La Fiscalía de Menores va a abrir dos expedientes tras el suicidio de la joven de 14 años Sandra Peña el pasado martes en Sevilla: uno sobre las menores supuestamente implicadas en un caso de acoso escolar a la menor y otro para evaluar la posible responsabilidad del colegio Irlandesas Loreto en el que estudiaba.
Fuentes del Ministerio Público, que han informado a EFE de estas primeras medidas adoptadas por parte de la Fiscalía de Menores, han precisado que todavía no se han comunicado los nombres de las menores supuestamente implicadas en los hechos al no disponer del atestado policial.
A «expediente de reforma juvenil» sobre las menores se sumará otro de supervisión para evaluar la posible responsabilidad del centro educativo concertado, han indicado las fuentes.
La decisión de la Fiscalía de Menores se produce después de que la Inspección Educativa constatara que el colegio de la adolescente sevillana adoptó una serie de medidas aunque, según informó la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, «no constara» el inicio del protocolo de acoso ni del de conductas autolíticas.
La familia de la menor también anunció que emprendería «todas las medidas legales necesarias» ante la que considera inacción del centro escolar, ya que la única medida que habría tomado fue cambiar de aula a las supuestas acosadoras a petición de la madre de la adolescente, según indicó el tío de la niña, Isaac Villar.
Por su parte, la Consejería de Desarrollo Educativo ha advertido de que el colegio podría perder su actual concierto educativo si en el expediente administrativo abierto a raíz del suicidio de Sandra Peña se confirmara que ha habido algún tipo de incumplimiento «muy grave».