La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto diligencias para investigar los fallos detectados en el programa de cribado del cáncer de mama, que han provocado la mayor crisis política del Gobierno andaluz desde que Juan Manuel Moreno es presidente, según ha adelantado Efe.
El Ministerio Público reclama en un escrito a la Consejería de Sanidad un informe sobre los “errores” que reconoció la propia Junta, y que se cobraron la dimisión de la exconsejera de Salud, Rocío Hernández. El fiscal pide a la Junta que informe con detalle de las “medidas adoptadas para la reparación del daño de las víctimas” y para la prevención de hechos futuros similares.
En los últimos 26 días, desde que estalló el escándalo, el Ejecutivo de Moreno ha anunciado un cambio en el protocolo de detección precoz del cáncer de mama, un sobregasto sanitario de 100 millones y ha ofrecido distintas cifras de aumento de plantilla de sanitarios -119 contratos la primera semana; 700 la segunda y 4.300 la tercera- aunque ha admitido que no hay bolsa para fichar más radiólogos, el servicio más deficitario en esta crisis de cribados.
La investigación de la Fiscalía parte de las denuncias presentadas hace dos semanas por dos grupos de izquierdas en la oposición -Adelante Andalucía y Por Andalucía- y por el Defensor del Paciente. Los partidos denunciaron directamente ante el TJSA, porque señalaron directamente la responsabilidad de cargos políticos aforados, como la ya dimitida consejera de Salud, su predecesora en el cargo y actual responsable de Medio Ambiente, Catalina García, la viceconsejera de Salud, María Luisa del Moral, y la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, que ya está imputada en otra causa judicial por un supuesto delito de prevaricación en los contratos de emergencia con clínicas privadas entre 2020 y 2024.
La denuncia del grupo Adelante Andalucía es la más dura de todas, ya que imputa delitos de “homicidio imprudente” a los responsables públicos que gestionaban la sanidad pública cuando estalla la crisis de los cribados o que lo siguen haciendo. El partido de Teresa Rodríguez acusa a miembros del Gobierno de Moreno de delitos de lesiones por imprudencia grave y dejación de funciones del servicio público, omisión del deber de prestar serivicos sanitarios.
Sobre los delitos de lesiones y homicidio por imprudencia, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha declarado que, para que pueda apreciarse una conducta imprudente, es menester la concurrencia de una conducta -acción u omisión- voluntaria, pero no intencional; la previsibilidad y evitabilidad del resultado dañoso de tal conducta; la infracción por el agente de un deber objetivo de cuidado; la producción del resultado dañoso o lesivo de bienes jurídicos legalmente determinados (las 2.000 mujeres afectadas por un diagnóstico tardío, según la propia Junta) y la existencia de una relación de causalidad entre la conducta y el resultado producido. La autoridad sanitaria, en este caso la propia Consejería de Salud, reza la denuncia.
Las denuncias interpuestas por Adelante, Por Andalucía y el Defensor del Paciente no son, pese a todo, las que más preocupan al Gobierno de Moreno, que acusa a las izquierdas de estar manipulando la situación. La Junta teme la demanda colectiva que está preparando el abogado de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Sevilla (Amama), que destapó el escándalo hace tres semanas, y que aglutina un centenar de afectadas por los diagnósticos tardíos. Mujeres que se enteraron con meses y años de retraso que sus mamografías habían arrojado un resultado “sospechoso” o “no concluyente”, del que no fueron informadas. En algunos casos, según la presidenta de Amama, ese diagnóstico tardío derivó en un cáncer que no fue cogido a tiempo y acabó con la vida de algunas mujeres.
En pleno debate parlamentario
La apertura de diligencias por parte de la Fiscalía ha saltado en plena sesión de control en el Parlamento andaluz, donde el presidente Moreno ha afrontado un debate tenso y acalorado con toda la oposición, que le exige más información sobre la crisis. El dirigente popular, visiblemente nervioso, ha contraatacado acusando a las izquierdas de “poner en riesgo un sistema sanitario que salva vidas” e incitar a la violencia física y las amenazas contra los sanitarios.
El anuncio de la Fiscalía llega después de que este martes la presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol, presentara un escrito para denunciar el supuesto borrado y la manipularción de historiales médicos relacionados con mamografías y ecografías de las plataformas digitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), donde se alojan las pruebas clínicas de todos los pacientes andaluzas.
Este supuesto borrado ha sido detectado desde hace un par de semanas por mujeres que han acudido a la asociación sevillana tras los problemas detectados en el programa de cribado del cáncer de mama.
Moreno acusa a la izquierda de azuzar la violencia contra los médicos por atacarle con la crisis de los cribados de cáncer
Según Claverol, algunas pruebas como mamografías o ecografías habrían desaparecido de plataformas digitales como ClicSalud o Diraya, y también se habría detectado el cambio de determinadas nomenclaturas sobre los diagnósticos en algunas de ellas. Amama cree que estos hechos deben ser “acumulados” al expediente que se siga en la Fiscalía respecto a las irregularidades del programa de cribado.
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