peso de las rentas del capital.
El PIB puede ser descompuesto de una forma sencilla entre las rentas brutas que perciben los trabajadores y los propietarios del capital. Desde esta lógica, los salarios y las cotizaciones sociales constituyen la retribución del trabajo, mientras que el excedente que permanece como residuo es la remuneración del capital. Como más adelante veremos, esta división es más fácil de aplicar cuando se tratan las cuentas de las empresas que en otros sectores, como ocurre en la administración pública o con las rentas generadas por los autónomos. La forma de abordar estas cuestiones técnicas –que apenas varían las tendencias, aunque sí los niveles– se detallan en la nota al final de este artículo.
El indicador más sencillo de interpretar es el peso de las rentas del trabajo, como aparece en el siguiente gráfico.
A primera vista, se aprecia una reducción continuada del peso de las rentas de los trabajadores entre 2007 y 2018. La fuerte crisis económica que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria dio lugar a inédita reducción del empleo y un deterioro de las condiciones laborales. Años más tarde, la recuperación de la actividad económica iniciada en 2014 se hizo sobre la base de una posición de relativa debilidad de los trabajadores. Este proceso, que los economistas Nacho Álvarez, Jorge Uxó y Eladio Febrero han denominado como una devaluación interna, indica que ese ciclo de crisis y recuperación tuvo como resultado un estancamiento de los salarios y un incremento relativo de las rentas del capital.
Por el contrario, parece que el ciclo económico más reciente ha dado lugar a un proceso opuesto, caracterizado por una subida en el peso de las rentas del trabajo. El aumento fulgurante en 2020 y 2021 se explica en buena medida por las medidas asociadas al sostenimiento del empleo y de las rentas del trabajo a través de los ERTEs, en un contexto en el que el PIB se desplomaba por momentos. Pero también es notable que, en la actualidad, con la economía creciendo a un ritmo sostenido, el peso de las rentas del trabajo sigue por encima de los niveles observados en la década de 2010. Esta noticia podría ser vista como un cambio favorable para los trabajadores y una vindicación de los cambios operados en el mercado de trabajo. La creación de empleo ha ido acompañada de la subida del salario mínimo y una reforma laboral que aumenta la permanencia de los trabajadores en plantilla y reduce el empleo temporal. Este nuevo marco normativo no es neutral y favorece un distinto reparto de la tarta.
Sin embargo, la cuestión se antoja algo más compleja cuando se desciende al detalle. Si se analizan el peso de las rentas del capital (en el siguiente gráfico), se obtiene no solo la perspectiva opuesta, sino también un mayor detalle sobre su composición.
En términos agregados, los beneficios brutos de las sociedades no financieras y los ingresos del capital de los autónomos constituyen la parte principal, mostrando además una evolución estrechamente vinculada al ciclo económico. Además, se contabilizan como rentas del capital el margen bruto de las entidades financieras y los alquileres imputados sobre las viviendas en propiedad.
Esta última partida viene incrementándose en las últimas décadas como resultado de los aumentos continuados en los alquileres y apunta a la principal contradicción de los tiempos actuales: que los salarios pueden crecer por encima de la inflación, pero no alcanzan a compensar el encarecimiento de la vivienda.
Otro fenómeno notable es la fuerte subida del margen bruto de las entidades financieras, que en 2024 se situó en máximos históricos (un 4,1% del total de la renta) como resultado de las condiciones ventajosas con las que operan los bancos en la actualidad.
En todo caso, el hecho fundamental es que, en apariencia, los beneficios de las sociedades no financieras se han reducido a mínimos históricos, situándose en 2024 en apenas un 13,7% de la renta total. Para entender esta tendencia conviene situar la lupa sobre las cuentas de las empresas. Para este caso, la contabilidad nacional permite también distinguir el reparto del valor añadido generado en las empresas entre capital y trabajo, de forma que los procesos en otros sectores (los alquileres, los beneficios de los bancos, etc.) no juegan ningún papel. Asimismo, esta perspectiva tiene la ventaja de facilitar la comparación con las cuentas de las empresas, que también identifican el valor añadido, la retribución de los asalariados y la renta bruta empresarial.
