Las posiciones de empresas y Gobierno siguen enquistadas en el momento crítico para el futuro de la industria nuclear en España, para inquietud, sobre todo, de los vecinos y trabajadores de la central nuclear de Almaraz, la primera del calendario de cierre. En esta cuenta atrás, el único movimiento de las empresas fue una carta de Iberdrola y Endesa a Sara Aagesen sugiriendo una prórroga hasta 2030, que el Gobierno desdeñó al considerarla no oficial y avisando de que «perjudicaría a los ciudadanos», en alusión a la petición de las empresas de cambios en la presión fiscal.
En esta encrucijada, El País lanzó este jueves el titular El Gobierno se abre a la extensión de la vida de las nucleares si no encarece el recibo, recogiendo una respuesta, también por carta, de Aagesen a las empresas que reiteraba lo que ya han dicho tanto ella como el presidente Pedro Sánchez en público: que una hipotética prórroga tendría que conllevar garantías de suministro, de seguridad y ausencia de perjuicio económico para los ciudadanos.
La mera mención de un diálogo abierto, aunque sea con los argumentos encontrados ya conocidos, ha escocido en los aliados del Gobierno y ha motivado una rápida reacción desde Moncloa, que ha respondido que «no hay negociación abierta ni cambio de posición de ninguna de las partes».
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Desde Sumar, han dejado claro que pondrán todo de su parte para evitar cambios en los planes previstos: fuentes del partido han difundido una reacción de la presidenta Yolanda Díaz reiterando su «conocido rechazo» a prorrogar la vida de las nucleares, informa Servimedia. Díaz cree, según dichas fuentes, que «alargar la vida útil de las nucleares significa no dejar espacio suficiente para el imprescindible despliegue de las energías renovables en nuestro país».
«España está siendo uno de los lideres mundiales en la transición energética, con excelentes resultados económicos y de creación de empleo», mientras que «la energía nuclear no es una energía flexible y por lo tanto no es ninguna solución a los problemas derivados del apagón de hacer unos meses», señala la vicepresidenta ajena a la deriva en sentido contrario de otros países precisamente para abordar la transición a energías sin emisiones.
Añade, además, que «alargar el calendario de cierre significa incumplir los compromisos adquiridos con inversores en renovables que han tomado decisiones en base a un calendario acordado» y «hacer aún más grande la ya muy difícil problemática del almacenamiento de los residuos nucleares». «España zanjó este debate de forma exitosa hace años y no tiene ningún sentido volver a abrirlo ante la urgencia de acometer una transición ecológica justa en nuestro país», dice Díaz lanzando un aviso a Sánchez: «En cumplimiento del acuerdo de gobierno de coalición», el calendario actual de cierre «debe mantenerse tal y como se acordó».
Junto a Díaz se han posicionado los ecologistas: Alianza Verde, de Juantxo López de Uralde, habla de un intercambio de cartas que a su juicio es «una hipoteca en términos de seguridad». «Existe un calendario de cierre y el Gobierno debe respetarlo, no poner condiciones para revisarlo. La energía nuclear no es limpia, ni segura ni barata, y si el gobierno ha cambiado su posición sobre esta energía, debe explicarlo, no intercambiar cartas con los CEOs de las empresas», dice.
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