El envejecimiento del parque inmobiliario nacional, unido a la falta de planificación en su conservación, amenaza con convertir lo que durante años fue un valor seguro en una carga para muchas familias Durante décadas, ser propietario en España ha significado estabilidad y seguridad. La cultura de la compra contrasta con la tendencia europea hacia el alquiler. Pero este modelo empieza a mostrar signos de agotamiento.
Según el arquitecto Jordi Martí, “hay muchos edificios que se construyeron hace más de 50 años que se van a convertir en un lastre para las familias si no hacen algo ahora”, según ha explicado en redes sociales.
En muchos casos, las fachadas carecen de aislamiento, las instalaciones resultan obsoletas y los sistemas de calefacción y agua caliente se han quedado atrás en eficiencia. Esta situación se traduce en un incremento constante de los gastos de electricidad, gas y mantenimiento.
Propietarios ante un reto urgente de conservación
Martí alerta de que las derramas por reparaciones y rehabilitaciones pendientes pueden poner en riesgo la economía familiar. “Uno intenta ser propietario para asegurarse un futuro mejor, es algo muy cultural en España, pero esto le puede salir muy mal si no paran de aparecer derramas elevadísimas, gastos de electricidad, de gas…”, explica. El deterioro estructural, las humedades o la pérdida de confort son solo algunos de los síntomas más visibles de un problema que también repercute en el valor de mercado de las viviendas.
La vivienda, recuerda Martí, debe entenderse como un bien vivo que necesita cuidados, actualizaciones y una gestión responsable. No se trata solo de reparar, sino de prevenir el deterioro antes de que sea demasiado tarde. Reformar con criterios sostenibles —mejorando el aislamiento, la envolvente o las instalaciones— permite ahorrar en consumo, ganar confort y revalorizar el inmueble a largo plazo.
Ante este panorama, los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU) ofrecen una oportunidad para modernizar los edificios. Estas ayudas —gestionadas por las comunidades autónomas— permiten subvencionar entre el 40 % y el 80 % del coste de una rehabilitación energética.