No habían pasado más que un puñado de minutos desde que el Congreso apoyara de forma mayoritaria a iniciativa del PP la restauración por parte de Renfe del compromiso de puntualidad para sus trayectos en alta velocidad y de larga distancia anterior a julio … de 2024, cuando desde el entorno del Ministerio de Transportes se empezó a deslizar que Renfe buscará la fórmula jurídica necesaria para esquivar ese mandato -ni siquiera aún convertido en ley a todos los efectos, lo que no ocurrirá hasta que se publique en el Boletín Oficial del Estado- y mantener el esquema de indemnizaciones instaurado hace ahora un año.
El imprevisto resultado de la votación ayer de las enmiendas a la ley de movilidad sostenible introducidas en el Senado por iniciativa de PP, PNV y Junts, entre otros, en la que cayeron asuntos que se daban por hechos como la suspensión del calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz o la revocación de la subida de tasas de Aena para el periodo 2027-2031, reveló sin embargo un apoyo mayoritario a la recuperación del compromiso de puntualidad suavizado por Renfe en el verano de 2024 con el argumento de equipararlo al de sus competidores. Salió adelante con los votos de PP, Vox, Junts, ERC, Podemos y BNG
De una hora a 15 minutos
En julio de 2024 el Gobierno decidió que Renfe no tenía por qué indemnizar durante más tiempo a sus usuarios por retrasos de 15 minutos o media hora en sus trayectos de alta velocidad cuando sus competidores no lo hacían e instauró un nuevo estándar según el cual los viajeros solo tendrían derecho a reclamar si el retraso superaba la hora. Desde entonces, se puede reclamar el 50% del precio del billete si el retraso supera la hora, y solo se puede reclamar la totalidad del precio si la llegada se ha demorado más de una hora y media respecto al horario previsto en los trayectos de alta velocidad y larga distancia. Por el camino el operador deslizó que se ahorraría 30 millones en costes.
«La puntualidad es también un derecho de los usuarios», dijo ayer la diputada del PP, Ana Martínez Labella, en defensa de la enmienda introducida por los populares en el Senado para recuperar el compromiso de puntualidad anterior a esa modificación. La mayoría de la Cámara Baja así lo entendió y dio su respaldo al cambio, que según la redacción que se incorporará ya de manera inexorable al texto de la Ley de Movilidad Sostenible exige que «el Gobierno de España recupere con efectos desde el 1 de enero de 2026, los compromisos de puntualidad y devoluciones de Renfe anteriores a las modificaciones producidas en julio de 2024, garantizando nuevamente las indemnizaciones por 15 y 30 minutos de retraso, del 50 % y el 100 % del importe, respectivamente».
Para el Gobierno, según unas declaraciones recogidas por EP, el cambio introducido es «demagógico y populista» y sitúa al operador ferroviario del Estado en situación de inferioridad respecto al resto de los operadores de la red, que solo devuelven el dinero si el retraso es mayor de una hora.
Otros cambios
El PP ha conseguido retocar otros aspectos de la ley. El Gobierno tendrá un mandato para elaborar un plan de choque ferroviario que reduzca las incidencias y debería ampliar los incentivos a la compra de vehículos a los de segunda mano de bajas emisiones.