El mismo día en que el presidente del Gobierno proclamaba el fin del neoliberalismo, Telefónica -participada en un 10% por el Estado a través de la SEPI- anunciaba en la portada de Cinco Días un expediente de regulación de empleo que podría afectar a … 6.000 trabajadores. Hay ironías que se escriben solas. Lo que el Gobierno vende como una política industrial estratégica ha terminado pareciéndose demasiado a un clásico ajuste de costes, con todos los ingredientes del manual que Sánchez decía haber superado.
La entrada del Estado en Telefónica se justificó con la retórica de la soberanía tecnológica y la defensa de sectores estratégicos. Después, la SEPI y sus aliados, que no son pocos, impuso un relevo en la presidencia: salió José María Álvarez-Pallete, entró Marc Murtra, gestor afín al Ejecutivo, al que habían encargado capitanear Indra. Y ahora, apenas unos meses después, llega un plan estratégico que recorta el dividendo, hunde la cotización de la compañía y pone en la picota el discurso socialista.
¿Qué está ocurriendo en Telefónica? Hay tres interpretaciones posibles:
Primera tesis: Murtra se habría encontrado con una situación crítica heredada de la gestión anterior. Según esta versión, el recorte de personal no es más que la factura de años de decisiones postergadas por Álvarez-Pallete. Es el clásico argumento del recién llegado que debe tomar medidas impopulares para ‘salvar’ la empresa.
Segunda tesis: Murtra no hereda, sino que acelera. Está aplicando en semanas lo que Pallete desplegaba con bisturí durante años para cuidar la cotización: reducción de plantilla, ajuste de costes, racionalización. Pero lo hace sin anestesia, con efectos inmediatos en el mercado y sin la prudencia que exige una compañía cotizada.
Tercera tesis: Murtra no está capacitado para liderar una empresa como Telefónica, pero tiene amigos que lo apoyan en Moncloa. Carece de experiencia en la gestión de grandes corporaciones cotizadas, no entiende el negocio y no ha sabido construir un relato creíble para los inversores, y su plan estratégico se percibe como una suma de recortes sin visión industrial ni ambición internacional. Resultado: pérdida de valor y desconfianza bursátil.
Sea cual sea la tesis correcta, hay un hecho objetivo: Telefónica hoy vale menos, sus trabajadores temen un ajuste masivo, y el Estado, de la mano de una coalición de izquierdas, ha entrado en el capital de una empresa que impugna su propio relato ideológico. Si el objetivo era defender una empresa estratégica, lo que ha hecho el Gobierno recuerda demasiado a lo que solía criticar: entrar como accionista para después avalar recortes. La paradoja es incómoda. La política económica del Gobierno se enfrenta a su propio espejo, y lo que devuelve la imagen no es precisamente heterodoxia, sino una ortodoxia aplicada con trazo grueso. jmuller@abc.es