Ahora sí puede decirse que la operación Talgo es una realidad. «Se va a hacer sí o sí», trasladaban a este medio fuentes conocedoras de la evolución de las negociaciones hace un par de semanas, cuando aun quedaban flecos por cerrar en la parte financiera y se acababa de conocer que José Antonio Jainaga era investigado por ventas a Israel.
Esa certeza alrededor de la operación reposaba en el tinte político que ha impregnado la larga negociación de este último año para devolver el centro de decisión de Talgo a Euskadi y, en especial, por el peso que ha decidido conceder Imanol Pradales al arraigo industrial.
Llegados a este punto, y tras haber anunciado ya en febrero un acuerdo para la compra de la mayoría de la empresa por Lakua, Jainaga, BBK y Vital, sería un fiasco político de primer nivel que la cosa quedara en agua de borrajas.
Este miércoles, en el anuncio de la junta extraordinaria de accionistas el 12 de diciembre para votar el desembarco de Jainaga, se dan pormenores de los pilares a nivel financiero que rodean a la operación y estos no son un detalle: créditos millonarios, avales y fuertes compromisos económicos de los nuevos socios para asegurar la supervivencia de Talgo.
José Antonio Jainaga.
EFE
Una compleja financiación
Porque el fabricante de ferrocarriles vive un momento delicado a nivel de ingresos. Este jueves se conocerán los resultados de los tres primeros trimestres de 2025, un año que se da por descontado será negativo pese a los avances cosechados en el frente regulatorio.
Talgo ya ha empezado a colocar trenes a sus clientes europeos y eso es una buena noticia, pero las homologaciones han llegado demasiado tarde como para dar la vuelta a los números del ejercicio. Hay que recordar que la firma con sede aun en Madrid perdió más de 65 millones hasta junio y redujo los ingresos respecto a la primera mitad de 2024.
En ese contexto, la compañía necesita liquidez para hacer frente a su elevada deuda y, a la vez, potenciar inversiones para ganar capacidad productiva, lo que ha enrevesado tremendamente la entrada del dueño de Sidenor.
Alemania homologa el modelo de Talgo
Como se detalla en la convocatoria de la junta, se aprobarán ni más ni menos que 770 millones de euros de crédito sindicado, compuesto por una larga lista de entidades financieras, y otros 500 en avales por parte de Cesce.
Todo esto condicionado a ese esfuerzo extra de 150 millones de los nuevos socios (el consorcio vasco además de la Sepi, la sociedad industrial estatal) que tanto costó atar y que se logró gracias a la iniciativa del propio lehendakari ya que fue el Gobierno vasco el que dio el primer paso implicando a Ekarpen en esta vía adicional de financiación.
Más tarde el Gobierno central confirmó su concurso con un movimiento que le reportará el 8% del accionariado, similar al de Lakua, al de Jainaga y al de BBK (Vital queda con en torno al 4%).
Jainaga ofrece «pruebas»
Queda para estos días finales antes de la junta del 12 de diciembre que se aclaren las dudas a nivel judicial respecto al dueño de Sidenor, que quiso dejar para su comparecencia en los tribunales las explicaciones sobre las ventas de acero a Israel y estas, efectivamente, llegaron este miércoles.
El industrial vasco ha sido contundente al explicar que cuando selló esas operaciones aun no había restricciones legales en cuanto a los envíos hacia Israel y, además, deja claro que tiene «pruebas» de ello.
El Gobierno vasco da por buenos los argumentos ofrecidos por el empresario en la Audiencia Nacional y señala que «clarifican» algunos puntos respecto al envío de material, según el consejero de Industria, Mikel Jauregi.
Habrá que ver en qué queda un asunto que se antoja ahora mismo el último de los múltiples obstáculos que ha tenido que sortear la compleja maniobra para devolver Talgo a Euskadi.