Silvia Intxaurrondo, directora y conductora de La Hora de La 1, ha presentado una demanda contra RTVE por lo que considera un cambio injustificado en sus condiciones laborales. La periodista ha recurrido a un prestigioso bufete especializado en Derecho Laboral, que interpuso la denuncia hace una semana. La Corporación recibió el requerimiento el pasado martes y la vista judicial se celebrará previsiblemente en primavera. Mientras tanto, Intxaurrondo continúa al frente del programa matinal líder de audiencia.

La disputa tiene su origen en un proceso de regularización contractual iniciado por RTVE tras una inspección de Trabajo. Hace más de dos años, cuando La Hora de La 1 pasó a ser una producción propia de la cadena pública y dejó de estar en manos de la productora Tesseo, RTVE quiso mantener a Intxaurrondo al frente del espacio junto a Marc Sala —hoy en el Telediario de Fin de Semana. Para ello, la periodista firmó un contrato mercantil a través de la empresa Sukun Comunicación S.L., cuyo administrador único es su marido. Ese contrato, firmado por dos años, le garantizaba una retribución máxima de 182.000 euros anuales por la dirección y codirección del programa, más otros 87.757 euros por su labor como presentadora. En total, podía percibir hasta 269.757 euros al año, según el Portal de Transparencia y los datos de la propia RTVE.

Sin embargo, la situación cambió radicalmente la pasada primavera, cuando el Ministerio de Trabajo abrió una investigación tras una denuncia anónima. El objetivo era determinar si la relación contractual entre Intxaurrondo y RTVE se ajustaba a la ley, ante la sospecha de que su contrato, de naturaleza mercantil, encubría en realidad una relación laboral. Los inspectores consideraron que se trataba de una posible «falsa autónoma», ya que la periodista trabajaba de forma continuada, con horario y funciones estables, bajo la organización de la cadena pública.

La práctica de contratar a profesionales a través de sociedades mercantiles puede suponer un ahorro en cotizaciones y en impuestos, lo que puede infringir la normativa laboral. La primera resolución de Trabajo obligó a RTVE a dar de alta a Intxaurrondo en la Seguridad Social como trabajadora por cuenta ajena. El propio presidente de la Corporación, José Pablo López, reconoció en una comparecencia parlamentaria que «se ha dado de alta a la trabajadora y se ha cotizado en el Régimen General de la Seguridad Social».

Nuevo contrato y nuevo sueldo

Para cumplir con la legalidad, RTVE debía firmar un nuevo contrato ajustado al régimen laboral ordinario. Fue entonces cuando comenzaron las tensiones. Intxaurrondo reclamaba mantener las mismas condiciones económicas que tenía con su empresa, pero la Corporación argumentaba que el nuevo tipo de contrato —laboral y no mercantil— hacía inviable mantener esas cifras.

El contrato anterior, gestionado a través de Sukun Comunicación, expiraba el 10 de septiembre, y RTVE inició conversaciones con la periodista para regularizar su situación. Finalmente, se le ofreció un contrato como personal no fijo bajo el convenio colectivo de la Corporación, con las condiciones y retribuciones que establece dicho marco legal. Esto implicaba una notable reducción salarial. Según las tablas actualizadas del convenio de RTVE, el nivel económico más alto —Grupo II, Nivel A33— percibe 3.278,75 euros mensuales, lo que equivale a algo más de 45.000 euros al año en 14 pagas, más los pluses previstos. Aunque el convenio incluye diversos complementos, como el de disponibilidad (121 euros) o el familiar (40 euros), ninguna suma podría acercarse a los casi 270.000 euros que Intxaurrondo cobraba con su contrato mercantil.

Además, la periodista disfrutaba de beneficios adicionales que no están contemplados en el convenio, como un coche de empresa para sus desplazamientos o pluses por programas especiales con importes muy superiores a los fijados por RTVE. También disponía de una cláusula singular que garantizaba plena autonomía editorial en sus intervenciones: «El contenido de las intervenciones de la codirectora y presentadora será establecido por la misma, con total autonomía», señalaba el texto. Esa independencia desaparece ahora, ya que como trabajadora de RTVE debe ajustarse al Código Ético y al Manual de Estilo de la cadena pública.

Las exigencias de la presentadora

En su demanda, Intxaurrondo argumenta que realiza las mismas funciones que antes y, por tanto, debería percibir una retribución equivalente. No obstante, RTVE sostiene que el cambio contractual —de mercantil a laboral— implica un régimen completamente distinto, con derechos y obligaciones regulados por el convenio y no por un acuerdo privado.

Fuentes sindicales citadas por el diario El Mundo confirman que la Corporación no tenía otra opción que regularizar la situación para evitar sanciones. «La inspección fue muy clara: debía estar en el Régimen General. RTVE no podía mantener ese modelo sin incumplir la ley», explican al citado medio. Añaden además que la intención de la periodista sería lograr la condición de trabajadora indefinida, y no temporal, dentro del ente público. «Lo que quiere es conservar lo mejor de ambos mundos: el sueldo de su antiguo contrato y las garantías del convenio colectivo», apuntan.

Pese al conflicto legal, Intxaurrondo continúa presentando La Hora de La 1, el espacio matinal de mayor audiencia. Fuentes cercanas a la dirección aseguran que la Corporación mantiene su confianza en la periodista y que su continuidad en pantalla no está en riesgo, al menos hasta que el caso judicial se resuelva. La vista está prevista para la próxima primavera. Hasta entonces, la presentadora seguirá desempeñando su labor, aunque bajo un clima de tensión interna en Prado del Rey. El caso, además de tener un componente mediático, podría sentar un precedente en la contratación de presentadores estrella por parte de la televisión pública.

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