Nueva reunión entre el Gobierno y los representantes sindicales de los empleados públicos. El Ejecutivo se ha comprometido este martes a revisar la tasa de reposición de las plantillas de la Administración (no descarta eliminarla de forma progresiva), así como a agilizar los procesos selectivos e impulsar la promoción interna y el desarrollo profesional de los funcionarios.
En su segundo encuentro en apenas una semana con CCOO, UGT y CSIF, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha centrado la negociación en los asuntos relacionados con el empleo. Las conversaciones arrancaron la pasada semana con el objetivo de lograr un nuevo acuerdo plurianual en materia de empleo, salarios y condiciones laborales. El anterior acuerdo terminó en 2024 y no se había renovado, por lo que los trabajadores públicos permanecen con el sueldo congelado desde principios de año.
Según fuentes sindicales, el ministerio se ha mostrado dispuesto a revisar la tasa de reposición y a sustituirla de forma progresiva por un mecanismo alternativo de planificación basado en criterios objetivos y en previsiones de personal. Desde el sindicato mayoritario, CSIF, consideran que la propuesta sigue siendo «insuficiente» y que sólo eliminando por completo la tasa de reposición se pondría fin al abuso de la temporalidad. También desde CCOO y UGT se pide acabar con esta tasa.
Al igual que hicieron el pasado miércoles, 5 de noviembre, los sindicatos se han reunido con la secretaria general de Función Pública, Consuelo Sánchez, que ha decidido incorporar al futuro texto del acuerdo algunas de sus propuestas. En este punto se incluyen tanto la agilización y mejora de los procesos selectivos, como el impulso de la promoción interna y el desarrollo profesional, la planificación de efectivos, la atención a la ciudadanía y los servicios públicos, la igualdad y la no discriminación.
Desde CSIF consideran que los procesos de selección no deberían prolongarse más allá de un año y apuestan por negociar «un plan de choque» que permita redimensionar las plantillas y poder prestar con ello un servicio público «de calidad» a los ciudadanos en las distintas administraciones públicas.