A España le está costando más trabajo que al resto de países de la Europa del euro poner la inflación bajo control. El dato de IPC de septiembre, difundido este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), no solo mostró una escalada del … indicador hasta el 3% interanual sino que ensanchó la brecha que separa la evolución de los precios en España y en la zona euro (2,2%) hasta las ocho décimas, alargando ya a dos años el periodo en que la inflación doméstica se sitúa por encima de la de nuestros vecinos.
Como anticipaban los analistas, el IPC está pagando ahora la factura acumulada en los años más duros de la espiral inflacionista, en los que las medidas de alivio fiscal aprobadas por el Gobierno para reducir el precio de los recibos del gas, la luz y la cesta de la compra contuvieron artificialmente el encarecimiento del coste de la vida y estrecharon, también artificialmente, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios abierta por la pandemia. Retirado el escudo fiscal la incapacidad de los salarios para absorber el impacto del encarecimiento del coste de la vida ha vuelto a ponerse de manifiesto en toda su crudeza, aportando una explicación estadística al extraño fenómeno de que la confianza de los consumidores en España continúe deprimida pese a los brillantes datos de crecimiento del PIB que arroja la estadística oficial.
Salarios insuficientes
La fotografía de lo ocurrido a partir del ‘shock’ de la pandemia se resume así. Entre el último trimestre de 2019 y el segundo trimestre de este año el coste de la vida en España se ha encarecido cerca de un 21% (20,8%, en concreto), a la luz de la evolución del índice general del IPC; en el mismo periodo los salarios por trabajador registrados por el INE en la Encuestra Trimestral de Coste Laboral se han incrementado un 16,4%, lo que acredita una pérdida de poder adquisitivo de 4,4 puntos porcentuales.
Encarecimiento del coste de
la vida vs ganancia de los
salarios (sobre 2019)
Evolución porcentual
Datos hasta el segundo trimestre
Fuente: INE (IPC y para salarios, Encuestra Trimestral de Coste Laboral) ABC
Encarecimiento del coste de la vida vs ganancia
de los salarios (sobre 2019)
Evolución porcentual
Datos hasta el segundo trimestre
Fuente: INE (IPC y para salarios, Encuestra Trimestral de Coste Laboral) / ABC
La brecha en realidad ha sido incluso mayor, pues algunos de los componentes que tienen un peso más relevante en el consumo de los españoles han tenido una evolución más acelerada. Es el caso de los alimentos, la rúbrica que mayor peso tiene en el IPC, que acumulan una subida próxima al 36% desde finales de 2019 o de la electricidad, que se ha encarecido un 26%.
Este panorama ha hecho que las llamativas subidas del 5,2%, el 3,7%, el 4,6% y el 4,1% que según el INE experimentaron los salarios por trabajador entre 2021 y 2024 no hayan sido suficientes para mantener el poder adquisitivo de los ciudadanos. Los españoles tendrían que estar cobrando de media 90 euros más al mes para haber esquivado esa pérdida de poder de compra, una cuantía equivalente a la mitad de una nómina mensual. A tanto equivale el poder adquisitivo perdido tras la pandemia.
Y las expectativas no son halagüeñas. En lo que va de año el poder de compra de los salarios se ha reducido y no hay expectativa de que la inflación remita al menos hasta el inicio del próximo año 2026.
Hay factores que continúan tensando el IPC. Seis meses después de que venciera el pasado abril el plazo establecido por el Gobierno para que los municipios españoles regularan la nueva tasa obligatoria para financiar sus servicios municipales de recogida de basuras, el INE ha empezado a reflejar el impacto que la misma ha tenido sobre el bolsillo de los españoles.
El dato de IPC del mes de septiembre ha revelado un encarecimiento sin precedentes del 30% en el coste de los servicios de recogida de basuras en España, coincidiendo con el envío por parte de los ayuntamientos de los primeros recibos a sus ciudadanos para el pago de la nueva tasa. Se trata de una subida histórica en la serie estadística, se explica de forma casi exclusiva por la aplicación de la nueva tasa regulada por el Gobierno, que se suma, además, a los que los ciudadanos ya venían pagando por el servicio de recogida de basuras a través de otras partidas (el IBI u otros gravámenes, dependiendo del ayuntamiento).