En este ámbito se disponen de dos grandes bases de datos públicas: la Central de Balances del Banco de España (CBI) y el Observatorio de Márgenes Empresariales (OME) de la Agencia Tributaria. El peso de las excedentes empresariales en el valor añadido, según estas fuentes, queda reflejado en el tercer gráfico.
Como una primera aproximación, lo más útil es fijarse en las tendencias que marca cada serie, más que en las diferencias de nivel entre unas estadísticas y otras. Desde esta perspectiva, el balance de las dos crisis más recientes resulta muy distinto. Según la Central de Balances y la Agencia Tributaria, el margen empresarial se redujo con fuerza durante el pinchazo de la burbuja inmobiliaria (2008-2013), mientras que en la crisis del COVID y la recuperación más reciente (2019-2024), los márgenes se han incrementado. La contabilidad nacional del INE, en cambio, apunta en un sentido opuesto. La participación del excedente empresarial en el valor añadido se incrementó en los primeros compases de la crisis de 2008, pero viene descendiendo de forma continuada desde 2018.
Las diferencias entre registros durante la crisis inmobiliaria (2008-2013) pueden tal vez explicarse por diferencias metodológicas, como es el hecho de que las empresas de la construcción estaban registrando en aquel momento un fuerte descenso en su facturación y en su margen bruto. Por el contrario, la contabilidad nacional tiende a hacer una periodificación distinta de los grandes proyectos de construcción, lo cual hace que los excedentes empresariales en este sector fueran menos volátiles que en las cuentas de las sociedades. Una pequeña diferencia que permite ilustrar que el estallido de la burbuja inmobiliaria trajo la destrucción de una parte considerable del tejido empresarial y, según como se contabilice este fenómeno, ello da lugar a una perspectiva distinta en uno y otro caso.
En cambio, las diferencias en el periodo más reciente siguen siendo mucho más difíciles de explicar. Francisco Melis y yo llevamos tiempo insistiendo en este diario que desde 2021 existe una brecha en el crecimiento nominal de los excedentes empresariales.
Como muestra el último gráfico, si nos atenemos a la contabilidad empresarial, los excedentes se recuperaron de la crisis del COVID y continuaron aumentando con la inflación de 2022. En las cuentas nacionales, la trayectoria es mucho más discreta y, si se ajusta por el crecimiento de los precios, podría argumentarse que los beneficios en términos reales están estancados desde 2019.
Trabajamos lo mismo que antes de la pandemia, pero la EPA lo mide de forma distinta
Mucho me temo que esta diferencia no va a resolverse pronto, pues los responsables de las cuentas nacionales han anunciado que la próxima gran revisión no tendrá lugar hasta 2030. Hasta entonces, cada cual podrá hacer un análisis distinto. Aquellos que sigan al pie de la letra las series del PIB podrán concluir que las empresas en nuestro país continúan presionadas por el nuevo marco de relaciones laborales y sin posibilidades de aumentar sus beneficios. En cambio, si uno aterriza en una junta de accionistas o en la mesa de negociación de un convenio colectivo, es más que probable que encuentre a empresas cuyos márgenes se sitúan en niveles holgados y pueden subir los salarios por encima del IPC.
Para calcular el reparto de la renta entre capital y trabajo se utilizan las series de contabilidad nacional del INE. El PIB se descompone entre remuneración de los asalariados, excedente bruto de explotación e impuestos netos sobre la producción. Como esta última partida no se atribuye directamente ni al trabajo ni al capital, se ha descontado y por tanto el reparto se hace en términos de la renta al coste de los factores.
Además, lo idóneo para una comparación a largo plazo es descontar el efecto de la depreciación, por lo que se utiliza solo el excedente neto de explotación. Este hecho resulta en que la administración pública no genera rentas del capital.
Por último, las rentas mixtas de los autónomos se han asignado en un 70% al factor trabajo y un 30% al capital. Estas proporciones son las que habitualmente se manejan en las comparaciones internacionales, aunque existen otras formas de imputar una renta del trabajo a los trabajadores autónomos que variarían el nivel absoluto, pero apenas afectan a las tendencias relativas en la economía.