Hamás ha asegurado este martes que Israel busca «legalizar el asesinato sistemático y en masa» de palestinos a través del proyecto de ley que busca aplicar la pena de muerte a aquellos palestinos que «maten a un ciudadano israelí por racismo u hostilidad». La ley, presentada por la ultraderecha israelí, pasó la primera lectura (de un total de tres) en el pleno de la Knéset (el Parlamento israelí).
«La aprobación en la llamada Knéset sionista en primera lectura de la ley para ejecutar prisioneros palestinos es una extensión del enfoque racista y criminal del Gobierno sionista y un intento de legalizar el asesinato sistemático y de nuestro pueblo palestino que vive bajo ocupación», ha denunciado Hamás en un comunicado.
El grupo islamista ha calificado la propuesta de ley como una legislación «sádica» y un «desprecio flagrante hacia las leyes y convenciones internacionales, entre las que destacan el derecho internacional humanitario y los principios de los derechos humanos».
Hamás llama a la ONU y a la comunidad internacional a condenar la ley
El proyecto de ley ha hecho sonar las alarmas. Hamás ha llamado a la comunidad internacional, especialmente a las Naciones Unidas, a condenar la norma y presionar a Israel para que se eche atrás.
Varias asociaciones palestinas de derechos humanos también han alzado la voz y han denunciado que la norma israelí «pretende legitimar ejecuciones masivas contra cientos de detenidos palestinos». «El objetivo principal de la legislación propuesta es satisfacer un deseo de venganza o represalia, en lugar de disuadir o prevenir futuras acciones», han asegurado.
Hamás también ha pedido que se forme una comisión internacional que visite las prisiones israelíes para examinar las condiciones a las que se somete a los presos palestinos, que han denunciado en numerosas ocasiones torturas, palizas y privación del sueño, comida y productos de higiene.
La deshumanización de la población palestina en las prisiones israelíes
Israel extiende el estado de emergencia en las prisiones
Este martes, la Knéset ha extendido de nuevo el estado de emergencia penitenciaria en Israel, un país con más de 22.441 presos. Esta norma permite mantener a los detenidos hacinados y en condiciones precarias que de otra forma se considerarían ilegales.
En noviembre de 2023, tras el ataque de Hamás del 7 de octubre contra el sur de Israel, los legisladores aprobaron un proyecto de ley que autorizaba al Gobierno a declarar el estado de emergencia, levantando de forma temporal las restricciones sobre las condiciones de alojamiento de los presos debido a la gran saturación.
La extensión aprobada este martes se prolonga hasta enero de 2026 y, según un comunicado del portavoz de la Knéset, Yekutiel Tzafri, permitirá que los reclusos pasen la noche en prisión incluso sin una cama, o en colchones en el suelo. De los más de 22.000 detenidos, 9.272 son considerados reclusos de seguridad hacinados en menos de tres metros cuadrados por preso —entre ellos 6.088 palestinos arrestados desde el 7 de octubre— y 13.169 por delitos comunes, según los datos del Servicio de Prisiones.
La abogada Anne Sucio, de la Oficina del Defensor Público, ha denunciado que «durante más de dos años, los presos y detenidos han estado recluidos en condiciones inhumanas«, lo que disminuye «las posibilidades de rehabilitación» y aumenta el sufrimiento psicológico.
Niños que tiran piedras y periodistas gazatíes: ‘terroristas’ para Israel
El proyecto, cuyo promotor es Poder Judío, el partido del ministro ultraderechista Itamar Ben Gvir, prevé aplicar la pena de muerte a aquellas personas clasificadas como «terroristas» por Israel que causaran «la muerte de un ciudadano israelí por motivos de racismo u hostilidad hacia la población, con el objetivo de perjudicar al Estado de Israel y la resurrección del pueblo judío en su tierra», según informó la Knéset el lunes en un comunicado.
Además, según dicho proyecto, que aún tiene que ser aprobado de nuevo en comisión y luego en dos nuevas votaciones en pleno, dicha pena de muerte la podrán aplicar tribunales militares israelíes en el territorio palestino ocupado ilegalmente de Cisjordania «por mayoría simple de los jueces del tribunal de primera instancia», y no por unanimidad, y además no podrá ser conmutada por otra pena inferior.
Para Israel, ‘terrorista’ son, aparte de aquellos que comenten atentados en territorio israelí, los palestinos que atacan a sus soldados o a los colonos que residen de manera ilegal en Cisjordania. Con este término, el Ejército o la Policía de Israel han llegado a calificar como terroristas a niños que han lanzado piedras contra sus fuerzas, a periodistas en Gaza y Cisjordania y a otras personas cuya vinculación con grupos armados nunca ha probado.
En abril, el Ejército israelí mató a un adolescente de 14 años e hirió a otros dos en Turmus Ayya, al noreste de Ramala (Cisjordania), alegando que eran «terroristas» que estaban tirando piedras a una carretera. Hace un año, la Knéset aprobó una ley temporal (presentada por Ben Gvir) que permite a la justicia israelí condenar a prisión a menores a partir de 12 años si son declarados culpables de asesinato por motivos «terroristas». Leyes similares fueron aprobadas en 2016 y 2020.