La clave para desbloquear el caso Talgo era lograr un acuerdo con los bancos para la refinanciación de la deuda, que se movía en el entorno de los 400 millones. Una operación que todas las fuentes dan por cerrada, tal y como demuestra el cierre de la compra del consorcio liderado por José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, en el que participan las fundaciones vascas BBK y Vital y el fondo público vasco Finkatuz. Con el desbloqueo, Jainaga se hace con el control del 29,7% del fabricante de trenes al comprarlo a su anterior máximo accionista, el fondo británico Trilantic, ratificando así el preacuerdo firmado el pasado 14 de febrero y refrendado en julio al más alto nivel entre los presidentes del Gobierno central, Pedro Sánchez, y del Gobierno vasco, Imanol Pradales, que pactaron además la entrada de la Sepi en el capital con algo menos del 8%.
La pieza para completar este puzle ha sido la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE por sus siglas). CESCE, por ende el Estado, que controla un 50,25% del capital, pero que también está participada por el Banco Santander, BBVA y Banco Sabadell (tres de los bancos implicados en la operación), va a garantizar ante potenciales impagos el 50% de la nueva deuda del fabricante con sede hasta ahora en Madrid. ¿Y en qué consiste exactamente el acuerdo? Básicamente en que Talgo obtiene mucha más financiación, de hecho casi la triplica, y además garantizada en buena parte por el Estado.
Tal y como detalló la compañía en su última presentación de resultados semestrales, CESCE dará cobertura a la mitad de los 650 millones de euros que otorgará un ‘pool’ de bancos a Talgo, que permitirá ampliar el plazo de los 296 millones deuda dispuesta actualmente. Este organismo también garantizará la mitad de los 500 millones en avales que otorgarán la banca para acudir a licitaciones de fabricación de material rodante. Adicionalmente, se otorga una línea de circulante de 120 millones con vencimiento a tres años con extensión automática durante dos años más. En total, financiación por 1.270 millones que deberían servir a Talgo para subcontratar fábricas que permitan dar salida rápida a sus compromisos de fabricación y comenzar a construir o adecuar nuevas factorías.
Palo y zanahoria a las cuentas de Talgo
Precisamente, Sidenor, en un comunicado, aseguraba el pasado viernes que es «imprescindible para llevar a cabo el traspaso definitivo de las acciones y el inicio de una nueva etapa en Talgo aprobar la nueva estructura de financiación de la compañía», algo que deberá ser ratificado en la próxima junta extraordinaria de accionistas que se convocará de forma inminente y se celebrará en las próximas semanas, con el objetivo de dar carpetazo a la operación antes de Navidad. Apenas quedan por cerrar algunos flecos con algunas de las entidades financieras acreedoras, entre las que se encuentra incluso el Banco Europeo de Inversiones, además de Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Kutxabank, Bankinter o Barclays.
El rescate financiero del Gobierno a Talgo a través de CESCE se completa con una inyección de 75 millones de la SEPI en una ampliación de capital y una emisión de deuda convertible, hitos que se producen después de que haya sido el propio Gobierno el que haya estado a punto de dar la puntilla las cuentas del fabricante. A finales del pasado año, Renfe, dependiente del Ministerio de Transportes, decidió ejecutar una sanción de 116 millones de euros a la empresa de origen vasco por los retrasos acumulados en la fabricación y entrega de los trenes S-106 (popularmente conocidos como Avril). Esta multa tuvo que ser aprovisionada por la cotizada, que declaró unas pérdidas de 107 millones de euros en el ejercicio, números rojos que continuaron en el primer semestre, de cerca de 66 millones, en este caso por un ajuste en un pedido de la operadora alemana Deutsche Bahn.
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